La Confederación General del Trabajo (CGT) definió un nuevo esquema de protestas contra el Gobierno nacional y confirmó que saldrá a la calle para reclamar una solución a la crisis financiera que atraviesan las obras sociales sindicales. La conducción de la central obrera resolvió convocar a una movilización para el jueves 26 de noviembre frente a la Superintendencia de Servicios de Salud, en la Ciudad de Buenos Aires, y avanzar durante diciembre con una modalidad de protesta que incluirá ceses de actividades de dos o cuatro horas y asambleas en los lugares de trabajo. La estrategia busca aumentar la presión sobre la administración de Javier Milei sin recurrir, por ahora, a un paro general de alcance nacional.
La decisión fue adoptada este jueves 19 de noviembre durante una reunión de la mesa chica cegetista, realizada en la sede del Sindicato del Seguro, ubicada en Carlos Pellegrini 575. Allí participaron los principales referentes de la conducción, entre ellos Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, los tres integrantes del triunvirato que encabeza la central. También estuvieron presentes dirigentes de gremios importantes, como Héctor Daer, de Sanidad; Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos; Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria; y Guillermo Moser, de Luz y Fuerza. El encuentro permitió ordenar el calendario de acciones sindicales para las próximas semanas y definir una respuesta frente a la falta de avances en las negociaciones con el Ejecutivo.
La primera medida tendrá lugar el jueves 26 de noviembre, cuando la CGT movilice a dirigentes, delegados y trabajadores hacia la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud, ubicada sobre la calle Bartolomé Mitre al 400, en el centro porteño. El organismo tiene a su cargo funciones de regulación y control del sistema de obras sociales y de las entidades de medicina prepaga. La protesta tendrá como eje el deterioro económico de las prestadoras sindicales, las dificultades para sostener determinadas coberturas y los problemas que enfrentan para afrontar los pagos a profesionales, instituciones médicas y proveedores. La central obrera pretende que el Gobierno intervenga y ofrezca respuestas concretas a un problema que, según advierten sus dirigentes, amenaza con comprometer el funcionamiento de distintas entidades.

La preocupación sindical no es nueva. Durante los últimos meses, la conducción de la CGT mantuvo tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA. En esos encuentros se plantearon alternativas para atender las dificultades financieras del sistema y mejorar los mecanismos de financiamiento de las prestaciones. Sin embargo, desde la central obrera sostienen que las conversaciones no produjeron los resultados esperados y que las propuestas presentadas todavía no recibieron una respuesta satisfactoria. La movilización del 26 de noviembre aparece, en ese contexto, como una señal de endurecimiento frente a la falta de avances por la vía del diálogo.
Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con el funcionamiento del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), un mecanismo que se nutre de aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores y que permite financiar reintegros a las obras sociales por determinadas prestaciones. Según el diagnóstico que transmiten referentes sindicales, cerca del 90% de los recursos disponibles del fondo se estaría destinando actualmente a cubrir prestaciones vinculadas con discapacidad. Los dirigentes sostienen que esa distribución deja un margen reducido para responder a otros gastos de alta complejidad, medicamentos de elevado costo y tratamientos que también deben afrontar las entidades de la seguridad social.
La CGT advierte que las prestaciones vinculadas con discapacidad representan un gasto cercano a los 160.000 millones de pesos mensuales y que el costo promedio por afiliado puede aproximarse al millón de pesos, de acuerdo con los cálculos que manejan sus referentes. La central considera que una parte de los gastos relacionados con transporte y educación de las personas con discapacidad debería ser afrontada por las áreas estatales correspondientes, en lugar de recaer sobre los recursos destinados al financiamiento sanitario. Ese planteo ya fue presentado ante el Gobierno y forma parte de las propuestas que los dirigentes llevaron a las reuniones con Lugones. Hasta el momento, sin embargo, no se anunció un acuerdo que permita modificar el esquema reclamado por los sindicatos.

La crisis de las obras sociales tiene consecuencias que exceden las discusiones presupuestarias entre el Estado y las organizaciones gremiales. Cuando las entidades no cuentan con recursos suficientes para afrontar sus obligaciones, pueden aparecer demoras en los pagos a prestadores, dificultades para contratar servicios, restricciones en determinadas coberturas y problemas para garantizar la continuidad de tratamientos. En ese escenario, los sindicatos que administran obras sociales se ven obligados a destinar recursos propios para sostener la atención de sus afiliados. La conducción cegetista sostiene que esa situación también afecta el funcionamiento de las organizaciones gremiales, que deben responder simultáneamente a las demandas de sus trabajadores y a las necesidades financieras de sus sistemas de salud.
La protesta de noviembre también se inscribe en una disputa política y sindical por la representación del reclamo. El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo había anunciado que alrededor de 50 sindicatos impulsarían una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por la presunta retención de unos 688.000 millones de pesos que, según la denuncia sindical, corresponderían al sistema de obras sociales. Esa iniciativa fue planteada como una acción para reclamar la liberación de fondos y cuestionar el manejo de los recursos vinculados con la seguridad social. La conducción de la CGT busca ahora encabezar su propia respuesta institucional y callejera, en un contexto en el que distintos sectores sindicales reclaman medidas más contundentes contra el Gobierno.
En paralelo, la central obrera definió cómo será su protesta durante diciembre. La modalidad elegida contempla ceses de actividades de dos o cuatro horas, previstos para mediados del mes, acompañados por asambleas en los lugares de trabajo. La conducción aclaró que no se tratará de un paro general, sino de una interrupción parcial de tareas durante la cual los trabajadores permanecerán en sus establecimientos para debatir y visibilizar los reclamos sindicales. La intención es que la protesta tenga alcance en distintas actividades, pero sin reproducir necesariamente el esquema tradicional de una huelga nacional que implica dejar de concurrir a los puestos laborales.

La diferencia no es solamente formal. Dentro de la conducción cegetista existe preocupación por el impacto económico que una jornada de paro puede generar sobre los propios trabajadores, especialmente cuando la medida implica descuentos salariales o pérdida de presentismo. Por eso, los dirigentes optaron por una alternativa que permita sostener la actividad durante buena parte de la jornada y utilizar las asambleas como herramienta de presión y organización. La modalidad también busca evitar que una convocatoria de alcance nacional termine perjudicando los ingresos de quienes adhieran, en un escenario económico que la central considera complejo para los asalariados.
La decisión de no convocar a un paro general durante diciembre también refleja las diferencias que existen dentro del movimiento sindical sobre cómo enfrentar al Gobierno. Mientras la conducción del triunvirato apuesta por medidas escalonadas y protestas parciales, otros dirigentes reclaman una respuesta más fuerte. Pablo Moyano, referente del gremio de Camioneros, había solicitado un paro general de 24 horas, mientras que Luis Barrionuevo insiste con una huelga de 36 horas acompañada por una movilización. Esas posiciones expresan una interna sobre la intensidad y los tiempos del plan de lucha, aunque por el momento la mesa chica de la CGT resolvió avanzar con el esquema de protesta que considera más conveniente para las próximas semanas.
La central también mantiene abierta la posibilidad de retomar el diálogo institucional con el Gobierno. Durante la visita del papa León XIV a la Argentina se produjo un contacto informal entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y dirigentes cegetistas, entre ellos Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Gerardo Martínez. En ese intercambio se mencionó la posibilidad de reanudar las conversaciones, pero el acercamiento no se tradujo en una convocatoria formal. Desde la CGT sostienen que cualquier negociación debe desarrollarse mediante canales institucionales y con una agenda concreta, mientras que desde el entorno de la funcionaria señalaron que las puertas permanecen abiertas para recibir a los representantes sindicales.
El distanciamiento entre ambas partes se profundizó por la falta de coincidencias sobre el rumbo económico y laboral. La CGT cuestiona el impacto de las políticas oficiales sobre el empleo, los ingresos y la actividad productiva, y reclama una instancia de diálogo que permita discutir esos problemas con participación del Estado, los trabajadores y el sector empresario. La conducción sindical considera que las dificultades de las obras sociales forman parte de un escenario más amplio de deterioro del sistema laboral y de protección social. El Gobierno, por su parte, mantiene su programa económico y no anunció hasta ahora una respuesta que satisfaga las demandas planteadas por la central.

El calendario definido por la mesa chica muestra que la CGT buscará cerrar 2026 con dos acciones principales: una movilización frente a la Superintendencia de Servicios de Salud el 26 de noviembre y una jornada de ceses parciales de actividades a mediados de diciembre. La conducción no descartó que el conflicto pueda escalar durante el próximo año, aunque resolvió postergar cualquier eventual quinto paro general contra la administración de Milei. La decisión también está atravesada por el escenario político y electoral de 2027, que podría modificar las estrategias de los distintos sectores sindicales y aumentar la tensión entre la central obrera y el Ejecutivo.
Por ahora, el primer objetivo de la CGT será conseguir que el Gobierno atienda el reclamo por el financiamiento de las obras sociales y responda a las propuestas que, según los dirigentes, permanecen sin resolución desde hace meses. La movilización del jueves 26 buscará mostrar la dimensión del problema y presionar a las autoridades sanitarias para abrir una instancia de negociación. En diciembre, los ceses de dos o cuatro horas y las asambleas funcionarán como una nueva herramienta de protesta, distinta del paro tradicional. La central obrera apuesta así por mantener el conflicto activo sin convocar todavía a una huelga general, mientras espera una señal oficial que permita destrabar una crisis que afecta a millones de afiliados al sistema sindical de salud.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 49 · 19/11/2026
