La investigación por la presunta sustracción de $1.500.000 de un corralón de Termas de Río Hondo sumó la difusión de un video de las cámaras de seguridad del local. En la causa están imputados Mariano Páez, padre de Agostina Páez, y su pareja, María Emilia Soledad Batule. Según la información publicada sobre el expediente, los dos permanecían detenidos desde el viernes 16 de octubre y debían presentarse a una audiencia de indagatoria. La acusación está caratulada como hurto; la responsabilidad de los sospechosos deberá ser establecida por la Justicia.
El episodio investigado ocurrió el sábado 10 de octubre, entre las 12.15 y las 12.40, en una sucursal de Lo Bruno, un comercio de materiales para la construcción situado sobre la calle Juan Núñez del Prado. La reconstrucción atribuida a los investigadores señala que Páez y Batule llegaron al establecimiento y se acercaron al sector de cajas. En ese momento, una empleada habría dejado varios fajos de dinero sobre el mostrador mientras realizaba tareas vinculadas con la atención de clientes.
De acuerdo con esa hipótesis, cuando parte del efectivo quedó cerca de la ventanilla de atención, Páez habría introducido una mano por la abertura y tomado el dinero. La investigación sostiene que luego se lo habría entregado a su acompañante y que ambos se retiraron del comercio. Esta descripción corresponde a la versión incorporada a la causa y no constituye, por sí sola, una determinación judicial sobre lo ocurrido.
Las imágenes difundidas muestran el interior del local y el sector del mostrador donde habría sucedido la maniobra. Sin embargo, la sustracción no se distingue con nitidez: el vidrio y la estructura de la ventanilla obstaculizan la visión. La información de la causa indica que fuentes judiciales confirmaron la autenticidad de la grabación, aunque aclararon que se trata de un video filmado desde una pantalla y no del archivo original. También señalaron que la identificación de Páez se apoyó en otra cámara de seguridad del comercio.
La denuncia fue presentada por un representante de la firma. A partir de las actuaciones, el fiscal Emanuel Sabater solicitó medidas que, según la reconstrucción del caso, fueron autorizadas por el juez de Control y Garantías Silvio Salice. El viernes 16 se realizaron procedimientos en una vivienda de la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital santiagueña, donde fueron detenidos Páez y Batule. La causa continuará con las medidas que disponga la Fiscalía y las resoluciones judiciales correspondientes.
Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron $632.600 en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 y prendas de vestir que podrían resultar de interés para el expediente. Esos elementos quedaron incorporados a la investigación; su hallazgo no demuestra por sí mismo que los detenidos hayan participado del hecho. La Fiscalía deberá analizar la evidencia reunida y determinar qué valor tiene dentro del conjunto de las actuaciones.
El expediente fue caratulado como hurto, figura prevista en el artículo 162 del Código Penal. La información publicada sobre el caso señala que ese delito contempla una pena de un mes a dos años de prisión. La calificación puede ser revisada durante el proceso, de acuerdo con las pruebas y las decisiones de las autoridades judiciales. Por ahora, Páez y Batule son personas imputadas y conservan el derecho a defenderse y a que se respete la presunción de inocencia.
Al momento de publicarse la información original, la audiencia de indagatoria estaba prevista para el martes 20 de octubre a las 11, en la Fiscalía de Termas de Río Hondo. El abogado defensor, Sebastián Robles, había anticipado que solicitaría la excarcelación de ambos. La resolución sobre su situación de detención debía quedar a cargo del juez competente; la Fiscalía, según fuentes citadas en la cobertura, sostendría su pedido de que continuaran detenidos. No se informó aquí el resultado de esa audiencia.
La exposición pública de Mariano Páez también se vinculó con su parentesco con Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil en una causa por injuria racial y regresó a la Argentina meses atrás. Ese antecedente explica parte de la atención que recibió el caso, pero es independiente de la investigación por el dinero del corralón. La causa actual se refiere a hechos atribuidos a Mariano Páez y a Batule, y deberá resolverse a partir de las pruebas y del procedimiento judicial.
El video aporta un registro relevante para la investigación, pero la secuencia difundida tiene límites visibles y no reemplaza el análisis integral del expediente. La autenticidad atribuida a la grabación, la identificación de las personas y la interpretación de sus movimientos son aspectos distintos que deben valorarse junto con el resto de la evidencia. Mientras no exista una decisión judicial definitiva, corresponde hablar de un presunto hurto y de una acusación pendiente de resolución.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 19 · 19/10/2026
COMENTÁ LA NOTICIA
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.