La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes 9 de octubre a las 9, con el objetivo de tratar un nuevo expediente relacionado con la Ley de Tierras Rurales. El caso incluye un pedido de aclaración sobre el alcance de un fallo reciente y una medida cautelar que, si prospera, podría restablecer provisoriamente las restricciones a la adquisición de campos por parte de extranjeros. La convocatoria fue impulsada por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y participarán los tres jueces de la Corte junto con dos conjueces.
El expediente fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fcta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes solicitaron que el máximo tribunal precise si su caso queda alcanzado por la sentencia que dictó la semana pasada en un expediente impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). También plantearon que su reclamo tiene fundamentos propios, vinculados con la protección ambiental y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios.
La decisión previa de la Corte no resolvió si la derogación de la Ley de Tierras es constitucional o inconstitucional. El 29 de septiembre, los jueces revocaron una sentencia que había declarado inválido el artículo 154 del DNU 70/2023, con el argumento de que el CECIM no tenía legitimación suficiente para promover esa demanda colectiva. El fallo se concentró en un aspecto procesal del caso y no definió el fondo de la controversia. Después de esa resolución, el propio tribunal aclaró que seguían pendientes otros expedientes y pedidos cautelares relacionados con la misma normativa.
La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales en el país. El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó esa norma. Por eso, la eventual cautelar que analizará la Corte podría modificar nuevamente el escenario: si los jueces la conceden, algunas de las restricciones podrían recuperar vigencia mientras continúa la discusión judicial. Esa posibilidad no equivale a una decisión definitiva sobre la validez del decreto ni anticipa cuál será el resultado de la reunión.
El acuerdo extraordinario contará con la participación de Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, además de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. La incorporación de estos magistrados fue definida luego de que los integrantes titulares no alcanzaran una posición común sobre cómo avanzar con el planteo. La participación de los conjueces permitirá completar la integración del tribunal para tratar este expediente.
En los días previos, la Corte aceleró algunos plazos procesales para llegar a la convocatoria. El tribunal redujo de 72 a 24 horas el tiempo previsto para que las partes pudieran cuestionar la incorporación de los conjueces y habilitó días y horas inhábiles para completar ese trámite. La decisión fue adoptada en el marco de la urgencia que el tribunal atribuyó al caso y dejó conformada la integración que participará del acuerdo.
Uno de los puntos que deberá determinarse es cómo continúa el expediente presentado por Árbol de Pie, las comunidades indígenas y Odarda. La Corte podría responder el pedido de aclaración y definir si corresponde tratarlo de manera separada del caso del CECIM. También deberá considerar el planteo cautelar, aunque la convocatoria no significa que el tribunal ya haya decidido concederlo ni que la reunión necesariamente concluya con una resolución definitiva sobre la medida.
La diferencia entre ambos expedientes es central para entender el debate. En el caso del CECIM, la Corte consideró que esa asociación no estaba habilitada para impulsar la demanda en los términos en que fue presentada. Los nuevos demandantes sostienen que su reclamo se apoya en derechos ambientales y territoriales distintos, y que por eso la sentencia anterior no debería cerrar su planteo. La respuesta del tribunal permitirá establecer si el expediente puede seguir su curso y bajo qué condiciones.
La discusión judicial también se desarrolla en medio de un debate político más amplio sobre el DNU 70/2023. La derogación de la Ley de Tierras forma parte de las reformas incluidas en ese decreto y generó objeciones de sectores políticos, organizaciones y comunidades. Tras el fallo anterior de la Corte, la oposición anunció que buscaría discutir el tema en el Congreso. La reunión de este viernes podría influir en el curso de esa discusión, aunque el análisis del tribunal está limitado al expediente judicial que tiene ante sí.
Por el momento, el alcance de la reunión está definido por el caso concreto y no supone que el máximo tribunal vaya a pronunciarse sobre todos los aspectos de la Ley de Tierras. La decisión que eventualmente se adopte deberá distinguir entre la cautelar solicitada, la legitimación de quienes presentaron el reclamo y la discusión de fondo sobre el artículo 154 del DNU. Hasta que exista una resolución, no puede afirmarse que las restricciones hayan sido restablecidas ni que la Corte haya validado definitivamente su derogación.
El acuerdo extraordinario comenzará este viernes a las 9 y reunirá a los tres jueces de la Corte Suprema y a los dos conjueces designados para el expediente. El resultado podría aclarar los próximos pasos de la causa y definir si se dicta una medida provisoria mientras continúa el proceso. La cuestión de fondo, sin embargo, seguirá abierta hasta que haya un pronunciamiento específico sobre la validez constitucional de la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 8 · 08/10/2026
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