La oposición no logró reunir el quórum para abrir la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados con el objetivo de rechazar el DNU 70/2023. El recinto necesitaba 129 legisladores sentados para iniciar el debate, pero los bloques que impulsaban la convocatoria quedaron por debajo de ese mínimo. Ante la falta de número, la sesión se cayó sin que la Cámara baja tratara el decreto ni los demás proyectos incluidos en el temario. La actividad parlamentaria estaba prevista para coincidir con una jornada de movilización frente al Congreso y con la quinta Marcha Federal Universitaria. El intento opositor quedó así bloqueado antes de que comenzara la discusión política de fondo.
La convocatoria tenía como eje el rechazo integral del decreto firmado por Javier Milei en diciembre de 2023, pero también incorporaba iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar. Entre ellas se encontraba la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y propuestas para aliviar la morosidad de los hogares. La combinación de temas buscaba ampliar el número de diputados dispuestos a sentarse en el recinto, incluso entre sectores que podían tener diferencias sobre el alcance del rechazo al DNU. Sin embargo, los apoyos no alcanzaron para habilitar el tratamiento. Al caerse la sesión, ninguno de esos proyectos avanzó en esa instancia.
El principal efecto inmediato es que Diputados no emitió una resolución sobre el DNU 70/23. El Senado ya lo había rechazado el 14 de marzo de 2024, con 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones, pero la Cámara baja todavía debía pronunciarse para completar el trámite parlamentario. El artículo 24 de la Ley 26.122 establece que el rechazo por ambas cámaras implica la derogación del decreto. Como Diputados no llegó a sesionar ni a votar, ese paso no se produjo y el DNU permanece vigente. La caída del encuentro, por lo tanto, evitó una definición legislativa sobre el conjunto de sus disposiciones.
El DNU 70/2023 fue una de las primeras medidas de gran alcance del gobierno de Milei y dispuso cambios en numerosas áreas de la actividad económica y de la regulación estatal. Entre sus disposiciones se incluyeron modificaciones y derogaciones de normas sobre alquileres, abastecimiento, góndolas, medicina prepaga, contratos y otras actividades. Su extensión y diversidad hicieron que el debate sobre su continuidad reuniera posiciones diferentes incluso entre legisladores opositores. Algunos sectores cuestionaron el alcance general del decreto; otros señalaron que una derogación completa también alcanzaría medidas que consideran convenientes o que tienen efectos específicos en sus provincias. Esa amplitud formó parte de las dificultades para construir una mayoría y asegurar la presencia requerida.
La disputa volvió a tomar impulso luego de que la Corte Suprema modificara el escenario judicial relacionado con la Ley de Tierras Rurales. El artículo 154 del DNU había derogado esa norma, que establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Tras decisiones judiciales sobre la aplicación del artículo, la oposición convocó a tratar el rechazo de todo el megadecreto. En paralelo, el oficialismo incorporó al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada artículos para dejar sin efecto el artículo 154 y restablecer la Ley de Tierras, una estrategia que buscó responder a los reclamos de sectores aliados sin aceptar la derogación integral del DNU. El proyecto tenía previsto continuar su recorrido legislativo en una sesión posterior.
La asistencia de los bloques provinciales era uno de los puntos más observados antes de la convocatoria. Los conteos previos ubicaban a la oposición por debajo de los 129 presentes y dependían, en buena medida, de legisladores cuyos espacios responden a gobernadores o mantienen negociaciones con la Casa Rosada. En la previa se mencionaron definiciones pendientes en bancadas de provincias como Salta, Tucumán y Catamarca, además de divisiones dentro de interbloques dialoguistas. La información publicada por Infobae puso el foco en las ausencias de legisladores cercanos a mandatarios provinciales como un factor clave para frustrar el quórum. Esa lectura describe el peso político de las ausencias en el recuento, pero no permite atribuir por sí sola una orden directa de los gobernadores a cada diputado.
El llamado opositor también coincidió con reclamos por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y con protestas de organizaciones sociales, sindicales y de personas con discapacidad. La movilización le dio visibilidad al debate, aunque no modificó el requisito reglamentario de asistencia para que la Cámara pudiera iniciar la sesión. La falta de quórum impidió que la Cámara iniciara el debate y trasladó la discusión a una nueva ronda de negociaciones parlamentarias. Mientras tanto, las partes buscaban determinar quiénes habían faltado y qué margen quedaba para insistir con el tema.
El fracaso de la convocatoria no cerró el debate sobre el decreto. La Libertad Avanza había llamado a una sesión para el 21 de octubre con un temario que incluye el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y otras iniciativas vinculadas con discapacidad y endeudamiento familiar. Ese escenario abre una nueva instancia para discutir los asuntos que quedaron pendientes, aunque no equivale a una nueva convocatoria para rechazar íntegramente el DNU. La oposición deberá definir si vuelve a buscar el quórum, si negocia cambios en el temario o si concentra sus esfuerzos en artículos particulares. Hasta que exista una nueva decisión parlamentaria, el DNU 70/2023 continúa vigente y sin rechazo de la Cámara de Diputados.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 15 · 15/10/2026
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