El Senado de la Nación sancionó este jueves 19 de noviembre la nueva Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que establece un marco de funcionamiento permanente para las políticas destinadas a las personas con discapacidad y deja atrás el esquema transitorio de emergencia que vence a fines de 2026. El proyecto obtuvo un respaldo contundente en la Cámara alta: fue aprobado con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, en una definición que reunió a legisladores de distintos espacios políticos. La decisión representa un paso central para garantizar la continuidad de prestaciones, pensiones y mecanismos de financiamiento, aunque el desafío principal estará puesto en su implementación y en el cumplimiento efectivo de las obligaciones que establece.
La nueva legislación mantiene varios de los puntos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso había aprobado anteriormente y que el Gobierno debió aceptar durante el tratamiento parlamentario. Entre ellos se encuentran la continuidad de las pensiones no contributivas, la actualización de los valores de las prestaciones, el nomenclador universal y la unificación de los aranceles. El objetivo es reemplazar un sistema sujeto a prórrogas y decisiones transitorias por reglas estables que permitan a beneficiarios, familias, instituciones y profesionales contar con mayor previsibilidad para organizar la atención y sostener los servicios.
Uno de los aspectos más importantes de la norma es la continuidad de la pensión no contributiva por discapacidad, cuyo monto se establece en el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) mantiene un papel central dentro del esquema de acceso a los beneficios contemplados por la legislación. De esta manera, se busca sostener una prestación económica destinada a personas que, por su situación, necesitan acompañamiento del Estado y no cuentan con los recursos suficientes para afrontar por sus propios medios las necesidades vinculadas con su condición.
Otro punto relevante es la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el desarrollo de una actividad laboral formal. La ley permite que las personas titulares del beneficio puedan conservarlo si acceden a un empleo registrado o se encuentran inscriptas en un régimen tributario, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). La disposición busca evitar que una persona deba elegir entre recibir una prestación de protección social o incorporarse al mercado laboral. También intenta reducir los obstáculos que históricamente dificultaron la inserción laboral de personas con discapacidad, al permitir que puedan desarrollar una actividad económica sin perder automáticamente el ingreso que reciben del sistema previsional.
La continuidad del nomenclador único nacional constituye otro de los ejes centrales de la legislación. Ese instrumento establece los valores de referencia para las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad y permite ordenar los aranceles que reciben los distintos prestadores del sistema. Su mantenimiento busca evitar que existan diferencias arbitrarias entre los valores reconocidos por las distintas coberturas y garantizar un marco común para servicios esenciales como rehabilitación, tratamientos, apoyos terapéuticos, transporte especializado y otras prestaciones contempladas dentro del régimen de atención integral. La norma también sostiene el principio de arancel unificado, una de las principales demandas de las instituciones y organizaciones que trabajan con esta población.
La actualización periódica de esos valores quedó incorporada como un mecanismo estable. La ley establece que los aranceles deberán ajustarse automáticamente tomando como referencia la movilidad jubilatoria, vinculada con la evolución de los precios. De esta manera, se busca evitar que los montos reconocidos a los prestadores queden desactualizados frente al avance de la inflación y que las instituciones deban afrontar durante períodos prolongados una diferencia creciente entre sus costos reales y los ingresos que reciben por los servicios brindados. Para los centros de día, establecimientos educativos, transportistas, profesionales y organizaciones especializadas, este punto resulta fundamental para sostener el funcionamiento cotidiano y evitar interrupciones en la atención.
La legislación también contempla la continuidad de la cobertura médica mediante el Programa Federal Incluir Salud para las personas titulares de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura de salud. El programa permite acceder a medicamentos, tratamientos y prestaciones básicas, por lo que su funcionamiento resulta especialmente importante para quienes dependen de esos servicios para mantener la continuidad de sus cuidados. La nueva norma establece garantías presupuestarias para el área y dispone que los recursos asignados no pierdan poder adquisitivo en términos reales respecto del ejercicio anterior. Si las partidas previstas resultaran insuficientes, se contempla la intervención del Tesoro Nacional para cubrir las diferencias necesarias.
El financiamiento fue uno de los temas más discutidos durante el debate parlamentario. La sostenibilidad del sistema no depende solamente de reconocer derechos en el texto de una ley, sino también de garantizar que existan recursos disponibles para cumplirlos. Durante la sesión se mencionaron estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo de las medidas: alrededor de 600.000 millones de pesos para 2026 y una proyección de 1,2 billones para 2027. Las cifras fueron utilizadas para dimensionar el impacto presupuestario de la normativa y la necesidad de prever partidas específicas que permitan sostener las obligaciones asumidas por el Estado.
La norma incorpora, además, mecanismos de auditoría y control periódico sobre las pensiones no contributivas. La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá realizar cruces de información con organismos como la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). El propósito es verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y detectar posibles inconsistencias en la información declarada por los beneficiarios. Sin embargo, la legislación también contempla garantías para evitar que una irregularidad administrativa derive automáticamente en la pérdida definitiva de un derecho.
En caso de detectarse un incumplimiento objetivo, el sistema podrá disponer una suspensión preventiva del beneficio, pero deberá garantizar la notificación al titular y el derecho a presentar un descargo. El procedimiento incorpora mecanismos de debido proceso inclusivo y contempla la posibilidad de rehabilitación provisoria mientras se resuelve la situación. Este aspecto resulta especialmente relevante por los cuestionamientos que generaron anteriores procesos de auditoría y las dificultades que enfrentaron personas con discapacidad para responder a notificaciones, acreditar documentación o resolver problemas administrativos. La nueva legislación busca combinar controles sobre el uso de los recursos públicos con garantías para quienes dependen de esas prestaciones.
Otro reclamo histórico del sector está relacionado con las deudas acumuladas con instituciones, transportistas y profesionales. Para atender esa situación, el texto aprobado incorpora una cláusula que obliga al Poder Ejecutivo a publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley, en caso de que existan compensaciones pendientes. Además, establece que las obligaciones deberán cancelarse dentro de un plazo máximo de 90 días. La disposición apunta a dar una respuesta a prestadores que durante meses denunciaron atrasos en los pagos, dificultades para cubrir salarios y costos operativos, y riesgos para la continuidad de servicios destinados a personas que necesitan atención permanente.
Durante el debate, distintos senadores plantearon que la aprobación de la ley no resuelve automáticamente todos los problemas que atraviesa el sistema. La senadora Alicia Kirchner manifestó su preocupación por la capacidad operativa de los organismos encargados de ejecutar las políticas y advirtió sobre la distribución territorial de los centros de atención y las oficinas disponibles. También cuestionó que las decisiones administrativas puedan trasladar nuevas dificultades a las familias si no existen estructuras suficientes para atender los trámites y garantizar las prestaciones. Otras intervenciones hicieron hincapié en la necesidad de que el Presupuesto 2027 contemple los fondos necesarios para que las garantías aprobadas no queden limitadas a una declaración formal.
Desde el oficialismo, el senador Agustín Monteverde defendió la necesidad de establecer reglas permanentes y sostuvo que prolongar indefinidamente un régimen de emergencia genera incertidumbre tanto para los beneficiarios como para los prestadores. La senadora libertaria Ivanna Arrascaeta también respaldó la iniciativa y señaló que el sistema necesita previsibilidad, recursos asignados y controles. Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza, destacó el acuerdo político alcanzado durante el tratamiento parlamentario y sostuvo que la nueva normativa establece condiciones más estables que las sucesivas medidas transitorias. La aprobación unánime mostró que, pese a las diferencias políticas sobre el manejo del área, existió coincidencia en la necesidad de evitar un vacío normativo cuando venza la emergencia.
Desde la oposición, las advertencias estuvieron concentradas en la ejecución presupuestaria, las deudas con prestadores y el deterioro que atravesó el sector durante los últimos años. Durante la sesión se mencionaron reclamos por pagos pendientes y dificultades para sostener servicios, además de cuestionamientos sobre las auditorías y las suspensiones de beneficios. También se puso el foco en la necesidad de que el Gobierno garantice los recursos para el Programa Incluir Salud y para las instituciones que prestan servicios de rehabilitación, educación y acompañamiento. La discusión dejó en evidencia que el consenso sobre el texto legislativo no elimina las diferencias acerca de las responsabilidades del Estado y la situación actual de las políticas públicas de discapacidad.
La sanción se produjo luego de que la iniciativa consiguiera una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, donde había sido aprobada con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. El paso por el Senado permitió completar el recorrido legislativo y convertir el proyecto en ley. A partir de ahora, corresponderá al Poder Ejecutivo avanzar con los procedimientos institucionales para su promulgación y reglamentación. El texto establece un plazo de 30 días para reglamentar la norma una vez promulgada, una instancia fundamental para precisar los procedimientos administrativos, los mecanismos de actualización y las responsabilidades de los organismos involucrados.

La nueva legislación llega en un momento de fuertes dificultades para el sistema de atención. Organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores vienen reclamando previsibilidad, actualización de aranceles y cancelación de deudas, además de respuestas frente a las demoras administrativas y las dificultades para acceder a determinadas prestaciones. La sanción representa una respuesta legislativa a una parte de esas demandas, pero su impacto real dependerá de que los recursos comprometidos lleguen a destino y de que los organismos responsables puedan garantizar el cumplimiento de cada disposición. La continuidad del nomenclador y la actualización por inflación serán especialmente observadas por quienes sostienen servicios cuyo costo depende de manera directa de los valores reconocidos por el sistema.
Con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, el Senado aprobó una norma que busca dejar atrás la emergencia y establecer un marco permanente para las políticas de discapacidad en la Argentina. La continuidad de las pensiones, la compatibilidad con el empleo formal bajo determinados límites de ingresos, el nomenclador universal, la actualización de aranceles, la cobertura de Incluir Salud y los mecanismos de financiamiento conforman los principales pilares del nuevo régimen. Sin embargo, la aprobación parlamentaria es apenas una etapa: ahora el desafío será transformar esos compromisos en prestaciones efectivas, pagos en tiempo y forma y garantías concretas para las personas con discapacidad y sus familias.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 49 · 19/11/2026
