La Justicia declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria establecida durante el gobierno de Alberto Fernández y ordenó recalcular los haberes de una jubilada que había iniciado una demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que cuestionó el mecanismo de actualización previsto en la Ley 27.609, vigente entre enero de 2021 y junio de 2024. Los magistrados consideraron que el sistema produjo un deterioro significativo del poder adquisitivo de las prestaciones previsionales, que no pudo ser compensado mediante los incrementos posteriores.
El pronunciamiento fue firmado por los jueces Nora Carmen Dorado y Juan Alberto Fantini Albarenque, quienes hicieron lugar al planteo de Carmen Galletta contra el organismo previsional. La Cámara revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado el reclamo y dispuso que la jubilación de la demandante sea recalculada utilizando el esquema de movilidad establecido por la Ley 27.426, sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri. La medida comprende el período transcurrido entre enero de 2021 y junio de 2024, inclusive, y establece que, a partir de entonces, el cálculo deberá enlazarse con el régimen de actualización mensual por inflación dispuesto mediante el Decreto 274/2024.
Uno de los elementos centrales de la resolución fue la comparación entre los incrementos que recibieron los jubilados bajo la fórmula cuestionada y la evolución de los precios durante esos mismos años. De acuerdo con los cálculos incorporados al expediente, entre marzo de 2021 y marzo de 2024 la movilidad jubilatoria acumuló un incremento del 553,55%, mientras que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1.129,07%. A partir de esa diferencia, los jueces determinaron que el mecanismo aplicado durante la administración de Fernández provocó una pérdida de capacidad de compra del 46,83%, una brecha que afectó considerablemente los ingresos de los beneficiarios del sistema previsional.
En los fundamentos, el tribunal cuestionó especialmente que la Ley 27.609 estableciera actualizaciones trimestrales vinculadas con la evolución de los salarios y la recaudación tributaria, sin incorporar una referencia directa a la inflación ni un mecanismo que garantizara un piso de protección frente a una aceleración sostenida de los precios. Los magistrados entendieron que ese diseño podía funcionar bajo determinadas condiciones económicas, pero que sus limitaciones quedaron expuestas cuando la inflación comenzó a incrementarse con mayor intensidad a partir de 2022. La resolución sostuvo que la validez constitucional de una norma no constituye un atributo permanente e inmodificable, sino que también debe evaluarse a partir de sus consecuencias concretas durante su aplicación.
Otro de los aspectos relevantes del fallo fue el análisis de los bonos, refuerzos y ayudas extraordinarias que el Estado otorgó durante ese período para complementar los ingresos de determinados sectores de jubilados y pensionados. La Cámara consideró que esos pagos no podían utilizarse para compensar las deficiencias de la fórmula de movilidad, debido a que se trataba de prestaciones de carácter asistencial que no estaban incorporadas al haber ordinario ni alcanzaban de manera uniforme a todos los beneficiarios. De esta manera, los jueces sostuvieron que los refuerzos extraordinarios no modificaban el deterioro producido en la estructura de actualización de las jubilaciones.
Para reemplazar el mecanismo declarado inconstitucional, la Cámara dispuso aplicar la fórmula contemplada en la Ley 27.426, que había sido aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese sistema establecía aumentos trimestrales calculados mediante una combinación del 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor y el 30% de la evolución de los salarios formales, medida a través de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Los magistrados optaron por recuperar ese esquema para el período analizado, en lugar de aplicar retroactivamente el mecanismo vigente en la actualidad, con el objetivo de utilizar una fórmula que ya había sido establecida por el Congreso de la Nación.
La resolución también determinó que el monto definitivo que deberá percibir la demandante será establecido durante la etapa de liquidación judicial. Para realizar ese cálculo deberán contemplarse los incrementos que ya recibió, los adelantos, las recomposiciones y las ayudas extraordinarias percibidas, de manera que no se produzcan pagos duplicados. Además, la Cámara admitió la excepción de prescripción planteada por la ANSES, una circunstancia que limita el alcance de las diferencias retroactivas que podrán reclamarse. El tribunal también dispuso la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central para calcular los intereses correspondientes y estableció que las costas de ambas instancias queden a cargo del organismo previsional.
La sentencia adquiere especial relevancia porque no se trata de una declaración general que obligue a modificar automáticamente las jubilaciones de todo el país. La resolución corresponde a una demanda individual y sus efectos directos alcanzan a la persona que inició el reclamo. Sin embargo, el pronunciamiento representa un antecedente importante para otros jubilados que cuestionen judicialmente los efectos de la fórmula establecida por la Ley 27.609. En particular, podría fortalecer las presentaciones de quienes sostienen que los aumentos otorgados durante aquellos años no acompañaron la evolución del costo de vida y provocaron una pérdida persistente de sus ingresos reales.
El fallo también se suma a otros antecedentes judiciales que pusieron bajo análisis la constitucionalidad del sistema de movilidad jubilatoria aplicado durante la gestión de Alberto Fernández. La discusión sobre los mecanismos de actualización previsional continúa abierta y su alcance definitivo dependerá de los criterios que adopten los tribunales superiores ante eventuales apelaciones. Mientras tanto, la decisión de la Sala II vuelve a colocar en el centro del debate el impacto que tuvieron las políticas de movilidad sobre los ingresos de los adultos mayores y las posibilidades de obtener una recomposición mediante reclamos individuales. Para los jubilados, la principal advertencia es que este pronunciamiento no representa un aumento automático, sino una resolución que abre un nuevo capítulo en los litigios por la actualización de los haberes.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 44 · 14/11/2026

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