El Senado de la Nación convirtió en ley la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), un acuerdo internacional que busca simplificar los procedimientos para solicitar protección de invenciones en distintos países. La iniciativa obtuvo 47 votos afirmativos y 22 negativos, sin abstenciones, y completó así un recorrido parlamentario que permanecía pendiente desde hacía casi tres décadas. La decisión representa un avance legislativo para el Gobierno de Javier Milei, que había retomado el tratamiento del proyecto como parte de sus compromisos de integración comercial y económica con otros mercados, especialmente Estados Unidos.
La aprobación tiene una historia extensa. La Argentina firmó el tratado en Washington el 19 de junio de 1970 y el Senado había aprobado su adhesión en 1998. Sin embargo, el trámite no consiguió avanzar durante años en la Cámara de Diputados, por lo que el país permaneció fuera del sistema internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El debate volvió a tomar impulso durante 2026, cuando el Poder Ejecutivo decidió reactivar la iniciativa y colocarla entre las prioridades legislativas vinculadas con la política de apertura comercial y la relación bilateral con Estados Unidos.
El proyecto obtuvo media sanción en Diputados el 27 de agosto de 2026, con 147 votos afirmativos, 93 negativos y ninguna abstención. Durante ese tratamiento, la Cámara baja introdujo una modificación sustancial al incorporar una reserva vinculada con el capítulo II del tratado. Ese cambio respondió, principalmente, a los planteos de las cámaras que representan a los laboratorios nacionales, que cuestionaban las posibles consecuencias de una adhesión sin restricciones y reclamaban preservar las atribuciones de las autoridades argentinas en materia de evaluación y patentamiento. Como el texto había sido modificado, debía regresar al Senado para su revisión definitiva, instancia que se completó este jueves.
El PCT establece un procedimiento internacional que permite presentar una solicitud única para iniciar la búsqueda de protección de una invención en los países adheridos. De esta manera, una empresa, un investigador, una universidad, una pequeña y mediana empresa o un emprendimiento tecnológico puede comenzar un trámite coordinado sin tener que iniciar desde el primer momento una presentación independiente en cada jurisdicción. El sistema contempla una etapa internacional con formalidades, búsqueda de antecedentes y documentación técnica, que luego puede dar paso a las instancias nacionales o regionales correspondientes.
Uno de los principales argumentos del oficialismo es que la incorporación permitirá reducir obstáculos administrativos para quienes desarrollan tecnología, productos industriales, innovaciones científicas o soluciones con potencial comercial en el exterior. Hasta ahora, los inventores argentinos que buscaban proteger sus desarrollos en numerosos mercados debían recurrir a procedimientos más fragmentados y, en determinados casos, a intermediarios o representantes en otros países. Con la adhesión, el Gobierno sostiene que se abre una vía más ordenada para iniciar solicitudes internacionales y que el país podrá integrarse a una estructura utilizada por más de 150 Estados.
Sin embargo, es importante aclarar que el tratado no establece una patente mundial automática ni garantiza que una invención quede aprobada de manera inmediata en todos los países miembros. La presentación internacional no reemplaza las evaluaciones que corresponden a cada oficina nacional o regional. Una vez cumplida la etapa internacional, los solicitantes deben continuar los procedimientos en los territorios donde buscan obtener protección, cumplir los requisitos legales, abonar las tasas correspondientes y someterse a las normas de patentabilidad de cada jurisdicción. Por lo tanto, la decisión final sobre la concesión o el rechazo de una patente continúa en manos de las autoridades competentes.
El punto más controvertido de la discusión estuvo relacionado con el capítulo II del PCT y su posible impacto sobre la industria farmacéutica. Ese apartado contempla un procedimiento de examen preliminar internacional que permite obtener una opinión técnica no vinculante sobre determinadas condiciones de patentabilidad, como la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial de una invención. La modificación incorporada por Diputados dejó ese capítulo en reserva para la Argentina, con el objetivo de evitar que ese mecanismo se aplique en los términos cuestionados por los laboratorios nacionales y preservar el control local sobre aspectos sensibles de la evaluación de medicamentos.
Las cámaras farmacéuticas argentinas, entre ellas la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y otras entidades del sector, habían expresado su preocupación por las consecuencias que podría tener una adhesión más amplia al sistema. Uno de sus principales cuestionamientos apunta al denominado *evergreening*, una práctica que, según advierten, puede utilizar modificaciones secundarias de medicamentos ya existentes para intentar extender la protección comercial de determinados productos sin que necesariamente se incorporen mejoras terapéuticas relevantes. Desde esa perspectiva, sostienen que una mayor facilidad para obtener nuevas protecciones podría retrasar la competencia de medicamentos genéricos y afectar la disponibilidad de alternativas de menor precio.

El planteo también incluye una preocupación por la autonomía técnica del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), organismo argentino responsable de intervenir en los procedimientos vinculados con las patentes. Los sectores críticos consideran que la utilización de informes elaborados por oficinas extranjeras podría condicionar las evaluaciones locales y modificar el equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y las necesidades de la industria nacional. Esos argumentos fueron parte de las negociaciones que permitieron introducir la reserva del capítulo II antes de que el proyecto regresara al Senado. De todos modos, las advertencias de las cámaras empresarias representan posiciones sectoriales sobre los posibles efectos del tratado y no consecuencias automáticas que se desprendan de su aprobación.
Durante el debate en la Cámara alta, el oficialismo defendió la incorporación como una herramienta para promover inversiones, innovación, desarrollo tecnológico y oportunidades de exportación. El senador Francisco Paoltroni, integrante de La Libertad Avanza y miembro informante del proyecto, sostuvo que la adhesión permitiría simplificar los trámites internacionales y facilitar que pequeñas empresas, investigadores del CONICET y emprendimientos tecnológicos puedan proteger sus desarrollos en distintos mercados mediante una única solicitud inicial. Desde esa postura, el tratado representa una oportunidad para mejorar las condiciones de quienes producen conocimiento y buscan convertirlo en actividad económica, empleo y generación de divisas.
También hubo voces favorables desde otros espacios políticos. Legisladores que acompañaron la iniciativa señalaron que la incorporación al sistema puede reducir gestiones administrativas, facilitar la internacionalización de proyectos científicos y mejorar las condiciones para que las empresas argentinas compitan en mercados externos. El argumento central de quienes respaldaron el proyecto es que la protección de la propiedad intelectual constituye un elemento relevante para atraer inversiones y estimular el desarrollo de nuevos productos, tecnologías y procesos industriales. En ese sentido, consideran que permanecer fuera del mecanismo internacional colocaba a los inventores argentinos en una situación de mayor complejidad frente a competidores de países que ya participan del sistema.
Desde la oposición, en cambio, se cuestionó tanto el contexto político de la aprobación como los posibles efectos económicos y productivos. El senador Jorge Capitanich sostuvo que el tratamiento de la iniciativa estaba condicionado por los compromisos asumidos con Estados Unidos y advirtió sobre la necesidad de preservar la capacidad de decisión nacional. Otros legisladores expresaron preocupación por el impacto que una mayor protección de patentes podría tener sobre la competencia, especialmente en sectores estratégicos como el farmacéutico. El debate volvió a exponer las diferencias entre quienes priorizan la integración a los mecanismos internacionales de propiedad intelectual y quienes consideran necesario establecer mayores resguardos para la producción nacional.
La adhesión también tiene una dimensión diplomática y comercial. El Gobierno había incluido el compromiso de avanzar con el PCT dentro de las conversaciones que derivaron en el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones firmado con Estados Unidos en febrero de 2026. La incorporación al tratado fue presentada como una señal de previsibilidad para los socios comerciales y como un paso hacia la armonización de procedimientos vinculados con la propiedad intelectual. Además, la participación argentina en este sistema aparece relacionada con otros compromisos internacionales asumidos en el marco de las negociaciones comerciales del Mercosur con la Unión Europea y con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
La sanción legislativa, de todos modos, no implica que los cambios administrativos y operativos se produzcan de manera inmediata. La puesta en funcionamiento del sistema requiere completar los pasos institucionales correspondientes y adecuar los procedimientos para que los solicitantes puedan utilizar el mecanismo desde la Argentina. También será necesario observar cómo se instrumenta la reserva del capítulo II y de qué manera se articula la participación del INPI con las reglas internacionales. En ese proceso, la reglamentación y las decisiones administrativas tendrán un papel relevante para determinar cómo se aplicará el tratado en la práctica.

La decisión del Senado marca el cierre de una discusión parlamentaria que atravesó distintos gobiernos y que durante años permaneció sin resolución definitiva. Para la administración de Javier Milei, representa un avance en su agenda de integración económica y una respuesta a uno de los compromisos asumidos en la relación comercial con Washington. Para los sectores que respaldan la adhesión, puede convertirse en una herramienta para facilitar la expansión internacional de empresas, investigadores y emprendedores argentinos. Para sus críticos, en cambio, el desafío será evitar que la apertura del sistema termine debilitando la producción local o afectando la competencia en mercados sensibles.
El impacto concreto de la nueva ley dependerá de su implementación, de la utilización que hagan los inventores y las empresas del procedimiento internacional y de la capacidad de las autoridades argentinas para mantener sus atribuciones en las etapas nacionales de evaluación. La discusión sobre patentes, medicamentos, innovación y soberanía tecnológica continuará más allá de la votación parlamentaria. La Argentina dio un paso para incorporarse al sistema internacional, pero el equilibrio entre facilitar la protección de las invenciones, promover inversiones y garantizar la competencia será uno de los principales desafíos de la etapa que comienza.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 49 · 19/11/2026
