Claudio “Chiqui” Tapia podría buscar una candidatura a diputado nacional en 2027, de acuerdo con una versión difundida por el periodista Beto Valdez en X. El posteo plantea que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) procuraría un lugar en la lista del PJ bonaerense, en un contexto atravesado por investigaciones y causas judiciales. Hasta el momento, sin embargo, no hay una postulación anunciada ni una confirmación pública de Tapia o de las autoridades partidarias. La posibilidad debe leerse como una versión política y no como una decisión electoral tomada.
Valdez también vinculó esa hipótesis con el valor que tendría para Tapia una banca parlamentaria frente a sus expedientes judiciales. Esa interpretación no prueba cuál sería el motivo de una eventual candidatura. Sí abre una discusión sobre qué protección ofrecen los fueros y cuáles son sus límites. La inmunidad parlamentaria está prevista para resguardar el funcionamiento del Congreso; no equivale a una declaración de inocencia ni convierte a un legislador en alguien ajeno a la Justicia.
El caso judicial más avanzado de los que involucran al dirigente es el expediente por la presunta retención indebida de impuestos y aportes de la seguridad social por parte de la AFA. En junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos de Tapia, del tesorero Pablo Toviggino y de la propia asociación. La causa comprende más de $19.000 millones que, según la acusación, no se habrían ingresado dentro de los plazos correspondientes. Un procesamiento es una instancia del proceso penal y no una condena firme: la responsabilidad debe determinarse en un eventual juicio y con las garantías de defensa.
Por separado, Tapia es investigado por presunto enriquecimiento ilícito vinculado con su desempeño en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). En septiembre, el juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba y levantó los secretos fiscal, bancario y bursátil para reconstruir su evolución patrimonial. La pesquisa incluye pedidos de información a organismos públicos, bancos y otras entidades. Se trata de una investigación en curso: las medidas buscan reunir y analizar evidencia, y no acreditan por sí mismas la comisión de un delito.
La Constitución establece que los diputados y senadores no pueden ser arrestados desde el día de su elección hasta el cese de su mandato, salvo la excepción prevista para el flagrante delito. También contempla que la Cámara correspondiente pueda suspender al legislador y ponerlo a disposición de la Justicia con una mayoría de dos tercios. Por eso, una eventual inclusión de Tapia en una lista no le otorgaría fueros: la protección constitucional comenzaría si resultara electo. La mera candidatura no modifica su situación procesal.
Los fueros tampoco impiden que se investigue a un diputado. La Ley 25.320 dispone que los tribunales pueden abrir causas penales y continuar el procedimiento, mientras que las medidas que afecten la inmunidad de arresto no se hacen efectivas hasta que el legislador sea separado de su cargo. En consecuencia, una banca no cerraría las investigaciones sobre Tapia ni borraría las actuaciones previas. El efecto principal de la inmunidad de arresto es limitar la posibilidad de detenerlo mientras conserve el mandato, con el mecanismo de desafuero previsto en la Constitución.
La eventual continuidad de Tapia en la AFA plantea un análisis distinto del que corresponde a CEAMSE. La AFA se define estatutariamente como una asociación civil; su presidencia no es, por ese solo hecho, un cargo estatal. Por eso, no corresponde afirmar que existe automáticamente la misma incompatibilidad que podría plantearse ante dos funciones públicas. Si Tapia llegara al Congreso, de todos modos deberían observarse las reglas de ética pública y los eventuales conflictos de interés cuando una decisión legislativa involucrara asuntos relacionados directamente con la entidad.
CEAMSE, en cambio, es una empresa estatal creada por los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su sitio institucional identifica actualmente a Tapia como presidente. Esa naturaleza pública vuelve pertinente preguntar si podría mantener ese cargo y asumir una banca nacional al mismo tiempo. Pero la Constitución Nacional, en su artículo 72, prohíbe que un miembro del Congreso reciba empleo o comisión del Poder Ejecutivo sin consentimiento de su Cámara. La norma no resuelve de forma expresa y automática el caso de un puesto en una sociedad estatal interjurisdiccional como CEAMSE. Para determinar la incompatibilidad concreta habría que analizar el estatuto de la empresa, el carácter de la designación, las reglas aplicables al cargo y el alcance de las normas de ética pública.
Por ahora, entonces, hay dos cuestiones que conviene mantener separadas: la posible candidatura de Tapia sigue siendo una versión y no una decisión confirmada; y el alcance de los fueros no permite concluir que una banca vaya a frenar las causas. La simultaneidad entre una eventual diputación y la presidencia de CEAMSE requeriría una definición jurídica específica. Presentarla como una incompatibilidad automática únicamente porque ambos cargos son públicos excedería lo que surge, por sí solo, del texto constitucional nacional.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 23 · 23/10/2026
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