Un grave episodio de violencia y presunto acoso contra una menor de edad se registró en Ushuaia, Tierra del Fuego, donde un joven de 22 años fue detenido luego de intentar llevarse por la fuerza a una niña de 12 años en las inmediaciones de su escuela. El acusado había viajado desde la provincia de Buenos Aires hasta la capital fueguina y, de acuerdo con la investigación, mantenía desde hacía meses contactos insistentes con la estudiante a través de redes sociales y otros medios digitales. La situación derivó en un operativo policial frente al establecimiento educativo, después de que la víctima consiguiera escapar con ayuda de sus compañeros y el sospechoso intentara ingresar violentamente al edificio.
El hecho ocurrió durante el regreso de la alumna al Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU), luego del horario de almuerzo. Según la reconstrucción difundida por fuentes vinculadas con la investigación, el episodio se produjo cerca de las 13.40, cuando la menor caminaba junto a otros estudiantes por las inmediaciones de las calles Perito Francisco Moreno y Eduardo Daniel Iribarne. En ese momento, el sospechoso apareció sorpresivamente, se interpuso en su camino y la sujetó del brazo y del hombro. La habría intentado besar pese a la resistencia de la niña, mientras le repetía frases como “mi amor” y “vení conmigo”, según los testimonios incorporados a la causa.
La reacción de los compañeros resultó determinante para que la menor pudiera ponerse a salvo. Uno de los estudiantes intervino físicamente para interponerse entre el hombre y la víctima, mientras otra alumna comenzó a gritar para pedir ayuda. En medio de esa situación, la niña consiguió soltarse y corrió hacia el interior del colegio. El resto del grupo también se dirigió al establecimiento, mientras el acusado los perseguía e intentaba ingresar detrás de ellos. La intervención de los alumnos permitió interrumpir el contacto físico y darle a la víctima la posibilidad de buscar refugio dentro de la institución, donde el personal tomó conocimiento de lo que estaba sucediendo.
Sin embargo, el episodio continuó en el acceso al establecimiento. Cuando las autoridades escolares le impidieron el ingreso, el joven reaccionó violentamente y comenzó a golpear a patadas una de las puertas vidriadas de doble hoja, hasta romper parte de su estructura. Las imágenes del momento quedaron registradas en un video que fue incorporado a la cobertura periodística del caso. En la secuencia se observa al sospechoso intentando alcanzar el picaporte a través de la abertura que había provocado en el vidrio, mientras un docente procuraba impedir que avanzara hacia el interior. Según la reconstrucción de los investigadores, el hombre llegó hasta el hall central y exigió hablar con el padre de la menor, antes de que efectivos de la Policía provincial arribaran y concretaran su detención.
La investigación por el caso no comenzó con el episodio ocurrido frente a la escuela. La familia de la niña había presentado una denuncia en junio ante el Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur, a raíz de los contactos que el sospechoso mantenía con ella a través de plataformas digitales. Esa presentación había dado origen a una causa por presunto grooming, una modalidad de acoso en la que una persona adulta establece contacto con un menor mediante tecnologías de comunicación con posibles fines de índole sexual. De acuerdo con los antecedentes incorporados al expediente, los intentos de comunicación habrían continuado incluso después de la denuncia familiar y del bloqueo de los perfiles utilizados por el acusado.
Según lo denunciado por el padre de la víctima, el joven habría recurrido a diferentes cuentas en redes sociales y líneas telefónicas para intentar mantener el contacto con la niña, modificando los perfiles y números desde los cuales se comunicaba. La familia también señaló que, después de que la menor lo bloqueara, el sospechoso habría enviado mensajes amenazantes a compañeros de la escuela y a integrantes de su entorno familiar. Esos antecedentes forman parte de las actuaciones judiciales y deberán ser examinados junto con los elementos reunidos tras la detención. La investigación busca establecer la secuencia de contactos, el contenido de las comunicaciones y las circunstancias que llevaron al acusado a trasladarse desde Buenos Aires hasta Ushuaia.
La llegada del sospechoso a la ciudad fueguina constituye uno de los aspectos centrales del expediente. Según una fuente con acceso a la causa citada por Infobae, el objetivo habría sido establecer un contacto presencial con la menor y no existía un acuerdo previo con ella para encontrarse. La aparición fue descrita como intempestiva y se produjo en las inmediaciones de la institución educativa a la que asiste la niña. La distancia entre el lugar de residencia del acusado y Ushuaia, sumada a los antecedentes de comunicación digital y a la denuncia previa, son circunstancias que deberán ser valoradas por la Justicia para reconstruir la planificación y el propósito del viaje. Por el momento, esas hipótesis forman parte de la investigación y no constituyen una sentencia sobre la responsabilidad penal del detenido.
Tras el procedimiento policial, a la causa que ya investigaba el presunto grooming se incorporaron nuevas figuras penales relacionadas con el episodio ocurrido en la escuela: tentativa de rapto y daños. La investigación quedó a cargo del juez Nicolás Barone, titular del Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur. El sospechoso permanecía detenido al momento de conocerse la información y debía ser sometido a las actuaciones judiciales correspondientes. Entre las medidas previstas se encontraba una pericia psiquiátrica y el análisis del teléfono celular que fue secuestrado durante el procedimiento. El contenido del dispositivo podría aportar información sobre las comunicaciones mantenidas con la víctima, los perfiles utilizados y los contactos con personas de su entorno.
Otro de los aspectos que se encuentra bajo análisis es la posible vinculación de esta causa con otras investigaciones que involucrarían al mismo sospechoso. Según informó TN, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se evalúe la posibilidad de reunir distintas actuaciones judiciales que tramitan en diferentes juzgados y que estarían relacionadas con presuntos hechos de grooming y amenazas. La eventual acumulación de expedientes permitiría analizar de manera conjunta los antecedentes denunciados y determinar si existe una conexión entre ellos. Esa posibilidad deberá ser resuelta por las autoridades judiciales competentes, que también tendrán que establecer qué medidas de prueba corresponden y cuál será el alcance de cada investigación.
El caso volvió a poner en primer plano los riesgos que pueden surgir cuando adultos utilizan redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros espacios digitales para establecer vínculos abusivos con menores. El grooming puede desarrollarse a través de distintas plataformas y no siempre comienza con amenazas explícitas: en algunos casos, el contacto se construye de manera progresiva y puede incluir insistencia, manipulación, pedidos de información personal o intentos de trasladar la comunicación al ámbito presencial. La legislación argentina contempla este delito en el artículo 131 del Código Penal. La prevención requiere que las familias y las instituciones educativas puedan reconocer situaciones de riesgo, acompañar a niños y adolescentes y recurrir a las autoridades ante contactos sospechosos, sin responsabilizar a las víctimas por las conductas de los adultos.
La intervención de los compañeros y del personal del Colegio Integral de Educación Ushuaia fue fundamental para que la menor lograra refugiarse y para impedir que el sospechoso ingresara libremente al establecimiento. La actuación policial permitió concretar la detención y poner el episodio bajo investigación judicial. Mientras avanzan las pericias y se analizan los antecedentes de la denuncia presentada meses atrás, la prioridad institucional debe ser garantizar la protección de la niña y preservar su intimidad durante todo el proceso. La causa deberá determinar la responsabilidad del acusado por los hechos denunciados y establecer si existen otras víctimas o episodios vinculados. Hasta que exista una resolución judicial, el joven mantiene su condición de imputado y rige el principio de presunción de inocencia.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 34 · 04/11/2026
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