Paraguay atraviesa una profunda crisis política, institucional y financiera luego de la destitución de Santiago Peña y su posterior detención. El exmandatario quedó fuera de la Presidencia este viernes 6 de noviembre, después de que la Cámara de Senadores aprobara su remoción por mal desempeño de funciones, en un proceso político que tuvo como principal detonante el colapso de Ueno Bank. La situación dio un giro todavía más contundente cuando se concretó la detención del exjefe de Estado, en el marco de las actuaciones judiciales vinculadas con las presuntas irregularidades financieras que sacudieron al país.
La decisión parlamentaria fue adoptada por 44 votos afirmativos, sin votos en contra y con un legislador ausente. El Senado encontró responsable a Peña de una serie de hechos relacionados con presuntos conflictos de intereses, utilización de recursos públicos y posibles irregularidades en los mecanismos de supervisión financiera. La resolución impidió que el exmandatario accediera a la condición de senador vitalicio y a los fueros que acompañan esa posición, por lo que deberá responder ante la Justicia en las condiciones correspondientes a un ciudadano sin esa protección institucional.
El proceso de destitución estuvo directamente relacionado con la crisis de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras digitales de Paraguay. La intervención del banco por parte del Banco Central dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus depósitos, utilizar tarjetas y realizar operaciones habituales. La situación provocó preocupación entre ahorristas, trabajadores y organismos públicos que mantenían fondos depositados en la entidad. El impacto económico y social se trasladó rápidamente a las calles, donde se registraron manifestaciones y reclamos para exigir explicaciones y responsabilidades.
Entre los cuestionamientos formulados contra Peña durante el juicio político figuraron las presuntas relaciones entre su entorno y los sectores empresariales vinculados con Ueno Bank, además de la colocación de importantes sumas de dinero público en la entidad. Los legisladores también analizaron posibles irregularidades en la supervisión del sistema financiero, los límites crediticios y el manejo de los fondos previsionales. Las acusaciones fueron consideradas por el Senado como parte de los fundamentos para declarar el mal desempeño de funciones, aunque las responsabilidades penales deberán establecerse mediante las investigaciones judiciales correspondientes.
La situación institucional se había agravado el jueves 5 de noviembre, cuando Peña presentó su renuncia a la Presidencia en medio de la presión política. Sin embargo, el Congreso no aceptó esa salida y decidió continuar con el procedimiento de juicio político. La diferencia resultó determinante porque la renuncia habría tenido consecuencias institucionales distintas a una destitución. Finalmente, el Senado resolvió avanzar con la condena parlamentaria y dejar al exmandatario expuesto a las investigaciones penales que ya se encontraban en marcha.
Después de la destitución, el Ministerio Público avanzó con las medidas judiciales relacionadas con el caso y ordenó la detención de Peña por presuntos hechos vinculados con la crisis financiera. La investigación contempla posibles delitos de lesión de confianza y otras conductas que deberán ser determinadas por las autoridades competentes. La detención del exmandatario representa un nuevo capítulo de un expediente que también involucra a antiguos funcionarios, responsables del Banco Central y directivos de la entidad financiera. La situación procesal de cada uno deberá establecerse de manera individual, respetando las garantías correspondientes.
El escándalo no se limita a la figura del expresidente. Las investigaciones alcanzan a 27 personas vinculadas con el funcionamiento de Ueno Bank y las operaciones bajo sospecha. Entre los investigados aparecen antiguos integrantes de la conducción de la entidad y empresarios relacionados con su estructura de control. Varios exdirectivos ya enfrentan medidas de prisión preventiva, mientras los investigadores analizan movimientos financieros, operaciones crediticias, depósitos públicos y documentación contable para reconstruir las circunstancias que condujeron a la intervención bancaria.
La caída de Ueno Bank tuvo consecuencias que excedieron ampliamente el ámbito empresarial. La entidad contaba con alrededor de 2,9 millones de clientes y administraba importantes depósitos provenientes de organismos estatales y fondos previsionales. El congelamiento de operaciones generó incertidumbre entre familias, comerciantes y trabajadores que dependían de sus cuentas para cobrar salarios, realizar pagos y administrar sus ahorros. Las autoridades financieras comenzaron a implementar mecanismos de devolución de depósitos, aunque la situación continúa bajo seguimiento y representa uno de los principales desafíos económicos para Paraguay.
La salida de Peña también abrió una nueva etapa en la conducción del Poder Ejecutivo. El vicepresidente Pedro Alliana quedó como principal figura para asumir la Presidencia y garantizar la continuidad institucional hasta el final del mandato previsto para agosto de 2028. La transición se desarrolla en un escenario de fuerte tensión política, con reclamos sociales, investigaciones judiciales y cuestionamientos sobre el funcionamiento de los organismos encargados de controlar el sistema financiero. La evolución de los acontecimientos será determinante para establecer las responsabilidades políticas y judiciales derivadas de uno de los episodios más graves de la historia reciente paraguaya.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 36 · 06/11/2026

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