El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves 5 de noviembre su renuncia a la Presidencia de la República, en medio de una de las mayores crisis políticas y financieras que enfrenta el país en los últimos años. La decisión fue comunicada mediante un mensaje grabado difundido en sus redes sociales, mientras la Cámara de Diputados debatía un pedido de juicio político en su contra. La crisis se desencadenó tras la intervención y posterior proceso de disolución de Ueno Bank, una entidad financiera digital cuya situación dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros y puso bajo cuestionamiento el manejo de importantes recursos públicos.
En su mensaje dirigido a la ciudadanía, Peña sostuvo que había tomado la decisión de presentar su renuncia pensando en la estabilidad nacional, la paz social y la preservación de las instituciones democráticas. El mandatario expresó que atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida y afirmó que la historia se encargaría de juzgar los acontecimientos. También manifestó que ningún cargo puede estar por encima del bienestar de Paraguay y pidió que se garantice la protección de los recursos públicos y privados comprometidos en la crisis financiera. Sus declaraciones buscaron justificar una salida institucional en medio de la creciente presión política y social.
La decisión presidencial se produjo después de que el expresidente paraguayo Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, anunciara que el oficialismo acompañaría el juicio político contra Peña. El pronunciamiento tuvo un impacto determinante porque Cartes había sido uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial del mandatario en las elecciones de 2023. El retiro del respaldo de sectores de su propia fuerza política modificó el escenario legislativo y dejó al presidente frente a una situación de aislamiento dentro del espacio que lo había llevado al poder.
El proceso de juicio político había sido impulsado por legisladores opositores y disidentes del oficialismo mediante una acusación que también alcanzaba al vicepresidente Pedro Alliana. El documento presentado ante la Cámara de Diputados reunió inicialmente 35 firmas y planteó presuntas responsabilidades políticas relacionadas con la crisis bancaria, posibles conflictos de intereses y el manejo de fondos públicos. Sin embargo, el escenario cambió rápidamente cuando sectores del Partido Colorado anunciaron su respaldo a la iniciativa. La sesión extraordinaria se convirtió en el escenario de una definición institucional que avanzó incluso después de que Peña comunicara públicamente su decisión de abandonar el cargo.
En uno de los acontecimientos más relevantes de la jornada, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos a favor y ninguno en contra, la acusación para someter a Peña a juicio político, apenas minutos después de que anunciara su renuncia. La votación representó un fuerte rechazo legislativo al mandatario y trasladó la definición al Senado paraguayo, donde se necesita una mayoría de dos tercios para declarar la culpabilidad en el procedimiento. La situación abrió un escenario institucional particular, porque la renuncia presidencial y el proceso de juicio político avanzaron simultáneamente y sus consecuencias pueden tener efectos diferentes sobre la continuidad política del exmandatario.
El origen de la crisis se encuentra en la situación de Ueno Bank, cuyo funcionamiento fue intervenido por el Banco Central del Paraguay después de detectar un deterioro significativo en sus indicadores de solvencia. Según la información publicada sobre el procedimiento, el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de los niveles mínimos exigidos por la regulación financiera. El banco contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes. La intervención dejó a numerosos ahorristas sin acceso inmediato a sus cuentas y generó preocupación por las consecuencias sobre salarios, pensiones y otros recursos depositados en la institución.
Uno de los aspectos más delicados del caso está relacionado con los fondos públicos que administraba la entidad financiera. Ueno Bank concentraba depósitos estatales cercanos a los 850 millones de dólares, entre ellos recursos vinculados al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de administrar importantes fondos del sistema previsional paraguayo. La exposición de recursos pertenecientes a organismos públicos amplificó el impacto de la intervención y convirtió el problema bancario en una cuestión de alcance nacional. Las autoridades debieron avanzar con medidas de emergencia para establecer mecanismos de devolución de los depósitos, mientras los clientes reclamaban respuestas y garantías concretas sobre la recuperación de su dinero.
La relación anterior de Peña con el grupo empresarial vinculado a Ueno también quedó bajo investigación política. El mandatario había sido accionista de Grupo Vázquez, conglomerado relacionado con la propiedad de la entidad financiera, y se había desvinculado de su participación accionaria en abril de 2025, según los antecedentes difundidos durante la cobertura del caso. Los cuestionamientos se centraron en los posibles conflictos de intereses y en las decisiones adoptadas durante su administración respecto de los organismos financieros y los recursos públicos. Peña rechazó las acusaciones de irregularidades y sostuvo que cualquier responsabilidad debía determinarse mediante los procedimientos correspondientes. La investigación judicial y las actuaciones legislativas deberán establecer los alcances de las responsabilidades individuales e institucionales.
La crisis también tuvo consecuencias en el ámbito judicial. El Ministerio Público paraguayo imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras relacionadas con operaciones crediticias realizadas entre 2025 y 2026. Entre las operaciones investigadas aparecen préstamos y sobregiros concedidos a empresas vinculadas al mismo grupo económico, bajo condiciones que, según la acusación fiscal, no habrían respetado los parámetros habituales de evaluación del riesgo. Además, ocho directivos de la entidad quedaron involucrados en las actuaciones judiciales y se solicitaron medidas cautelares sobre los responsables y sus bienes. Estas investigaciones deberán avanzar de manera independiente de las decisiones políticas adoptadas por el Congreso.
En cuanto a la continuidad institucional, el vicepresidente Pedro Alliana aparece como el principal sucesor de Peña para completar el período presidencial que se extiende hasta agosto de 2028, siempre que se concrete formalmente la aceptación de la renuncia y se cumplan los procedimientos constitucionales correspondientes. El Congreso debía tratar la presentación presidencial y avanzar con la transición del Poder Ejecutivo, mientras el Senado conservaba la responsabilidad de definir el procedimiento de juicio político. La situación mantiene abiertas distintas cuestiones sobre el futuro institucional del país, las responsabilidades por la crisis financiera y las garantías para los depositantes. La renuncia anunciada por Peña no cierra por sí misma las investigaciones ni resuelve el destino de los fondos comprometidos en Ueno Bank.
El caso representa un episodio de fuerte impacto para Paraguay, tanto por sus consecuencias económicas como por la dimensión política que alcanzó en pocas jornadas. La situación de millones de clientes, la exposición de recursos públicos, las investigaciones judiciales y la pérdida de respaldo del oficialismo confluyeron en una crisis que terminó con el anuncio de salida del presidente y una votación de juicio político en su contra. Mientras las instituciones avanzan con las decisiones correspondientes, la atención de la ciudadanía permanece centrada en la recuperación de los ahorros, la protección de los fondos públicos y el esclarecimiento de las posibles responsabilidades detrás del colapso de la entidad financiera.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 35 · 05/11/2026
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