El Senado de la Nación aprobó este jueves 19 de noviembre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y le otorgó sanción definitiva al proyecto impulsado por el Gobierno nacional. La votación terminó con 42 votos afirmativos y 26 negativos, luego de un debate que volvió a exponer las diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores sobre el alcance de la protección de los bienes privados, las facultades del Estado y las condiciones para recuperar inmuebles ocupados. Con esta decisión, la Cámara alta aceptó las modificaciones introducidas por Diputados en octubre y completó el recorrido parlamentario de una iniciativa que había recibido una primera aprobación en agosto.
La discusión llegó a esta instancia porque el proyecto original había sido aprobado por el Senado el 7 de agosto, por 37 votos a favor y 33 en contra. Sin embargo, cuando la Cámara de Diputados trató la iniciativa el 21 de octubre, incorporó modificaciones relevantes, entre ellas un capítulo destinado a restituir la Ley de Tierras Rurales. Como el texto había cambiado, debía regresar a la Cámara alta para que los senadores definieran si aceptaban esas modificaciones o insistían con la versión anterior. Finalmente, el oficialismo consiguió reunir los respaldos necesarios y aprobó el dictamen que contenía los cambios de la Cámara baja, convirtiendo el proyecto en ley.
Uno de los aspectos más importantes de la nueva norma es la restitución de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, que establece límites a la titularidad extranjera sobre tierras rurales argentinas. La legislación había sido derogada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, dictado al comienzo de la gestión de Javier Milei. Su recuperación vuelve a establecer restricciones a la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras, con el objetivo de limitar la concentración de superficies rurales en manos de titulares de otros países y preservar determinadas condiciones sobre el territorio nacional.
La Ley de Tierras contempla un límite general del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. También establece que las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% del porcentaje permitido y fija restricciones para que un mismo titular extranjero no pueda concentrar más de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, o una superficie equivalente de acuerdo con las características productivas de otras regiones. La restitución de este régimen constituye uno de los cambios políticos más significativos incorporados durante el tratamiento legislativo y representa una modificación respecto de la orientación que había adoptado inicialmente el Poder Ejecutivo sobre la materia.
La iniciativa también introduce modificaciones en los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles ocupados y en los casos de incumplimiento de contratos de alquiler. El objetivo declarado es reducir los tiempos de los procesos y facilitar la restitución de propiedades a sus titulares legítimos. Para ello, se incorporan mecanismos procesales más breves, con procedimientos sumarísimos y condiciones específicas para solicitar la desocupación de un inmueble. El Gobierno sostiene que estas herramientas permitirán dar respuestas más rápidas a propietarios que enfrentan ocupaciones ilegales, contratos vencidos o situaciones de falta de pago, evitando que los litigios se extiendan durante períodos prolongados.
En los casos de usurpación, la reforma contempla herramientas para que los jueces puedan disponer la restitución inmediata del inmueble cuando se encuentren reunidas las condiciones legales correspondientes. La intención es evitar que la ocupación de una propiedad se prolongue durante años mientras se desarrolla un proceso judicial. Sin embargo, la norma no habilita a los propietarios a recuperar los bienes mediante acciones particulares, amenazas o el uso de la fuerza por fuera de los procedimientos legales. La intervención judicial continúa siendo central y las medidas de desocupación deben ser dispuestas por las autoridades competentes, con los mecanismos de ejecución previstos por la legislación.
En materia de alquileres, el proyecto establece condiciones para agilizar los procesos de desalojo cuando existen incumplimientos contractuales, especialmente ante la falta de pago. Entre los cambios se contempla que el propietario deba intimar previamente al inquilino, con una anticipación mínima de diez días, antes de iniciar la demanda correspondiente por falta de pago. La reforma busca reducir los tiempos procesales y establecer un procedimiento más rápido para resolver los conflictos entre locadores y locatarios. No obstante, el alcance práctico dependerá de la aplicación de las nuevas disposiciones y de la actuación de los tribunales que intervengan en cada caso.
Otro capítulo relevante está vinculado con las expropiaciones, es decir, los procedimientos mediante los cuales el Estado puede disponer la transferencia forzosa de un bien privado por razones de utilidad pública, conforme a las condiciones establecidas por la Constitución y las leyes. La nueva norma introduce mayores exigencias para fundamentar esas decisiones y establece que la utilidad pública deberá identificarse de manera específica y concreta. También incorpora criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, con el propósito de evitar que una expropiación se sustente en argumentos genéricos o en decisiones arbitrarias de las autoridades.
La reforma modifica además el esquema de indemnizaciones que debe recibir el propietario afectado por una expropiación. Entre los cambios se contempla la incorporación del lucro cesante cuando constituya una consecuencia directa e inmediata de la medida, además de criterios para determinar el valor del bien y actualizar el monto correspondiente. La iniciativa también establece condiciones vinculadas con el momento en que el Estado podrá tomar posesión del inmueble y con la necesidad de que la indemnización sea abonada íntegramente. El objetivo oficial es reforzar las garantías económicas de los titulares de bienes frente a una decisión expropiatoria y establecer parámetros más precisos para determinar la compensación.

El proyecto original también había contemplado modificaciones sobre otras normas, entre ellas disposiciones vinculadas con los barrios populares y la Ley de Manejo del Fuego. Sin embargo, esos capítulos fueron retirados durante las negociaciones parlamentarias y no forman parte del texto que finalmente obtuvo sanción definitiva. En consecuencia, se mantuvieron las disposiciones vigentes del régimen de integración socio urbana para los barrios populares, incluida la suspensión de desalojos contemplada por la legislación correspondiente hasta octubre de 2032. También quedaron fuera de la reforma las modificaciones que el Gobierno había propuesto sobre el régimen de protección de los bosques frente a los incendios.
La votación de este jueves reflejó el respaldo de La Libertad Avanza y de distintos bloques aliados, entre ellos legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas y representantes de espacios provinciales. Del otro lado, el bloque Justicialista y otros sectores opositores rechazaron el texto. La discusión estuvo atravesada por dos interpretaciones diferentes sobre el alcance de la reforma: mientras el oficialismo la presentó como una herramienta para reforzar el derecho de propiedad, dar mayor seguridad jurídica y terminar con demoras judiciales, sus críticos cuestionaron las consecuencias que podrían tener los cambios en los desalojos y en las facultades del Estado para intervenir sobre bienes privados.
Durante el tratamiento legislativo en Diputados, el oficialismo había defendido la iniciativa con el argumento de que la propiedad privada constituye una condición fundamental para la inversión, la producción y el desarrollo económico. Desde esa posición, los cambios en los procedimientos judiciales permitirían proteger a quienes adquieren una vivienda, alquilan un inmueble o desarrollan una actividad productiva, mientras que las modificaciones en materia de expropiaciones establecerían límites más claros a la intervención estatal. La restitución de la Ley de Tierras, incorporada durante el debate en la Cámara baja, fue uno de los elementos que permitió modificar el equilibrio político del proyecto y reunir nuevos respaldos.
La oposición, por su parte, planteó reparos sobre el impacto social de las modificaciones y advirtió que la aceleración de los desalojos podría afectar a personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. También cuestionó los cambios en las indemnizaciones por expropiación y la posibilidad de que las nuevas exigencias dificulten determinadas intervenciones estatales vinculadas con obras públicas o necesidades colectivas. Las diferencias no se limitaron a una discusión jurídica: también reflejaron distintas concepciones sobre el papel del Estado, la protección de los derechos individuales y la función social de la propiedad.

La sanción definitiva representa un resultado legislativo importante para el Gobierno de Javier Milei, que buscaba avanzar con una reforma destinada a fortalecer las garantías sobre los bienes privados y modificar procedimientos que considera excesivamente lentos. Sin embargo, el texto final también contiene cambios que surgieron de las negociaciones con otros bloques, especialmente la restitución de la Ley de Tierras Rurales. Esa incorporación muestra que el resultado aprobado no reproduce íntegramente la propuesta original del Poder Ejecutivo, sino que es producto de modificaciones y acuerdos alcanzados durante el recorrido parlamentario.
Con la aprobación del Senado, la iniciativa quedó convertida en ley y deberá atravesar los pasos institucionales correspondientes para su promulgación y publicación oficial antes de su entrada en vigencia, de acuerdo con las disposiciones aplicables. A partir de entonces, la implementación de los cambios dependerá de su articulación con las normas procesales y de la actuación de los tribunales y organismos competentes. La nueva legislación abre una etapa de modificaciones en materia de propiedad privada, pero también deja planteado un debate sobre cómo garantizar la seguridad jurídica sin desconocer las garantías de quienes enfrentan procesos de desalojo ni las atribuciones del Estado en cuestiones de interés público.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 49 · 19/11/2026

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