Paraguay atraviesa horas de máxima incertidumbre política después de que el Congreso no lograra completar el tratamiento de la renuncia presentada por el presidente Santiago Peña. La sesión convocada para resolver la dimisión terminó marcada por la retirada de legisladores del Partido Colorado, cuyos integrantes abandonaron la sala cuando debía desarrollarse la votación. La maniobra impidió reunir el quórum necesario para adoptar una decisión y dejó sin resolver el futuro institucional del mandatario. El episodio profundizó la crisis que comenzó con el escándalo financiero de Ueno Bank y que ya había provocado la ruptura del respaldo político del oficialismo hacia el jefe de Estado.
La situación se produjo pocas horas después de que Peña comunicara públicamente su decisión de abandonar la Presidencia y formalizara su renuncia mediante una carta dirigida al Congreso. El mandatario había argumentado que su salida buscaba preservar la estabilidad nacional, la paz social y las instituciones democráticas. Sin embargo, la presentación de la dimisión no significaba que el cargo quedara automáticamente vacante. La Constitución paraguaya establece que el Congreso tiene atribuciones para aceptar o rechazar la renuncia presidencial, por lo que la decisión debía ser tratada formalmente por los legisladores antes de avanzar con la sucesión.
El conflicto parlamentario se originó por las diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el procedimiento que debía aplicarse. Los sectores opositores reclamaban que se continuara con el juicio político aprobado previamente por la Cámara de Diputados, mientras que los legisladores colorados buscaban resolver primero la renuncia para facilitar la transición presidencial. La discusión no era solamente administrativa: también tenía consecuencias sobre la situación jurídica de Peña después de dejar el cargo. La oposición sostenía que aceptar la dimisión antes de completar el proceso de destitución podía permitirle acceder a los beneficios institucionales y fueros correspondientes a un expresidente elegido democráticamente.
La Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad, con 78 votos afirmativos y ninguno en contra, el libelo acusatorio para iniciar el juicio político contra Santiago Peña. La decisión se produjo después de que Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), y los principales sectores del Partido Colorado retiraran su respaldo al presidente. La acusación fue remitida al Senado, que debía intervenir en la siguiente etapa del procedimiento. Para declarar culpable al mandatario y concretar su destitución se requiere una mayoría de dos tercios de los integrantes de la Cámara Alta, equivalente a 30 votos sobre un total de 45 senadores.
La retirada de los legisladores colorados durante el tratamiento de la renuncia modificó el escenario y dejó expuesta la fractura política que atraviesa el oficialismo. Aunque Cartes había impulsado el pedido de salida de Peña y respaldado el juicio político, los sectores partidarios buscaban evitar que la transición se desarrollara mediante una destitución parlamentaria. La oposición, por su parte, insistía en que el procedimiento debía continuar para que se investigaran las responsabilidades políticas del mandatario. La falta de acuerdo terminó bloqueando la sesión y prolongó una situación institucional en la que todavía no existe una definición formal sobre quién ejercerá la Presidencia.
Uno de los puntos más delicados del conflicto está relacionado con el futuro judicial de Santiago Peña. Según la Constitución paraguaya, los expresidentes elegidos democráticamente pueden acceder a la condición de senadores vitalicios, salvo que hayan sido sometidos a un juicio político con resultado de condena. Esa condición contempla fueros y una situación institucional diferente a la de un exmandatario destituido. Por ese motivo, los sectores opositores consideran que aceptar la renuncia antes de resolver el procedimiento de juicio político podría modificar las condiciones en las que Peña deberá responder ante eventuales investigaciones judiciales. La discusión sobre el orden de los procedimientos se convirtió así en uno de los principales motivos del enfrentamiento parlamentario.
Mientras tanto, Pedro Alliana continúa siendo el principal dirigente ubicado en la línea constitucional de sucesión. El vicepresidente había logrado evitar su propio juicio político después de que la Cámara de Diputados rechazara la acusación en su contra por 48 votos frente a 30. Sin embargo, su llegada al Poder Ejecutivo depende de que se resuelva formalmente la vacancia presidencial y se cumplan los mecanismos constitucionales correspondientes. Alliana, dirigente del Partido Colorado y cercano al sector político de Horacio Cartes, había integrado la fórmula presidencial que ganó las elecciones de 2023 junto a Peña. Si finalmente asume, deberá completar el mandato hasta agosto de 2028.
El origen de la crisis está vinculado con la situación de Ueno Bank, una entidad financiera cuya intervención y posterior proceso de resolución generaron una fuerte preocupación entre millones de paraguayos. La institución contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes y sus problemas de solvencia provocaron restricciones en el acceso a los depósitos. La situación también generó cuestionamientos por los fondos públicos comprometidos y por los recursos relacionados con el sistema previsional. Las dificultades de los ahorristas para disponer de su dinero provocaron reclamos sociales y aumentaron la presión sobre el Gobierno, que debió afrontar simultáneamente la crisis financiera y las acusaciones políticas.
El expediente judicial también avanzó sobre los responsables de la entidad. Un juez paraguayo dispuso prisión preventiva para seis directivos de Ueno Bank y arresto domiciliario con dispositivos electrónicos para otras dos personas. Las medidas se adoptaron en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras y operaciones crediticias. Las decisiones judiciales son cautelares y no representan condenas definitivas: los investigados conservan el derecho a defenderse y cuestionar las resoluciones. Paralelamente, las actuaciones buscan establecer el origen de las operaciones financieras, determinar si existieron maniobras ilegales y esclarecer las posibles responsabilidades de quienes participaron en la administración de la entidad.
La crisis política también dejó en evidencia las tensiones internas del Partido Colorado, una fuerza que gobierna Paraguay y que había respaldado la llegada de Peña al poder. La decisión de Horacio Cartes de retirar su apoyo al mandatario modificó el equilibrio dentro del oficialismo y abrió una disputa sobre la forma de resolver la sucesión. La oposición reclama que se esclarezcan las denuncias antes de cerrar el proceso político, mientras los sectores colorados buscan ordenar la transición y evitar una mayor prolongación del conflicto. El desenlace dependerá de los acuerdos legislativos y de las decisiones que adopten las dos cámaras del Congreso.
Por ahora, Paraguay permanece sin una resolución definitiva sobre la renuncia presidencial y con el juicio político como una alternativa institucional todavía abierta. La falta de quórum impidió completar el tratamiento de la dimisión y postergó la posibilidad de que Pedro Alliana asumiera inmediatamente el Poder Ejecutivo. La crisis ya superó el ámbito partidario y se convirtió en una discusión sobre la responsabilidad de los funcionarios, el funcionamiento de las instituciones y la protección de los ahorros de millones de ciudadanos. Las próximas decisiones del Congreso serán determinantes para establecer el futuro político de Santiago Peña, la eventual asunción de Alliana y el avance de las investigaciones relacionadas con Ueno Bank.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 35 · 05/11/2026
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