El Senado de la Nación dio un paso decisivo para la aprobación de una nueva legislación sobre discapacidad: un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano firmó dictamen favorable al proyecto que establece un régimen permanente de prestaciones, controles y financiamiento para el sector. La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados durante octubre y, con este avance, quedó habilitada para ser debatida en el recinto de la Cámara alta durante la próxima sesión. Si obtiene la mayoría necesaria, quedará sancionada como ley, sin necesidad de regresar a Diputados, dado que el dictamen respalda el texto que ya recibió media sanción.
El proyecto se denomina Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad y busca reemplazar el esquema de emergencia vigente, cuya fecha de vencimiento está prevista para el 31 de diciembre de 2026. La discusión legislativa estuvo atravesada por la preocupación de organizaciones, familias, personas con discapacidad y prestadores de servicios ante la incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones y los recursos disponibles. En ese contexto, los distintos bloques que acompañaron el dictamen coincidieron en la necesidad de avanzar con una norma que otorgue previsibilidad al sistema, aunque durante el debate también se expresaron cuestionamientos sobre algunos aspectos del texto y sobre la política oficial en la materia.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, que se establecen en un valor equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. El proyecto mantiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio y contempla mecanismos de actualización para evitar que los ingresos pierdan poder adquisitivo. La propuesta también busca establecer reglas más estables para la administración de estas prestaciones, en un contexto en el que las modificaciones normativas y los procedimientos de auditoría habían generado preocupación entre los beneficiarios. La intención declarada del nuevo régimen es que las pensiones formen parte de un sistema permanente de protección y no dependan exclusivamente de prórrogas periódicas de una emergencia legislativa.
Otro aspecto relevante es la compatibilidad entre la pensión no contributiva y el empleo formal. El texto permite que las personas con discapacidad puedan incorporarse a un trabajo registrado o inscribirse en determinados regímenes tributarios sin perder automáticamente el beneficio, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. La modificación apunta a evitar que el acceso al empleo se convierta en un motivo para renunciar a una prestación económica que contribuye a cubrir necesidades vinculadas con la discapacidad. También contempla la posibilidad de compatibilizar la pensión con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad. La aplicación concreta de estas disposiciones dependerá de las condiciones y procedimientos que establezca la reglamentación.
La iniciativa incorpora garantías relacionadas con la atención sanitaria y la continuidad de los servicios. En particular, contempla el acceso de las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad a las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901, mediante el Programa Incluir Salud o el mecanismo que lo reemplace en el futuro. También establece un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado, con el propósito de ordenar los valores reconocidos por los servicios que reciben las personas con discapacidad. Este punto es especialmente relevante para centros terapéuticos, instituciones educativas especiales, hogares, transportistas y profesionales que integran la red de atención, ya que la actualización de los aranceles y la regularidad de los pagos condicionan la continuidad de muchas prestaciones.
El financiamiento fue uno de los principales puntos de negociación entre el oficialismo y los bloques que acompañaron el proyecto. La nueva normativa prevé partidas presupuestarias específicas asignadas por el Ministerio de Salud para sostener el sistema y establece que los recursos destinados a ese fin no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior. Además, contempla la posibilidad de que el Tesoro nacional aporte fondos adicionales cuando las partidas previstas resulten insuficientes. La incorporación de estas garantías fue determinante para reunir apoyos parlamentarios, ya que uno de los reclamos centrales de las organizaciones del sector consiste en asegurar que las prestaciones cuenten con financiamiento efectivo y no queden sujetas a demoras o restricciones presupuestarias que comprometan su funcionamiento.
El texto también establece un mecanismo para regularizar las deudas que el Estado mantenga con los prestadores al momento de la eventual sanción de la ley. En ese supuesto, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y completar la cancelación de las obligaciones alcanzadas en un plazo máximo de 90 días, conforme a las condiciones previstas en la iniciativa. La disposición busca responder a uno de los reclamos más reiterados de instituciones y profesionales, que denunciaron dificultades para sostener sus actividades por los atrasos en los pagos y el deterioro de los valores reconocidos. La regularización de esas obligaciones será un aspecto central para evaluar el impacto real de la nueva legislación, ya que la continuidad de los tratamientos y servicios depende también de la estabilidad financiera de quienes los brindan.
En materia de controles, el proyecto dispone auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, con cruces de información entre organismos como ANSES, ARCA, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). La iniciativa contempla la posibilidad de suspender preventivamente una prestación cuando se detecten incumplimientos objetivos, pero incorpora garantías de notificación y defensa para las personas alcanzadas. Entre ellas, establece un plazo de 60 días para presentar un descargo y solicitar la revisión de la situación. Este mecanismo busca ordenar los procedimientos de fiscalización, aunque su aplicación deberá respetar las garantías administrativas y evitar que errores de información o dificultades para responder a una notificación provoquen interrupciones injustificadas de los beneficios.
El debate en el Senado estuvo encabezado por las comisiones que presiden Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, y Alicia Kirchner, del bloque Justicialista. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la propuesta al señalar que busca establecer una respuesta permanente y combinar la continuidad de las prestaciones con mecanismos de control. Desde otros sectores también se acompañó el avance, aunque con observaciones. La senadora cordobesa Alejandra Vigo reclamó modificaciones al texto, mientras que legisladores del peronismo expresaron reparos sobre el alcance de las garantías y la situación del sistema. Carlos Linares, por su parte, retiró su propuesta para prorrogar la emergencia y manifestó que el proyecto en debate no cubría todas las demandas del sector, aunque consideró necesario avanzar para reducir la incertidumbre.
La iniciativa había conseguido una amplia mayoría en Diputados, donde fue aprobada en octubre con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. Ese respaldo permitió que el texto llegara al Senado con una base parlamentaria amplia, aunque el tratamiento en la Cámara alta estuvo acompañado por cuestionamientos sobre la situación de las prestaciones y las modificaciones impulsadas por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027. En particular, legisladores de distintos espacios habían objetado disposiciones presupuestarias que podían alterar aspectos de la emergencia en discapacidad, las pensiones y el financiamiento de los prestadores. El dictamen firmado este miércoles respalda el texto aprobado por Diputados, por lo que no incorpora modificaciones que obliguen a devolverlo a la Cámara de origen.
Con el despacho de comisión, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto del Senado, donde el oficialismo y los bloques que respaldaron el dictamen buscarán reunir los votos para convertirlo en ley durante las próximas semanas. El calendario legislativo agrega presión al debate: el período ordinario de sesiones finaliza el 30 de noviembre, mientras que la emergencia vigente vence el último día de diciembre. Para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores, el resultado de esa votación será determinante para conocer bajo qué reglas funcionará el sistema durante los próximos años. Hasta que el Senado vote y se complete el procedimiento legislativo, la iniciativa sigue siendo un proyecto con media sanción y dictamen favorable, no una ley nacional ya sancionada.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 34 · 04/11/2026
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