La discusión sobre las libertades fundamentales y la situación del sistema penitenciario volvió a ocupar el centro de la agenda política de Venezuela. Organizaciones no gubernamentales, representantes de universidades y entidades vinculadas con la defensa de los derechos humanos reclamaron la derogación de la denominada Ley contra el Odio, durante una instancia de consulta pública convocada por la Asamblea Nacional. En el mismo contexto, el Parlamento venezolano anunció la reactivación del proceso de excarcelaciones de personas privadas de libertad, una decisión que abre una nueva etapa de revisión de situaciones judiciales en distintos centros de detención del país.
El encuentro se desarrolló en el marco del debate sobre la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, una normativa aprobada originalmente en 2017. La consulta contó con la participación de distintas organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y representantes del Sindicato Nacional de la Prensa. Los participantes tuvieron la oportunidad de presentar observaciones y propuestas sobre el texto que actualmente se encuentra bajo revisión legislativa. Sin embargo, una de las principales posiciones expresadas durante la jornada fue la necesidad de eliminar completamente la legislación vigente, en lugar de limitarse a introducir modificaciones parciales.
Entre las organizaciones que participaron estuvo Espacio Público, cuyo director ejecutivo, Carlos Correa, manifestó que la ley debería ser derogada y que, en caso de avanzar una nueva normativa, esta tendría que adecuarse estrictamente a los estándares internacionales de derechos humanos. El representante sostuvo que el ordenamiento jurídico venezolano ya contempla mecanismos para abordar los delitos vinculados con la incitación al odio y que no resulta necesario mantener una legislación que, desde la perspectiva de las organizaciones, puede generar restricciones indebidas sobre la libertad de expresión, opinión e información. También planteó la importancia de que cualquier eventual régimen sancionatorio esté sujeto a garantías judiciales.
Las objeciones de las ONG no se limitan a la redacción original de la norma. Las organizaciones también cuestionan distintos aspectos del proyecto de reforma impulsado por el Parlamento, al considerar que algunos de sus elementos mantienen riesgos para el ejercicio de las libertades individuales. Entre los puntos señalados aparece la utilización de conceptos que consideran imprecisos, como el denominado hostigamiento, cuya definición podría habilitar interpretaciones amplias sobre determinadas expresiones o conductas. También manifestaron preocupación por la inclusión de la opinión política entre los motivos contemplados por el proyecto, debido a las posibles consecuencias sobre la crítica pública, el debate democrático y la actividad periodística.
Otro de los aspectos que generó cuestionamientos está relacionado con las facultades previstas para exigir el retiro de contenidos difundidos por medios de comunicación y plataformas digitales. De acuerdo con las observaciones presentadas por Espacio Público y otras organizaciones, la propuesta mantiene obligaciones de eliminación inmediata de publicaciones, sin que necesariamente exista una investigación previa o una orden judicial. Para los sectores críticos, este mecanismo podría convertirse en una herramienta de presión sobre periodistas, medios y ciudadanos, especialmente cuando se trate de información vinculada con asuntos políticos o cuestionamientos a las autoridades.
La discusión legislativa también contempla modificaciones en el régimen de sanciones. Según lo expuesto durante la consulta, la propuesta busca dejar atrás las penas privativas de libertad previstas en el esquema original y avanzar hacia sanciones económicas y otras medidas administrativas. Sin embargo, para las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, ese cambio no resuelve necesariamente los problemas de fondo. Consideran que reemplazar las consecuencias penales por multas no garantiza por sí mismo el respeto de los derechos fundamentales si se mantienen definiciones ambiguas y mecanismos que podrían afectar la circulación de información y las opiniones críticas.
En paralelo al debate sobre la legislación, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, anunció la reactivación del proceso de excarcelaciones a partir del miércoles 12 de noviembre. La iniciativa contempla retomar las jornadas de evaluación y abordaje en los centros de detención preventiva, con el propósito de revisar las situaciones de las personas privadas de libertad y acelerar los procedimientos que correspondan conforme al marco legal. El anuncio representa un nuevo movimiento dentro de las medidas de revisión del sistema de justicia penal venezolano y pone nuevamente en discusión la situación de quienes permanecen detenidos a la espera de resoluciones judiciales o de los beneficios que pudieran corresponderles.
Infante explicó que el despliegue buscará agilizar los trámites legalmente previstos y facilitar la aplicación de las medidas de libertad y beneficios correspondientes. La iniciativa involucra la coordinación de distintos sectores del sistema de justicia, entre ellos representantes de organismos judiciales y funcionarios vinculados con la administración penitenciaria y los cuerpos de seguridad. No obstante, el anuncio de la reactivación no implica que todas las personas detenidas serán liberadas automáticamente: cada situación deberá ser examinada de acuerdo con las condiciones legales y judiciales correspondientes.
Por otra parte, las autoridades parlamentarias anticiparon que la consulta pública sobre la reforma continuará durante los próximos 15 días y se extenderá a las 24 entidades federales de Venezuela. La convocatoria incluirá a organizaciones no gubernamentales, universidades, movimientos sociales, sectores educativos, gremios de la comunicación y distintos representantes de la sociedad civil. Una vez finalizadas estas instancias, el proyecto deberá regresar al ámbito parlamentario para avanzar con su segunda discusión y el procedimiento legislativo correspondiente. De esta manera, el debate sobre el alcance de la normativa todavía permanece abierto y dependerá de las modificaciones que puedan incorporarse durante el proceso.

La controversia alrededor de la Ley contra el Odio vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos institucionales de Venezuela: encontrar un equilibrio entre la protección de las personas frente a los discursos discriminatorios y la garantía efectiva de la libertad de expresión. Mientras las organizaciones civiles reclaman una derogación que consideran necesaria para evitar restricciones sobre el debate público, el Parlamento sostiene que la reforma busca construir una normativa orientada a la convivencia y la reconciliación nacional. Al mismo tiempo, la reactivación de las excarcelaciones genera expectativas sobre la revisión de las detenciones y el funcionamiento del sistema judicial. Ambos procesos serán observados de cerca por organizaciones de derechos humanos y distintos sectores de la sociedad venezolana.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 42 · 12/11/2026

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