La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, mediante los cuales el Gobierno de Javier Milei había eliminado los mecanismos de control estatal sobre los aumentos de las empresas de medicina prepaga. La resolución representa un importante cambio en el escenario regulatorio del sistema de salud privado, ya que restituye las facultades de la Superintendencia de Servicios de Salud para revisar, fiscalizar y autorizar las modificaciones en los valores de las cuotas que pagan millones de afiliados en todo el país. El pronunciamiento fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y constituye la primera declaración de inconstitucionalidad del máximo tribunal sobre disposiciones del decreto de desregulación económica.
La decisión judicial cuestiona uno de los cambios más importantes introducidos por el DNU 70/23 en el mercado de la medicina privada. Hasta la entrada en vigencia de aquella normativa, las empresas de medicina prepaga debían someter sus incrementos tarifarios al marco de supervisión establecido por la Ley 26.682. Sin embargo, con la modificación impulsada por el Poder Ejecutivo, las compañías obtuvieron mayor libertad para establecer los precios de sus planes, sin necesidad de contar con una autorización estatal previa. Ese esquema permitió una sucesión de incrementos que generó fuertes cuestionamientos de usuarios, asociaciones de consumidores y distintos sectores de la oposición, además de numerosos reclamos judiciales.
El expediente que llegó a la Corte tuvo como origen el reclamo de una afiliada cuya cuota de medicina prepaga registró un incremento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según los antecedentes considerados en la causa, si se hubiera aplicado la resolución que había establecido el Ministerio de Salud de la Nación para enero de aquel año, el aumento correspondiente habría sido del 6,26%. La diferencia entre ambos porcentajes se convirtió en uno de los elementos centrales del planteo judicial, que cuestionó la eliminación de los mecanismos de protección y supervisión que anteriormente contemplaba la legislación vigente. La controversia llegó al máximo tribunal después de que tanto la empresa demandada como el Estado Nacional presentaran recursos contra las decisiones adoptadas en las instancias anteriores.
Al analizar el caso, los integrantes de la Corte Suprema consideraron que el Poder Ejecutivo no había demostrado la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran utilizar un decreto de necesidad y urgencia para modificar el régimen de control de los precios de las empresas de medicina prepaga. Los magistrados recordaron que la Constitución Nacional establece condiciones estrictas para que el presidente pueda ejercer facultades legislativas mediante un DNU. Entre ellas, debe existir una imposibilidad concreta de recurrir al procedimiento ordinario de sanción de leyes en el Congreso o una situación de urgencia que requiera una respuesta incompatible con los tiempos del debate parlamentario. Para el tribunal, esos requisitos no quedaron suficientemente acreditados en los fundamentos utilizados para justificar la desregulación.

En ese sentido, la Corte sostuvo que la invocación de una crisis del sistema de salud y la necesidad de incrementar la competitividad mediante la liberación de precios no resultaban suficientes para demostrar que existían razones constitucionales que habilitaran la utilización de un decreto. Los jueces señalaron que el Poder Ejecutivo no puede reemplazar discrecionalmente el debate legislativo por una decisión unilateral, especialmente cuando se modifican disposiciones que afectan derechos e intereses de los usuarios de servicios esenciales. El pronunciamiento también se apoyó en la doctrina del máximo tribunal sobre los límites constitucionales de los decretos de necesidad y urgencia, que había sido reafirmada anteriormente en otros antecedentes judiciales.
Como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad, recuperan vigencia las facultades de la autoridad de aplicación contempladas en los artículos 5, inciso g), y 17 de la Ley 26.682. Esto significa que la Superintendencia de Servicios de Salud volverá a tener atribuciones para revisar los valores de las cuotas y autorizar sus modificaciones. La normativa establece que los incrementos deben estar fundamentados en las variaciones de la estructura de costos de las empresas y en un cálculo actuarial razonable de los riesgos. Por lo tanto, las compañías no podrán considerar que cuentan con una libertad absoluta para establecer aumentos sin someterlos al control correspondiente.
Uno de los aspectos más importantes del fallo es que la Corte también modificó el alcance de la sentencia que había sido dictada anteriormente por la Cámara Federal de La Plata. Mientras el tribunal de instancia había establecido una limitación vinculada con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el máximo tribunal revocó esa parte de la resolución. En consecuencia, el pronunciamiento no establece que las prepagas deban ajustar obligatoriamente sus cuotas según la inflación ni fija un porcentaje máximo uniforme para todos los planes. La decisión restablece el control administrativo previo y la obligación de justificar los incrementos, pero deja en manos de la autoridad competente la evaluación de cada propuesta tarifaria conforme a los criterios previstos por la legislación.
La resolución tiene especial relevancia para los afiliados que durante los últimos años debieron afrontar incrementos significativos en sus servicios de cobertura médica privada. Las cuotas de las prepagas se convirtieron en uno de los principales gastos de numerosos hogares, especialmente entre familias que dependen de estos planes para acceder a consultas, estudios, tratamientos, internaciones y otras prestaciones sanitarias. En ese contexto, el regreso de la supervisión estatal representa un cambio importante en la relación entre las empresas y sus usuarios, ya que vuelve a existir una instancia administrativa encargada de examinar la razonabilidad de los aumentos y verificar su fundamentación económica.

Sin embargo, el fallo también contiene una precisión institucional importante: la Corte limitó su pronunciamiento a los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 y no emitió una opinión general sobre el resto de las disposiciones del decreto. La resolución se originó en una controversia judicial concreta y deberá interpretarse dentro de los alcances establecidos por el propio tribunal. Su trascendencia radica en el criterio constitucional adoptado sobre la eliminación de los controles estatales en materia de medicina prepaga y en la recuperación de las atribuciones regulatorias de la Superintendencia de Servicios de Salud, sin que ello implique automáticamente la devolución de todos los importes cobrados durante los años anteriores ni una reducción inmediata de las cuotas vigentes.
El pronunciamiento abre una nueva etapa para el sistema de medicina prepaga en Argentina y vuelve a colocar al Estado en un lugar central dentro de la supervisión de los precios de los servicios de salud privados. Para las empresas, representa la obligación de adecuar sus procedimientos a un esquema en el que los aumentos deberán contar nuevamente con la revisión y autorización correspondiente. Para los afiliados, supone la recuperación de una instancia de control destinada a evitar incrementos arbitrarios o carentes de una justificación económica suficiente. La discusión sobre el costo de la medicina privada continuará, pero ahora bajo un marco judicial que establece límites a la desregulación y reafirma la necesidad de compatibilizar la actividad empresarial con la protección de los usuarios y el derecho a la salud.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 49 · 19/11/2026

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