El oficialismo consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que incluye medidas vinculadas con la protección de los recursos naturales en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. El texto avanzó en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, luego de que el Gobierno aceptara cambios reclamados por bloques aliados. La fecha que maneja La Libertad Avanza para llevarlo al recinto es el jueves 12 de noviembre, aunque el cronograma todavía es tentativo y podría modificarse.
Uno de los capítulos que recibió ajustes es el referido a las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur. La propuesta contempla actividades relacionadas tanto con recursos renovables como no renovables, y establece consecuencias para quienes participen de esos negocios. Durante la negociación, el oficialismo limitó el alcance de la responsabilidad a quienes operen directamente dentro del territorio argentino: operadores, licenciatarios, proveedores y accionistas directos de los proyectos alcanzados por la norma.
La modificación también establece excepciones para accionistas minoritarios, con participaciones de hasta el 2%, y para fondos de inversión indirectos que tengan alguna participación en las empresas involucradas. El alcance de las sanciones había generado objeciones de distintos sectores, entre ellas las vinculadas con posibles consecuencias para compañías extranjeras. En ese contexto, el Gobierno buscó acotar quiénes podrían quedar alcanzados por multas o por la suspensión y cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina.
El proyecto crea, además, un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior. El organismo estará encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica. Entre sus atribuciones figura evaluar inversiones impulsadas por Estados extranjeros y empresas con capitales de ese origen en sectores estratégicos, como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.
A pedido de legisladores aliados, el texto prevé que el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado, gobernadores y autoridades del área de seguridad puedan participar del Consejo como miembros no permanentes cuando la cuestión tratada lo justifique. También se incorporó una comisión bicameral de seguimiento para controlar el funcionamiento del organismo. El Poder Ejecutivo deberá informar a esa comisión, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo, según los cambios incluidos en el dictamen.
Otro de los capítulos revisados es el que penaliza acciones de injerencia extranjera. La iniciativa prevé penas de cinco a doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. El dictamen define como campaña de injerencia extranjera las acciones planificadas, sistemáticas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas que busquen alterar elecciones, influir en la formación de la voluntad política o condicionar decisiones de las autoridades.
La nueva redacción incorpora exclusiones expresas para actividades que no quedarían comprendidas en esa definición: la actividad diplomática conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones de un Estado extranjero, el trabajo periodístico, la investigación académica y la representación abierta y regulada de intereses. Sin embargo, algunos bloques aliados que acompañaron el dictamen en disidencia sostienen que todavía hacen falta precisiones, en especial en los artículos 127, 128 y 129. Entre sus reparos mencionaron la necesidad de aclarar cómo se aplicarían las disposiciones a organizaciones de la sociedad civil que buscan incidir en políticas públicas.
El avance en comisión no implica que el proyecto se haya convertido en ley. La iniciativa deberá ser debatida y votada por la Cámara de Diputados y, si obtiene media sanción, continuar su trámite en el Senado. Aunque el oficialismo prevé llevarla al recinto el 12 de noviembre, la fecha podría cambiar por el calendario parlamentario de esa semana y la visita del papa León XIV a la Argentina. Además, las diferencias pendientes sobre el capítulo de injerencia extranjera podrían derivar en nuevas modificaciones antes del debate.
El dictamen de mayoría refleja un acuerdo legislativo sobre una versión revisada de la propuesta, pero no elimina todas las objeciones. La discusión que sigue combinará los objetivos declarados de defensa de la soberanía y protección de los recursos naturales con el análisis de las facultades del Consejo de Seguridad Nacional, los mecanismos de control parlamentario y los límites de las sanciones penales. El resultado del debate dependerá de si el oficialismo logra sostener los apoyos obtenidos en comisión y reunir los votos necesarios para aprobar el texto en el recinto.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 27 · 27/10/2026
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