La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el archivo de la causa que investigó el acuerdo de 2018 entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un financiamiento que llegó a USD 57.100 millones. La resolución se produjo después de que el fiscal general ante ese tribunal, Raúl Omar Pleé, desistiera de la queja presentada por el Ministerio Público Fiscal. Sin ese recurso, la Cámara rechazó el intento de un particular de mantener abierta la revisión y el expediente quedó cerrado.
El planteo de Antonio Conrado De Martino fue desestimado por razones procesales. Los jueces señalaron que el ciudadano no era parte formal de la causa ni había sido constituido como querellante. Su intervención se había limitado a adherir al recurso fiscal, por lo que dependía de la existencia de una impugnación principal. Como Pleé retiró esa queja y De Martino no había presentado un recurso propio, el tribunal concluyó que no había una vía autónoma que habilitara su reclamo.
La Cámara también consideró que De Martino no acreditó un perjuicio directo y personal vinculado con los hechos investigados, condición que los jueces entendieron necesaria para sostener su presentación. En la misma resolución rechazaron los pedidos de recusación contra magistrados y fiscales. Además, remitieron actuaciones al Colegio Público de Abogados para que evalúe la conducta profesional del letrado que representó al ciudadano, a raíz del tono de sus escritos.
La investigación se había iniciado en 2019 y examinó la negociación, la firma y la ejecución del acuerdo stand-by celebrado con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri. El programa fue anunciado inicialmente por USD 50.000 millones y luego ampliado hasta los USD 57.100 millones. La causa buscó determinar si el diseño y la implementación del crédito habían generado delitos contra la administración pública o un perjuicio para las arcas estatales.
Entre los funcionarios denunciados figuraban el expresidente Macri; los exministros de Hacienda y Finanzas Nicolás Dujovne y Luis Caputo; los entonces titulares del Banco Central Federico Sturzenegger y Guido Sandleris; y los integrantes del Comité de Política Monetaria Gustavo Cañonero, Verónica Rappoport, Enrique Szewach y Mauro Alessandro. La denuncia mencionaba posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta contra la administración pública y malversación de caudales públicos. La inclusión de esos nombres en la investigación no implicó una condena.
Uno de los ejes del expediente consistió en analizar si el préstamo había contribuido a un ciclo de endeudamiento destinado a obtener divisas para su posterior fuga, con un eventual daño para el Estado. La fiscalía había cuestionado la trazabilidad de los fondos y reclamado que se revisara el cierre. En febrero de 2026, la jueza federal María Eugenia Capuchetti había dispuesto archivar la causa; en septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó esa decisión.
Al fundamentar su desistimiento, Pleé sostuvo que las hipótesis delictivas planteadas durante la instrucción no se desprendían de manera lógica de las pruebas reunidas tras cinco años de investigación. También afirmó que las objeciones sobre el recorrido de los fondos no estaban acompañadas por medidas concretas que permitieran demostrar una conducta penal. A su criterio, la pesquisa no había identificado una infracción específica ni diligencias pendientes capaces de modificar esa conclusión.
El cierre en Casación consolidó el archivo en el plano penal y procesal. La resolución de esta instancia se produjo tras el desistimiento fiscal y la falta de un recurso propio con legitimación suficiente para sostener la revisión. Por eso, el alcance del pronunciamiento debe distinguirse de una nueva evaluación integral de todas las pruebas: la Sala IV resolvió las presentaciones que aún estaban ante ella y no habilitó que el expediente continuara por esa vía.
El archivo de la causa tampoco resuelve el debate político y económico sobre la conveniencia del acuerdo, sus condiciones, el uso de los fondos o sus consecuencias para la deuda pública. Esas discusiones continúan en otros ámbitos. La decisión judicial determina el estado de este expediente penal: tras quedar firme el archivo, no seguirá abierta la investigación por los delitos denunciados en relación con el crédito de 2018.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 19 · 19/10/2026
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