Una particular normativa aprobada hace casi tres décadas volvió a instalar a Rosario en el centro de una discusión vinculada con la industria de los videojuegos. La ciudad de Santa Fe mantiene vigente desde 1998 un decreto municipal que prohíbe la venta y exhibición de los títulos Grand Theft Auto (GTA) y Postal, una restricción que sobrevivió a los profundos cambios tecnológicos y culturales que transformaron el entretenimiento digital. En medio de la expectativa internacional generada por la nueva entrega de la franquicia de Rockstar Games, un concejal presentó un proyecto para eliminar esa disposición y actualizar el marco normativo local.
La iniciativa fue impulsada por Franco Volpe, representante de La Libertad Avanza en el Concejo Municipal de Rosario, y propone derogar el Decreto Nº 14.704, sancionado el 21 de mayo de 1998. La normativa estableció restricciones sobre la comercialización y exhibición de los videojuegos mencionados, además de contemplar su difusión por internet en establecimientos como los cibercafés a los que pudieran ingresar menores de edad. Aunque durante años la disposición quedó prácticamente fuera de la discusión pública, continúa figurando en el registro normativo de la ciudad y, por lo tanto, mantiene vigencia formal mientras no sea modificada o derogada.
El proyecto llegó a la Comisión de Salud y Desarrollo Humano del Concejo, donde comenzó a ser analizado y generó posiciones enfrentadas. La discusión no se limita a la posibilidad de permitir nuevamente la venta de una franquicia reconocida internacionalmente, sino que también plantea un interrogante sobre la vigencia de las regulaciones municipales frente a una industria que cambió radicalmente desde finales de la década de 1990. La propuesta todavía no fue aprobada y continúa en estudio, por lo que la prohibición no perdió efecto. Cualquier modificación dependerá del recorrido legislativo que tenga el expediente y de la decisión que finalmente adopte el cuerpo deliberativo.
Volpe sostiene que el decreto quedó desactualizado frente a las modalidades actuales de producción, distribución y consumo de videojuegos. Cuando se aprobó la restricción, la comercialización se realizaba principalmente mediante soportes físicos, como casetes y discos compactos, mientras que los cibercafés constituían espacios habituales de acceso a computadoras y entretenimiento digital. En la actualidad, buena parte de los videojuegos se adquiere mediante plataformas en línea, tiendas digitales y servicios asociados a consolas y computadoras, una transformación que modificó las condiciones de acceso y volvió mucho más compleja la aplicación de una prohibición pensada para otra realidad tecnológica.
El concejal también planteó que el debate debe contemplar la libertad individual de los consumidores y la responsabilidad de las familias a la hora de decidir qué contenidos pueden utilizar los menores. Entre sus argumentos mencionó la existencia de sistemas de clasificación por edades y herramientas de control parental que permiten establecer restricciones de acceso, supervisar el uso de dispositivos y limitar determinados contenidos. Desde esa perspectiva, consideró que el Estado municipal no debería sostener una prohibición general sobre determinados títulos cuando existen mecanismos específicos para informar y orientar a los adultos responsables.
La postura del edil apunta a que la regulación de los videojuegos no debería confundirse con una aprobación o rechazo sobre sus contenidos. En ese sentido, planteó que existen numerosas producciones audiovisuales, musicales y culturales que incluyen escenas de violencia, situaciones extremas o temáticas destinadas exclusivamente a públicos adultos, sin que eso implique necesariamente prohibir su comercialización para toda la población. También utilizó como ejemplo otros videojuegos populares que contienen representaciones de combates, torturas y enfrentamientos armados, para sostener que la clasificación por edades constituye una herramienta más adecuada que una restricción general.
Sin embargo, la iniciativa encontró una oposición explícita durante el tratamiento en comisión. La concejala María Fernanda Rey, integrante del bloque Justicialista, manifestó su rechazo a derogar el decreto y defendió la continuidad de las restricciones por el tipo de contenidos que aparecen en los videojuegos alcanzados. Durante el debate enumeró elementos como violencia intensa, asesinatos, tiroteos, lenguaje adulto, desnudez, contenido sexual explícito y referencias al consumo y tráfico de drogas y alcohol. Su posición apunta a que la eliminación de la prohibición no debería avanzar sin considerar los posibles efectos de la exposición de niños y adolescentes a esos contenidos.
Rey también cuestionó políticamente la presentación del proyecto y calificó como un «espanto» la posibilidad de dejar sin efecto la normativa. Además, adelantó que votará en contra de la propuesta. Su intervención trasladó el debate más allá de la cuestión técnica y reabrió una discusión sobre el papel del Estado, la protección de los menores y los criterios que deben utilizarse para regular productos culturales y de entretenimiento. De esta manera, la iniciativa libertaria quedó expuesta a una controversia que combina argumentos tecnológicos, políticos, educativos y vinculados con la libertad de consumo.
Para comprender el origen de la prohibición hay que retroceder hasta mayo de 1998, cuando el primer Grand Theft Auto todavía era una novedad en el mercado internacional. El título original había sido lanzado en 1997 y presentaba una propuesta que se apartaba de los videojuegos tradicionales de aquella época: el jugador podía desplazarse por una ciudad, conducir vehículos y completar misiones vinculadas con actividades delictivas. La representación de robos, enfrentamientos y situaciones violentas provocó cuestionamientos en distintos sectores, en un período en el que comenzaba a crecer la preocupación pública por los efectos de los videojuegos sobre los más jóvenes.
En Rosario, la discusión llegó al ámbito legislativo municipal después de la publicación de una nota periodística que cuestionaba los contenidos de determinados entretenimientos informáticos. El 21 de mayo de 1998, el Concejo Municipal sancionó el Decreto Nº 14.704, que incluyó expresamente a GTA y Postal entre los productos cuya venta y exhibición quedaban prohibidas. La disposición fue promulgada el 13 de julio de ese año, durante la intendencia de Hermes Binner. Entre sus fundamentos se mencionaba la preocupación por los argumentos relacionados con la delincuencia, la violencia y la muerte, así como la posibilidad de que esos contenidos llegaran a niños y adolescentes.

El texto original incluso contiene una particularidad que refleja la época en la que fue redactado: identifica al videojuego como «GTA (Grand Thief Auto)», pese a que su denominación correcta es Grand Theft Auto. La norma también respondió a un contexto en el que la Argentina todavía no contaba con un sistema de clasificación por edades para videojuegos como el que se utiliza actualmente en distintos mercados. En consecuencia, la regulación municipal buscaba limitar el acceso y la exposición a esos títulos mediante restricciones sobre los comercios y los espacios de entretenimiento informático.
Casi 30 años después, el escenario es completamente diferente. La industria de los videojuegos se convirtió en uno de los principales sectores del entretenimiento mundial, con producciones de presupuestos millonarios, distribución internacional y sistemas de clasificación que identifican el público al que están destinados. Las consolas incorporaron controles parentales, las tiendas digitales permiten establecer límites de edad y las familias cuentan con herramientas para administrar el acceso a los contenidos. En ese marco, la discusión en Rosario vuelve a poner sobre la mesa si una prohibición concebida para la venta física y los cibercafés continúa teniendo sentido en un mercado dominado por las plataformas digitales.
La controversia también adquirió mayor repercusión por el momento en que se presentó la iniciativa. La expectativa alrededor de GTA VI volvió a colocar a la franquicia en el centro de la conversación pública y permitió que una disposición municipal casi olvidada se transformara en noticia nacional. La saga desarrollada por Rockstar Games se convirtió con el paso de los años en una de las más reconocidas de la industria, con millones de jugadores y una comunidad internacional que sigue cada lanzamiento. La nueva entrega reactivó el interés por la historia de la prohibición rosarina y por las consecuencias que todavía puede tener una norma aprobada cuando el mercado funcionaba de una manera muy distinta.
De todos modos, es importante precisar el alcance de la regulación: el decreto no establece una prohibición general para que una persona juegue GTA dentro de su domicilio. Su texto se concentra en la venta y exhibición de los títulos mencionados y en determinadas formas de difusión vinculadas con establecimientos a los que pudieran acceder menores. Por eso, el debate actual está relacionado principalmente con la vigencia de las restricciones comerciales y con la posibilidad de adecuar la normativa a las formas contemporáneas de distribución, no con impedir que los usuarios puedan jugar de manera privada.
Por el momento, el proyecto de Franco Volpe no consiguió dejar atrás la prohibición. La Comisión de Salud y Desarrollo Humano ya abordó el expediente, escuchó los argumentos vinculados con la derogación y registró objeciones de concejales que defienden la continuidad de la medida. La iniciativa deberá continuar su recorrido dentro del Concejo Municipal y reunir los respaldos necesarios para avanzar. Hasta que exista una decisión formal, el Decreto 14.704 seguirá figurando como vigente y las restricciones que establece continuarán formando parte del marco normativo de Rosario.

El caso expone una discusión que excede a una franquicia de videojuegos. Por un lado, aparece la necesidad de revisar disposiciones que pueden haber quedado desactualizadas frente a los cambios tecnológicos y las nuevas formas de consumo. Por el otro, persiste el debate sobre cómo proteger a los menores sin establecer prohibiciones generales sobre contenidos destinados a públicos adultos. Rosario deberá resolver si mantiene una regulación aprobada en 1998 o si considera que los sistemas actuales de clasificación y control parental ofrecen herramientas suficientes para reemplazarla. Mientras tanto, una de las sagas más populares del mundo continúa alcanzada por una norma municipal que lleva casi tres décadas sin ser derogada.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 49 · 19/11/2026

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