La Justicia Federal dispuso una medida cautelar contra Jorge Gamal Abdel Chamía, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, denunciado por una empleada judicial por presuntos hechos de acoso sexual y violencia de género. La resolución establece que el magistrado no podrá mantener ningún tipo de comunicación con la denunciante, María Emilia Galván, y tampoco podrá intervenir en decisiones administrativas que afecten su situación laboral o personal.
La medida fue dictada por el Juzgado Federal N.º 1 de Córdoba, a cargo del juez Carlos Arturo Ochoa, luego de que el expediente fuera trasladado a esa jurisdicción. La decisión respondió a una presentación realizada por Juan Pablo Tripputi, representante de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
El planteo sindical solicitó que Chamía se apartara de cualquier intervención administrativa relacionada con Galván, especialmente después de una entrevista periodística en la que el magistrado habría revelado la identidad de la denunciante y difundido detalles de su entorno familiar y su vida privada.
Según los fundamentos de la resolución, esa exposición constituyó una situación de revictimización y vulneró las disposiciones de la Ley de Protección Integral a las Mujeres y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
UNA DENUNCIA POR PRESUNTO ACOSO Y VIOLENCIA DE GÉNERO
María Emilia Galván, quien se desempeña como oficial en el Tribunal Oral Federal de La Rioja, presentó durante abril de 2026 denuncias administrativas y penales contra Chamía. En sus presentaciones describió diferentes episodios que atribuyó al magistrado y que, según su relato, incluyeron comentarios inapropiados sobre su cuerpo, insinuaciones de índole sexual y situaciones de maltrato en el ámbito laboral.
La empleada también señaló que habría recibido descalificaciones reiteradas sobre su desempeño profesional y describió un contexto de hostigamiento que le habría generado temor de continuar compartiendo el espacio de trabajo con el juez.
Ante esa situación, Galván se trasladó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde realiza sus tareas bajo la modalidad de trabajo remoto, luego de obtener una medida cautelar que le permitió continuar prestando servicios a distancia.
La denunciante había sufrido un accidente cerebrovascular en 2024, que le dejó secuelas físicas y psiquiátricas. Según su presentación, las dificultades relacionadas con las licencias médicas y las exigencias de reincorporación presencial también formaron parte del conflicto laboral.
EL TRASLADO DE LA CAUSA A CÓRDOBA
En un primer momento, la denuncia tramitó en el Juzgado Federal de La Rioja, a cargo de Daniel Herrera Piedrabuena, quien había delegado la investigación en el fiscal Rafael Alberto Vehils Ruiz.
Sin embargo, cuando el caso tomó estado público, Herrera Piedrabuena se excusó y el expediente terminó en la Justicia Federal de Córdoba.
La investigación había permanecido sin avances durante aproximadamente dos meses, según la reconstrucción publicada por Infobae. La nueva intervención judicial incorporó ahora medidas de protección para evitar que el magistrado denunciado tenga contacto con la empleada o pueda adoptar decisiones que repercutan sobre sus condiciones de trabajo.
LA POLÉMICA POR EL NOMBRAMIENTO DE LA HIJA DEL JUEZ QUE INVESTIGABA EL CASO
El expediente también quedó atravesado por una controversia institucional relacionada con una designación dentro del propio Tribunal Oral Federal de La Rioja.
En octubre, Chamía y el camarista Mario Eduardo Martínez aprobaron la designación interina de Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe como jefa de despacho. La funcionaria es hija de Daniel Herrera Piedrabuena, el juez que tenía a su cargo la investigación inicial contra Chamía.
La decisión contó con la disidencia del tercer integrante del tribunal, José Quiroga Uriburu, quien cuestionó la incorporación de una persona ajena a la planta activa del organismo.
La designación generó objeciones sindicales y un recurso de reconsideración presentado por un empleado judicial que reclamó la revisión del nombramiento. La controversia sumó cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses en el funcionamiento del tribunal.
Herrera Piedrabuena se había excusado posteriormente de intervenir en la causa penal contra Chamía, por lo que el expediente pasó a la jurisdicción cordobesa.
LA DEFENSA DEL MAGISTRADO Y EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN
El juez Chamía no ofreció declaraciones a Infobae sobre las acusaciones. Su abogado defensor, Emilio Roberto Pagotto, calificó la denuncia como una falsa acusación y sostuvo que la presentación buscaría obtener una medida de protección que justificara la modalidad de trabajo remoto de la empleada.
Por su parte, Galván mantiene sus denuncias en las instancias correspondientes y cuenta con una medida cautelar que le permite continuar trabajando a distancia.
La prohibición de contacto constituye una medida judicial preventiva y no representa una condena ni una declaración de culpabilidad contra el magistrado. La investigación deberá determinar la existencia de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades penales.
El caso vuelve a poner bajo atención el funcionamiento institucional de los tribunales federales de La Rioja, las garantías de protección para las trabajadoras judiciales y los mecanismos de control frente a denuncias que involucran a integrantes del Poder Judicial.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 34 · 04/11/2026
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