La Justicia de Santa Fe decretó la quiebra indirecta de Algodonera Avellaneda, la empresa textil y desmotadora con sede en Reconquista que atravesaba un concurso preventivo desde 2024. La decisión llegó después de que fracasaran las instancias para alcanzar un acuerdo con sus acreedores y de que no se presentaran interesados en el mecanismo de salvataje. El expediente deja ahora dos preguntas centrales: si la actividad podrá sostenerse durante la transición y qué ocurrirá con los alrededor de 350 trabajadores vinculados a la firma.
La quiebra no equivale, por sí sola, al cierre inmediato de la planta ni confirma que esos puestos de trabajo se hayan perdido. En una aclaración sobre la resolución, el juzgado pidió a los síndicos que informen si existe una alternativa para mantener temporalmente la actividad y que analicen la posibilidad de vender la empresa en funcionamiento. La continuidad dependerá de que haya un plan viable, recursos para afrontar los gastos operativos y una definición sobre el personal necesario.
La firma tiene su principal hilandería en Reconquista y cuenta con instalaciones para desmotar algodón en General Pinedo, Chaco, y en Bandera, Santiago del Estero. Su operación se había reducido y, según la información publicada sobre el caso, parte de la producción se realizaba a fasón: terceros contrataban trabajos a la planta. Esa modalidad permitió sostener actividad en medio de la crisis, pero no resuelve por sí misma cómo financiar los costos corrientes ni garantiza que el esquema pueda continuar.
El principal acreedor reconocido es el Banco Nación. De acuerdo con los datos difundidos sobre el expediente, su crédito supera los US$260 millones y también incluye una deuda en pesos de más de $1.585 millones. La acreencia representa más del 80% del pasivo verificado, una proporción que resultó decisiva en la negociación con los acreedores. Una parte de las obligaciones se relaciona con garantías otorgadas en operaciones vinculadas a Vicentin, grupo empresario con el que Algodonera Avellaneda mantiene vínculos.
La empresa también acumuló obligaciones posteriores al inicio del concurso. Infobae informó un pasivo posconcursal de aproximadamente $6.819 millones correspondiente al período 2025-2026, asociado a conceptos como energía, impuestos, costos laborales y gastos de funcionamiento. Se trata de compromisos generados durante el proceso concursal y distintos del crédito que el Banco Nación verificó en el expediente. La acumulación de esas obligaciones reflejó la dificultad para sostener la operación sin resolver la situación financiera de fondo.
Antes de decretar la quiebra, el juzgado había rechazado un planteo de la empresa para que el Banco Nación no fuera considerado en el cómputo de las mayorías de acreedores. Sin ese respaldo, la compañía no alcanzó las mayorías de capital que exige la ley para aprobar su propuesta en el concurso. Luego se abrió un registro para que terceros intentaran participar del salvataje, pero el plazo cerró sin inscripciones. Al agotarse esas alternativas, el proceso derivó en la quiebra indirecta.
La quiebra indirecta se produce cuando no se consigue una salida dentro del concurso preventivo y el proceso pasa a la etapa de liquidación judicial, con la intervención de los síndicos y bajo las decisiones del juzgado. En este caso, la resolución abre una etapa diferente para analizar los bienes, las deudas y las posibilidades de continuar con la actividad. Una opción que deberá evaluarse es la venta como unidad productiva, es decir, con la planta en marcha y no únicamente mediante la liquidación separada de sus bienes.
La venta como empresa en funcionamiento podría ayudar a preservar parte de la actividad y el valor de las instalaciones, pero requiere un comprador o una propuesta que pueda sostener la operación. También hace falta definir cómo se cubrirían los gastos corrientes y qué cantidad de trabajadores sería necesaria para mantener la producción. Hasta que esos puntos se aclaren, la alternativa no puede considerarse asegurada.
La audiencia informativa fue fijada para el 22 de octubre. Allí se espera que se expongan datos sobre la situación de la empresa y las alternativas disponibles. La convocatoria no implica que ya exista un comprador ni que la continuidad esté garantizada: el resultado dependerá de los informes, de la disponibilidad de fondos para cubrir gastos y del interés que pueda surgir por la planta o por alguna de sus unidades productivas.
La incertidumbre laboral afecta a unos 350 trabajadores, aunque algunas publicaciones citan una cifra cercana a 360. La diferencia puede obedecer al universo de puestos contabilizados y a la fecha de cada relevamiento. Por el momento, no corresponde presentar esos empleos como definitivamente perdidos: su continuidad dependerá del esquema que finalmente se adopte y de cuántos puestos requiera una eventual reactivación o venta.
El caso también tiene impacto regional. Algodonera Avellaneda forma parte de una cadena que conecta la producción algodonera del norte del país con el desmote, el hilado y otras actividades industriales. La situación de sus establecimientos puede repercutir sobre trabajadores, proveedores y productores que dependen de la demanda de la empresa. Sin embargo, el alcance de ese impacto todavía está sujeto a cómo avance el proceso judicial y a si se logra mantener alguna parte de la producción.
Por eso, el próximo paso será conocer qué informan los síndicos sobre la continuidad temporal y qué alternativas concretas aparecen para la venta. La quiebra marca el fracaso del concurso preventivo y coloca los activos de la empresa bajo un proceso judicial, pero la definición sobre el funcionamiento de las plantas y el futuro de los trabajadores sigue abierta. Hasta que se conozcan los informes y las decisiones posteriores, el dato confirmado es la declaración de quiebra; el cierre definitivo y la pérdida de los empleos todavía no están establecidos.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 16 · 16/10/2026
COMENTÁ LA NOTICIA
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.