La Cámara de Diputados de Mendoza resolvió este miércoles 4 de noviembre expulsar a Janina Ortiz de la Legislatura provincial, luego de que la exintegrante del bloque La Unión Mendocina fuera condenada por delitos vinculados con hechos de corrupción durante su paso por la Municipalidad de Las Heras. La decisión fue aprobada por unanimidad y constituye un antecedente institucional inédito desde el regreso de la democracia en 1983, según señalaron las autoridades legislativas. Con esta resolución, el cuerpo declaró vacante la banca que ocupaba Ortiz y dispuso notificar de manera inmediata a la Junta Electoral de la provincia para que determine quién debe asumir en su reemplazo, de acuerdo con el orden de la lista electoral correspondiente.
La medida se fundamentó en la sentencia penal dictada el 20 de octubre de 2026, que condenó a Ortiz a tres años de prisión de ejecución en suspenso y a la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La resolución judicial la encontró penalmente responsable de cuatro hechos de peculado, uso de documento público falso y coacciones. La condena fue resultado de un juicio abreviado en el que la exlegisladora reconoció su responsabilidad penal y aceptó las condiciones acordadas con la acusación, que posteriormente fueron homologadas por la Justicia. La pena de prisión quedó en suspenso, pero la inhabilitación perpetua representa un impedimento para desempeñar funciones públicas en el futuro.
El expediente que derivó en la condena está relacionado con el funcionamiento de la Municipalidad de Las Heras durante la gestión del exintendente Daniel Orozco, pareja de Ortiz. La investigación judicial reconstruyó un mecanismo mediante el cual se habrían desviado fondos municipales a través de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada. Según los elementos considerados en la causa, se transfirieron al menos 35,5 millones de pesos para supuestas prestaciones y servicios que no se correspondían con tareas efectivamente realizadas. La documentación utilizada para justificar esos pagos formó parte de las irregularidades investigadas, en un caso que involucró a funcionarios y personas vinculadas con la estructura administrativa de la comuna.
Orozco también fue condenado en el marco del mismo proceso judicial. Ambos aceptaron su responsabilidad mediante el procedimiento abreviado y recibieron penas de tres años de prisión en suspenso, además de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La causa tuvo como eje el presunto desvío de recursos que pertenecían al municipio y que debían destinarse a servicios para la comunidad. Mientras Ortiz y el exintendente quedaron alcanzados por la sentencia, otros involucrados en la investigación continúan bajo procesos judiciales separados. Por eso, la resolución legislativa sobre la banca de la exdiputada no implica el cierre de todas las actuaciones vinculadas con el expediente de las cooperativas.
El camino hacia la expulsión había comenzado mucho antes de la sentencia. En marzo de 2024, la Cámara de Diputados mendocina había dispuesto suspender a Ortiz de sus funciones sin goce de haberes, en medio del avance de las investigaciones penales que la involucraban. Desde entonces, su situación institucional permaneció sin una resolución definitiva y la banca quedó sin actividad parlamentaria por parte de la legisladora. La suspensión fue cuestionada por la propia Ortiz, quien sostuvo que la decisión había vulnerado sus derechos porque se adoptó antes de que existiera una condena penal. Sin embargo, tras conocerse la sentencia de octubre de 2026, las autoridades legislativas impulsaron el procedimiento para concretar su exclusión definitiva.
La comisión de Derechos y Garantías había emitido previamente un dictamen favorable por unanimidad para avanzar con la medida. Ortiz fue convocada para ejercer su derecho a defensa ante ese ámbito legislativo, pero comunicó a través de su abogado que no asistiría ni realizaría un descargo presencial u oral. Al mismo tiempo, dejó expresamente planteado que no renunciaba a sus reclamos judiciales y que mantenía sus cuestionamientos al procedimiento de suspensión. La comisión consideró que la condena y la inhabilitación absoluta perpetua constituían fundamentos suficientes para recomendar su exclusión, en función de las atribuciones previstas en la Constitución provincial.
Durante el tratamiento en el recinto, las autoridades legislativas señalaron que la decisión se apoyaba en las disposiciones de la Constitución de Mendoza. En particular, se invocaron los artículos 91 y 65, relacionados con las facultades de la Cámara y las condiciones de idoneidad y elegibilidad exigidas para integrar el cuerpo. El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, destacó el carácter excepcional de la resolución y sostuvo que se trataba del primer expediente de expulsión de un legislador provincial desde 1983. También diferenció la suspensión dispuesta en 2024 de la decisión actual: según explicó, aquella medida se adoptó en el marco de las atribuciones institucionales de la Cámara, mientras que ahora existe una sentencia judicial que incluye una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Uno de los puntos que continúa abierto es el reclamo económico presentado por Ortiz por los salarios legislativos que dejó de percibir durante el período de suspensión. La exdiputada sostiene que la retención de esos haberes fue inconstitucional y mantiene una acción judicial para exigir su reconocimiento. La Cámara, por su parte, declaró improcedente el reclamo en la resolución aprobada y ratificó la decisión de 2024 que había dispuesto la suspensión sin goce de dieta. Sin embargo, el conflicto no queda resuelto únicamente por la decisión parlamentaria: la controversia sobre los salarios deberá seguir su curso en la Justicia provincial, donde la Suprema Corte de Mendoza deberá analizar los planteos formulados por la exlegisladora.
Con la declaración de vacancia, el procedimiento para cubrir la banca quedó en manos de las autoridades electorales. De acuerdo con el orden de la lista de La Unión Mendocina presentada en las elecciones provinciales de 2023, la dirigente del PRO María Belén Castillo aparece como la persona que corresponde convocar para ocupar el lugar de Ortiz. Castillo deberá completar los trámites institucionales y prestar juramento ante la Cámara para incorporarse formalmente. Su eventual asunción permitirá cubrir una banca que permaneció sin representación efectiva desde la suspensión de la legisladora en 2024. El mandato correspondiente se extenderá hasta diciembre de 2027, de acuerdo con el período para el que fue elegida la lista.
La expulsión de Janina Ortiz marca un capítulo excepcional en la historia institucional de Mendoza y vuelve a poner en debate la relación entre las responsabilidades penales de los funcionarios y las condiciones necesarias para ejercer cargos representativos. La decisión de la Cámara se produjo después de una condena que incluyó la inhabilitación absoluta perpetua, un elemento determinante para fundamentar la pérdida de las condiciones de elegibilidad. No obstante, el caso todavía mantiene derivaciones judiciales, especialmente por el reclamo de haberes y por las actuaciones que continúan respecto de otros involucrados. La resolución legislativa cierra la etapa de Ortiz como integrante de la Cámara de Diputados, pero no reemplaza las decisiones que aún deben adoptar los tribunales en los expedientes pendientes.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 34 · 04/11/2026
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