El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que se presentará ante el Congreso Nacional para ejercer su derecho a defensa en el juicio político impulsado en su contra. La decisión fue comunicada a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, luego de que quedara interrumpida la sesión bicameral convocada para tratar su renuncia a la Presidencia. En medio de una profunda crisis política e institucional, el mandatario afirmó que afrontará el procedimiento con argumentos y pruebas, y que respetará las disposiciones de la Constitución paraguaya.
“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”, expresó Peña en su pronunciamiento. El jefe de Estado sostuvo que comparecerá ante los legisladores incluso si algunos de ellos ya anticiparon su posición sobre el proceso. Según explicó, su decisión no responde a una cuestión de orgullo personal, sino a la responsabilidad de rendir cuentas y ofrecer explicaciones ante la ciudadanía. También manifestó que actuará con respeto a las instituciones de la República, cualquiera sea el resultado del procedimiento parlamentario.
El anuncio se produjo después de que el Congreso no pudiera completar el tratamiento de la renuncia presentada por el mandatario. La sesión bicameral convocada para analizar la dimisión quedó sin quórum luego de que legisladores del oficialismo abandonaran el recinto. De esa manera, no se alcanzó la cantidad mínima de presentes para continuar con la deliberación y resolver si se aceptaba formalmente la salida de Peña. La interrupción dejó abierta la situación institucional y evitó que se concretara, por esa vía, una transición inmediata hacia la vicepresidencia.
En paralelo, la Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad, con 78 votos afirmativos, la acusación contra Peña y remitido el expediente al Senado. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, corresponde a la Cámara Alta actuar como tribunal y determinar si existen responsabilidades políticas que justifiquen una condena. Para declarar culpable al presidente se requiere una mayoría de dos tercios. Por lo tanto, la aprobación de la acusación en Diputados representa una instancia del proceso, pero no constituye por sí misma una destitución.
El juicio político tiene como telón de fondo la crisis de Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central del Paraguay después de que se detectaran problemas de solvencia. La situación afectó a millones de clientes que quedaron con restricciones para acceder a sus cuentas y generó preocupación por la disponibilidad de los depósitos. El caso también abrió cuestionamientos sobre la relación entre el grupo empresario vinculado a la entidad y funcionarios del Gobierno, además de las decisiones regulatorias y la exposición de recursos de organismos públicos al banco.
Entre los señalamientos incluidos en la acusación parlamentaria figuran presuntos conflictos de intereses relacionados con la participación empresarial que Peña habría tenido en Ueno Holding, la designación de Carlos Carvallo —quien había dirigido la Financiera Ueno— al frente del Banco Central y la concentración de fondos del Instituto de Previsión Social en la entidad bancaria. Los legisladores acusadores sostienen que esos hechos deben ser examinados para establecer si existieron incumplimientos de las normas y responsabilidades políticas. Se trata de imputaciones que deberán ser analizadas dentro del procedimiento correspondiente y no de responsabilidades penales ya determinadas.
En su mensaje, Peña aseguró que colaborará plenamente con las instituciones competentes para esclarecer lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades. El mandatario afirmó que aportará la información que le sea requerida y sostuvo que quienes hayan infringido la ley deberán responder ante la Justicia. También buscó separar su situación personal del reclamo de los clientes afectados por la intervención bancaria, al señalar que la investigación de los hechos y la recuperación de los depósitos deben avanzar al mismo tiempo.
“El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, manifestó el presidente. En esa línea, sostuvo que la discusión sobre su continuidad en el cargo no debe paralizar las soluciones que necesitan las familias perjudicadas. Peña afirmó que durante su gestión impulsó medidas destinadas a facilitar la recuperación de los fondos y consideró que la atención de los depositantes constituye una obligación que debe continuar independientemente del desenlace político. La crisis de la entidad financiera mantiene bajo presión a las autoridades económicas y regulatorias, que deben instrumentar los mecanismos previstos para proteger a los ahorristas.
La renuncia presentada por Peña también abrió una controversia sobre sus posibles consecuencias institucionales. La oposición cuestionó que se aceptara la dimisión antes de que avanzara el juicio político, debido a los efectos que podría tener sobre la situación del mandatario y su eventual condición de senador vitalicio, prevista para los expresidentes electos democráticamente que no hayan sido condenados en un juicio político. Ese punto se convirtió en uno de los argumentos centrales de la disputa parlamentaria y contribuyó a profundizar las diferencias entre los bloques políticos.
Mientras tanto, el vicepresidente Pedro Alliana continúa en la línea constitucional de sucesión, aunque la interrupción de la sesión impidió que se concretara el traspaso del Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados también había rechazado el pedido de juicio político contra Alliana, por lo que su situación parlamentaria quedó diferenciada de la del presidente. La continuidad del proceso contra Peña y la resolución sobre su renuncia determinarán los próximos pasos institucionales, en un escenario que todavía no tiene una definición formal.
Al cerrar su mensaje, el mandatario pidió preservar la calma y la paz social, y aseguró que respetará el resultado del procedimiento. “Mi suerte personal no está por encima del Paraguay”, expresó. La declaración marca su decisión de afrontar el juicio político pese a haber presentado previamente su renuncia, mientras el Senado debe avanzar con el expediente y las autoridades continúan bajo presión para responder por la crisis bancaria. La evolución del caso será determinante tanto para el futuro político del Gobierno como para las familias que esperan recuperar sus ahorros.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 35 · 05/11/2026
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