La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que la investigación judicial por la presunta adquisición irregular de una lujosa mansión en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, quede nuevamente bajo la órbita del juez federal Daniel Rafecas. La decisión representa un nuevo capítulo en una de las investigaciones más delicadas que involucran a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino. El máximo tribunal dejó sin efecto una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que había declarado competente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, para continuar con el expediente.
La sentencia fue firmada por los tres integrantes de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes coincidieron en que la investigación debía continuar en los tribunales federales de Comodoro Py. De esta manera, el expediente regresará al Juzgado Federal N.º 3, que deberá avanzar sobre las distintas operaciones patrimoniales, societarias y financieras que forman parte de la hipótesis investigativa. La controversia judicial llevaba meses sin una definición definitiva, debido a los sucesivos planteos de competencia entre distintos juzgados que habían intervenido desde el inicio de las actuaciones.
El eje de la investigación es una propiedad ubicada en la localidad de Villa Rosa, en Pilar, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 17 millones de dólares. El inmueble cuenta con instalaciones de grandes dimensiones, helipuerto, haras y una importante colección de vehículos de alta gama. La sospecha de los investigadores apunta a que la propiedad podría estar vinculada indirectamente con Pablo Toviggino, aunque formalmente habría sido adquirida mediante la sociedad Real Central SRL, cuyos titulares registrales fueron señalados en el expediente por presuntamente no contar con capacidad económica suficiente para justificar semejante operación. La investigación deberá determinar el origen de los fondos utilizados y establecer si existió una estructura destinada a ocultar a los verdaderos beneficiarios del patrimonio.

Uno de los aspectos centrales del fallo es que la Corte consideró que el expediente no puede analizarse exclusivamente como una controversia relacionada con la compra de un inmueble situado en territorio bonaerense. Para los magistrados, la hipótesis investigativa comprende una posible maniobra de lavado de activos de mayor alcance, que habría involucrado la constitución y modificación de sociedades comerciales, transferencias de participaciones, ampliaciones de capital, operaciones patrimoniales y movimientos financieros entre distintas jurisdicciones. En ese contexto, la ubicación física de la mansión no resulta suficiente para establecer qué tribunal debe intervenir, especialmente cuando buena parte de las operaciones investigadas habría tenido conexiones con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En su resolución, los integrantes del máximo tribunal también hicieron referencia a la presunta existencia de una red de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025 para canalizar fondos fuera del circuito bancario argentino. Según la hipótesis que deberá investigarse, esos movimientos podrían estar relacionados con recursos obtenidos legítimamente por la AFA y posteriormente desviados mediante diferentes estructuras financieras. La Corte tuvo en cuenta que Real Central SRL, la firma utilizada para adquirir el inmueble, registraba su sede social en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la propia AFA, y que el contrato de compraventa de la propiedad también habría sido celebrado en esa jurisdicción. Estos elementos fueron determinantes para fundamentar la decisión de mantener la investigación en el ámbito de la Justicia Federal porteña.
El recorrido judicial del expediente estuvo marcado por diferentes interpretaciones sobre qué tribunal debía hacerse cargo de las actuaciones. Inicialmente, la causa pasó por el Juzgado Federal N.º 3, que se declaró incompetente y remitió las actuaciones al fuero Penal Económico. Posteriormente, se produjeron nuevos planteos y resoluciones cruzadas entre los distintos tribunales, hasta que el Juzgado Federal de Campana reclamó la investigación por considerar que la propiedad se encontraba dentro de su jurisdicción territorial. Ese planteo fue respaldado posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal, que había dispuesto que el magistrado Adrián González Charvay continuara con el expediente.
Sin embargo, la decisión de Casación fue cuestionada por el Ministerio Público Fiscal. El fiscal general Mario Villar presentó un recurso ante la Corte Suprema para impugnar la determinación que favorecía al juzgado de Campana. La fiscalía sostenía que el alcance de la investigación excedía ampliamente la adquisición de la propiedad y que resultaba necesario analizar de manera integral las operaciones financieras y societarias que podrían estar relacionadas con el presunto desvío de fondos. Finalmente, el máximo tribunal hizo lugar al planteo y dejó sin efecto el fallo cuestionado, resolviendo la controversia sobre la competencia judicial.

La causa también involucra a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, dos de las principales autoridades de la estructura dirigencial del fútbol argentino. Ambos aparecen mencionados en el marco de las investigaciones sobre presuntas irregularidades vinculadas con el manejo de recursos de la entidad y las operaciones patrimoniales que forman parte de los distintos expedientes judiciales. No obstante, la existencia de sospechas y menciones dentro de una investigación no equivale a una declaración de culpabilidad: las responsabilidades individuales deberán establecerse a partir de las pruebas que se incorporen y de las decisiones que eventualmente adopte la Justicia. La resolución de la Corte tampoco implica una condena ni determina por sí misma que los fondos utilizados para adquirir la mansión hayan sido desviados de la AFA.
El pronunciamiento representa un revés para la pretensión de que la investigación continuara en los tribunales federales de Campana y establece un criterio sobre la necesidad de examinar el conjunto de las operaciones denunciadas. Ahora, Daniel Rafecas tendrá nuevamente a su cargo el expediente y deberá avanzar sobre los elementos reunidos, las sociedades involucradas, los movimientos económicos y las eventuales conexiones entre los diferentes protagonistas. La investigación deberá determinar si existió una maniobra de lavado de activos, cuál fue el origen del dinero utilizado en las operaciones y si hubo participación de personas vinculadas con la administración de la AFA.
Con esta resolución, la Corte Suprema pone fin a una disputa de competencia que había demorado la definición sobre el juzgado encargado de investigar uno de los expedientes más sensibles relacionados con la conducción del fútbol argentino. La decisión no resuelve el fondo de las denuncias, pero despeja el camino para que la investigación continúe en Comodoro Py y se profundice el análisis sobre el patrimonio, las sociedades y los circuitos financieros bajo sospecha. El desarrollo de las actuaciones y las próximas medidas que disponga Rafecas serán determinantes para conocer si las hipótesis planteadas por la fiscalía encuentran respaldo en las pruebas y qué responsabilidades podrían surgir de la investigación.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 49 · 19/11/2026

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