CLIMA LOCAL Buenos Aires Datos: WeatherAPI
HOY
–° —
MAÑANA
–° —
—
–° —
ARGENTINA
DÓLAR OFICIAL Cargando Actualizando datos
DÓLAR TARJETA Cargando Actualizando datos
DÓLAR BLUE Cargando Actualizando datos
DÓLAR MEP Cargando Actualizando datos
CONTADO CON LIQUI Cargando Actualizando datos
RIESGO PAÍS Cargando Actualizando datos
Cotizaciones indicativas · Fuente: MonedAPI
FMA FLASH
Cargando últimas noticias…

Categoría: Huracán

  • URUGUAY PROBÓ LAS TARJETAS VIRTUALES Y ABRIÓ UN DEBATE REGLAMENTARIO

    URUGUAY PROBÓ LAS TARJETAS VIRTUALES Y ABRIÓ UN DEBATE REGLAMENTARIO

    El fútbol uruguayo puso a prueba una nueva herramienta para el arbitraje: un dispositivo electrónico que muestra en pantalla las sanciones y permite registrar distintas incidencias del partido. El ensayo se realizó el jueves 15 de octubre durante el encuentro entre Nacional y Rentistas por la Copa AUF Uruguay, que terminó 3-0. La experiencia abrió preguntas sobre su visibilidad en el campo y sobre cómo encaja con las Reglas de Juego vigentes.

    A los 12 minutos, el árbitro Eduardo Varela amonestó a Juan Pablo Plada, de Rentistas, por una infracción sobre Maximiliano Silvera. En lugar de levantar una cartulina amarilla, mostró un aparato similar a un teléfono celular cuya pantalla se encendió en ese color. La decisión disciplinaria siguió dependiendo del árbitro: el dispositivo no evalúa la infracción ni toma decisiones por su cuenta.

    El sistema cuenta con dos botones, uno para activar la señal amarilla y otro para la roja. También permite seleccionar el número del jugador sancionado y llevar un registro digital de distintos hechos del encuentro. Entre los datos que busca incorporar están las amonestaciones, las expulsiones, los goles, los cambios y los penales. La iniciativa procura reunir en un solo equipo tareas que hasta ahora se anotaban de manera separada.

    La propuesta fue impulsada por la Asociación Uruguaya de Fútbol junto con una empresa tecnológica. Marcelo de León, director del Departamento de Arbitraje de la AUF, explicó que el proyecto busca conectar esos registros con COMET, el sistema empleado para administrar información de las competiciones. La intención es que los datos puedan llegar en tiempo real a la asociación y, eventualmente, a la prensa. Esa integración forma parte del objetivo del proyecto; no equivale a que toda esa transmisión ya esté implementada en todas las categorías.

    Según explicó Varela, el aparato no necesita conexión wifi para funcionar y permite registrar observaciones de audio sobre determinadas jugadas. En la práctica, la herramienta combina dos funciones distintas: exhibir en el campo el color de la sanción y facilitar el trabajo administrativo posterior del árbitro. La primera se ve durante el partido; la segunda apunta a ordenar el informe y reducir la transcripción manual de incidencias.

    El ensayo de Nacional-Rentistas no fue el primer acercamiento al sistema. De León señaló que ya se había probado en la cancha de Defensor Sporting, pero la luminosidad dificultó que los colores se distinguieran correctamente. En el partido del jueves el dispositivo sí se utilizó, aunque también hubo observaciones sobre la visibilidad desde ciertos ángulos. El contraste de la pantalla, la luz ambiente y la distancia desde la que la observan jugadores, asistentes y público serán aspectos centrales para evaluar su funcionamiento.

    Ese punto no es menor. Una tarjeta comunica una decisión disciplinaria de manera inmediata y debe resultar reconocible para quienes participan del encuentro. Si el amarillo y el rojo no se distinguen con claridad, la innovación podría generar dudas justo en el momento en que busca hacer más eficiente la tarea arbitral. Entre las mejoras que se mencionaron aparece la incorporación de iluminación LED para reforzar la visibilidad del dispositivo.

    La discusión también alcanza a las reglas. La Regla 5 de las Reglas de Juego 2026/27 enumera entre el equipamiento obligatorio del árbitro las tarjetas amarilla y roja, junto con el silbato, el reloj y un cuaderno u otro medio para registrar el partido. Además, contempla límites al uso de equipos electrónicos por parte de los árbitros que están en el campo, con excepciones específicas para ciertas funciones. El texto consultado no menciona expresamente una tarjeta virtual.

    Ese marco explica por qué la prueba despertó preguntas reglamentarias, pero no permite concluir por sí solo que el partido haya incumplido las reglas ni que las sanciones sean inválidas. La información pública disponible sobre el ensayo no detalla si existió una autorización particular para probar el dispositivo ni cómo se determinó su compatibilidad con la normativa internacional. Para establecerlo haría falta una aclaración formal de los organismos responsables. Por ahora, lo verificable es que se trató de una experiencia local en una competencia uruguaya, no de un cambio general a las reglas del fútbol.

    La tarjeta electrónica tampoco debe confundirse con el VAR. El videoarbitraje revisa determinadas jugadas mediante imágenes y puede asistir al árbitro dentro de un protocolo definido. El dispositivo uruguayo, en cambio, funciona como una herramienta de señalización y registro: no revisa una infracción, no corrige una decisión ni sustituye el criterio del juez. Su aporte potencial está en mostrar y documentar lo que el árbitro decide.

    La experiencia dejó, así, dos desafíos diferentes. El primero es técnico: lograr que la señal amarilla o roja se vea bien en distintas condiciones de luz y desde más de un ángulo. El segundo es reglamentario: precisar cómo se integra el aparato al equipamiento habilitado para los árbitros y bajo qué condiciones puede usarse en una competición. Resolver uno no resuelve automáticamente el otro.

    La AUF deberá valorar esos aspectos antes de extender el uso del sistema a otras divisiones. Una prueba en un partido oficial permite observar el aparato en una situación real, pero no alcanza por sí sola para demostrar que esté listo para incorporarse de manera permanente. También habrá que evaluar su autonomía, la protección de los datos, el registro de contingencias y el procedimiento alternativo si la pantalla falla o deja de ser visible.

    El debate no se limita a reemplazar una cartulina por una pantalla. La digitalización podría hacer más rápido y ordenado el registro de las decisiones, facilitar los informes y abrir la posibilidad de compartir datos en tiempo real. Al mismo tiempo, la señal que reciben jugadores y público debe ser inmediata, inequívoca y compatible con las reglas. La utilidad administrativa y la claridad en el campo son objetivos relacionados, pero distintos.

    Por eso, el estreno de las tarjetas virtuales en Uruguay debe leerse como un ensayo que abrió una etapa de evaluación. El dispositivo ya mostró que puede comunicar una amonestación y centralizar anotaciones, pero la visibilidad y el encuadre reglamentario todavía requieren precisiones. La tecnología podrá consolidarse si demuestra que mejora el trabajo arbitral sin volver menos clara una de las señales más reconocibles del fútbol.

  • LA SELECCIÓN ARGENTINA JUGARÁ ANTE URUGUAY Y COSTA RICA EN NOVIEMBRE

    LA SELECCIÓN ARGENTINA JUGARÁ ANTE URUGUAY Y COSTA RICA EN NOVIEMBRE

    La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que la Selección jugará dos amistosos internacionales en el país durante la fecha FIFA de noviembre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay el viernes 13 en Buenos Aires y a Costa Rica el martes 17 en Córdoba. Serán las dos presentaciones del conjunto nacional en la última ventana internacional prevista para este año.

    El anuncio definió los rivales, las fechas y las ciudades, pero dejó pendientes otros datos que suelen concentrar la atención de los hinchas. La comunicación oficial todavía no especificó los estadios ni los horarios de inicio. Tampoco habilitó la venta de entradas ni informó cuándo comenzará el proceso de acreditación para periodistas. La AFA indicó que esos detalles se darán a conocer durante las próximas semanas.

    El primer encuentro será frente a Uruguay, una de las rivalidades históricas del fútbol sudamericano. El partido se jugará el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires. La sede dentro de la ciudad aún no fue anunciada oficialmente, por lo que no corresponde dar por confirmado ningún estadio. La definición del escenario también será clave para conocer la capacidad disponible, el operativo de acceso y la organización de la venta de localidades.

    Cuatro días después, el martes 17, Argentina recibirá a Costa Rica en Córdoba. Con ese compromiso, la Selección volverá a presentarse en el interior del país en el cierre de su calendario internacional de 2026. La ciudad ya está confirmada, aunque la AFA todavía no comunicó el estadio ni el horario. Esa diferencia es importante: la sede geográfica fue anunciada, pero los detalles operativos siguen pendientes.

    La secuencia ofrece dos partidos en plazas distintas y ante selecciones de otras asociaciones. El primero será un clásico regional; el segundo, un cruce ante un representante de Centroamérica. El calendario permite que el público de Buenos Aires y de Córdoba tenga la posibilidad de ver al equipo nacional en la misma ventana FIFA, aunque la disponibilidad de entradas dependerá de la capacidad de los estadios y de las condiciones que se informen más adelante.

    Para el cuerpo técnico, la doble fecha será una nueva oportunidad de evaluar futbolistas en un contexto de competencia internacional. La lista de convocados todavía no fue publicada. Scaloni y su equipo deberán definir qué nombres integrarán la delegación, cómo se organizarán los entrenamientos y qué minutos tendrá cada jugador. Hasta que se comunique la nómina, cualquier pronóstico sobre titulares, regresos o posibles debutantes debe leerse como una especulación.

    La confirmación de los rivales despeja una de las principales incógnitas de la agenda de noviembre. Durante los días previos habían circulado distintas versiones sobre posibles partidos, pero la información oficial fija ahora dos compromisos: Uruguay el 13 y Costa Rica el 17. En cambio, las cuestiones prácticas —estadio, hora, entradas y acreditaciones— continúan sujetas a anuncios posteriores.

    Al tratarse de amistosos, los partidos no definirán una clasificación ni entregarán puntos en una competencia oficial. La atención deportiva estará puesta en el trabajo colectivo y en la posibilidad de observar futbolistas en un contexto internacional. Para los hinchas, la novedad es que ambos encuentros se disputarán en el país y uno de ellos llevará a la Selección nuevamente a Córdoba.

    La distribución también vuelve a poner en primer plano la relación entre la Selección y sus públicos fuera de la capital. Córdoba recibió al equipo nacional en distintas ocasiones y volverá a ser una de las sedes de un amistoso. Para la provincia, el partido representa una jornada deportiva de alcance nacional; para los hinchas, la oportunidad de acercarse a la cancha dependerá de que se conozcan el estadio, la fecha de venta y los mecanismos de ingreso.

    La AFA adelantó que en las próximas semanas informará los horarios, la venta de entradas y la apertura de las acreditaciones para los medios. Hasta entonces, no hay datos oficiales sobre precios, ubicaciones, plataformas de venta ni cantidad de localidades disponibles. Los interesados deberían esperar la comunicación de la entidad antes de organizar viajes o realizar pagos a terceros que ofrezcan supuestas entradas.

    El duelo contra Uruguay tendrá el atractivo propio de una rivalidad histórica y será la primera de las dos pruebas de noviembre. El cruce con Costa Rica cerrará la agenda del equipo en esa ventana y trasladará la actividad a Córdoba. Más allá de las diferencias entre los adversarios, ambos partidos servirán para que el cuerpo técnico sostenga el ritmo competitivo del plantel y observe alternativas en el cierre del año.

    Con rivales, fechas y ciudades confirmados, la atención pasa ahora a los anuncios que completarán la programación. La definición de los estadios permitirá establecer horarios, capacidad y logística; luego llegará la información sobre entradas y acreditaciones. Por el momento, el dato firme es el calendario anunciado: Argentina-Uruguay, el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires, y Argentina-Costa Rica, el martes 17 en Córdoba.

  • MURIÓ FERNANDO CONFESSORE: UNA VIDA ENTRE LA METEOROLOGÍA Y LA DOCENCIA

    MURIÓ FERNANDO CONFESSORE: UNA VIDA ENTRE LA METEOROLOGÍA Y LA DOCENCIA

    Fernando Confessore murió el viernes 16 de octubre de 2026, a los 58 años. La noticia fue confirmada por su familia y provocó una inmediata conmoción entre colegas, alumnos y espectadores que durante décadas lo reconocieron como una de las voces más familiares del pronóstico del tiempo. Su trayectoria reunió tres ámbitos que no siempre aparecen juntos en una biografía: la formación meteorológica, la comunicación diaria de información científica y la docencia.

    La noticia se conoció durante la mañana, cuando un compañero de trabajo comunicó al aire el fallecimiento y recordó los años compartidos. De acuerdo con lo que informó públicamente ese colega, Confessore habría sufrido un infarto durante la madrugada. La familia confirmó su muerte; los detalles sobre las circunstancias fueron transmitidos por ese compañero. La información sobre la causa se consigna con esa atribución y no como un parte médico independiente.

    Nacido en Buenos Aires el 18 de julio de 1968, Confessore llegó a la meteorología después de acercarse a la actividad aeronáutica. Estudió despacho de aeronaves y obtuvo una licencia de radioperador antes de completar su formación universitaria como pronosticador meteorológico en la Universidad de Buenos Aires. Egresó en 1992. Ese recorrido ayuda a entender por qué su trabajo solía conectar el estado de la atmósfera con las necesidades concretas de quienes vuelan, trabajan al aire libre o simplemente organizan su jornada.

    Entre 1992 y 1994 formó parte del Servicio Meteorológico Nacional. En esa etapa trabajó con interpretación de imágenes satelitales, una tarea que exige leer señales y patrones para analizar la evolución de sistemas meteorológicos. No se trata solo de observar si el cielo está despejado o cubierto: el análisis permite seguir el desarrollo de nubes, frentes y tormentas, y sumar información para construir un pronóstico. Esa experiencia técnica fue parte de la base profesional con la que luego se presentó ante una audiencia masiva.

    Su incorporación a la televisión ocurrió en diciembre de 1995. Desde entonces desarrolló una carrera de alrededor de tres décadas frente a cámara y en equipos periodísticos. Su tarea cotidiana consistía en traducir datos meteorológicos a explicaciones comprensibles: qué podía ocurrir, en qué zonas y en qué plazos, y qué significaba esa información para la vida diaria. También participó de espacios vinculados con el campo, donde el pronóstico adquiere un valor directo para las actividades productivas y la planificación rural.

    La comunicación del tiempo exige precisión y prudencia. Un pronóstico describe escenarios probables a partir de observaciones y modelos, no una certeza absoluta sobre cada localidad y cada hora. Una alerta, a su vez, comunica un nivel de riesgo y requiere que el público entienda tanto el fenómeno esperado como el área y el período alcanzados. El trabajo de un meteorólogo en televisión consiste en presentar esos datos sin convertir la incertidumbre científica en alarma ni quitarle importancia a los riesgos reales.

    En 2000, Confessore realizó un curso de la Organización Meteorológica Mundial orientado a la comunicación de la ciencia. Esa capacitación acompaña una dimensión central de su carrera: acercar conocimientos técnicos a personas que no necesariamente tienen formación especializada. La tarea de divulgación no reemplaza el análisis científico, sino que lo vuelve útil para más gente. Implica elegir palabras claras, explicar qué se sabe y qué todavía puede cambiar, y evitar que un mapa o una cifra se interpreten fuera de contexto.

    También llevó esa vocación a la radio, donde participó con columnas sobre meteorología, y a la escritura. En 2006 publicó junto con el meteorólogo Mauricio Saldívar el libro “Meteorología para todos”, una obra de divulgación que acercó conceptos del clima y la atmósfera a lectores no especializados. La publicación ampliaba el mismo objetivo que guiaba su presencia en los medios: hacer entendible una disciplina que afecta decisiones cotidianas, desde salir de casa hasta planificar una cosecha o un viaje.

    Su labor docente fue otra parte menos visible para quienes lo seguían por televisión. Confessore daba clases de meteorología en los cursos de aeronavegantes de la Base Aérea de Morón, institución de la que también había sido alumno. La comunidad educativa lo despidió el mismo viernes y destacó su compromiso con la enseñanza. Según el homenaje difundido por la institución, había tomado un examen el día anterior. Ese dato retrata una continuidad concreta: siguió compartiendo sus conocimientos en el aula hasta las últimas jornadas de su vida.

    La muerte de un profesional conocido por una función tan cotidiana deja una ausencia que excede el estudio de televisión. Millones de personas consultan el pronóstico para decidir cómo viajar, qué ropa usar, si una actividad al aire libre puede realizarse o cómo prepararse ante una tormenta. Detrás de cada explicación hay observaciones, modelos, análisis y criterios de comunicación. La presencia sostenida de Confessore contribuyó a que esa información tuviera un rostro y una voz reconocibles para el público.

    Su historia profesional también recuerda la importancia de quienes trabajan para que la información científica llegue a tiempo y con claridad. En materia meteorológica, divulgar no significa asegurar que todo ocurrirá exactamente como se anticipa: significa explicar la probabilidad, señalar los límites del pronóstico y ayudar a comprender las alertas. Esa responsabilidad cobra especial relevancia ante fenómenos severos, cuando la precisión del mensaje puede orientar decisiones y reducir la exposición a riesgos.

    A lo largo de su carrera, Confessore combinó la formación universitaria, la experiencia en el organismo meteorológico nacional, el trabajo televisivo y radial, la divulgación escrita y la enseñanza. Esa combinación explica por qué su recorrido fue recordado desde distintos ámbitos y por qué su muerte impactó tanto en compañeros como en estudiantes. La despedida de la comunidad educativa de Morón puso el foco en una faceta que no siempre se veía en pantalla: la del profesor que seguía formando a futuros profesionales.

    Fernando Confessore tenía 58 años y una trayectoria construida durante décadas alrededor del cielo y de la tarea de explicarlo. Su aporte no se limita a una lista de cargos o apariciones: está en haber convertido información técnica en un servicio cotidiano y en haber transmitido ese conocimiento a nuevas generaciones. El recuerdo de su trabajo queda ligado a una práctica esencial del periodismo de servicio: ofrecer información útil, comprensible y responsable para que cada persona pueda tomar mejores decisiones.

  • XBOX NANO CONTROLLER: CON QUÉ DISPOSITIVOS ES COMPATIBLE

    XBOX NANO CONTROLLER: CON QUÉ DISPOSITIVOS ES COMPATIBLE

    Microsoft anunció el Xbox Nano Controller, un control inalámbrico de tamaño reducido que llegará a la Argentina durante noviembre. El dispositivo pesa 99 gramos, mide casi 13 centímetros e incluye las 18 entradas estándar de un control Xbox.

    La compañía lo presentó como una alternativa portátil para jugadores jóvenes, personas con manos pequeñas o quienes buscan llevar un control en una mochila o un bolsillo. Su tamaño es menor al de los controles tradicionales de la marca, pero conserva una distribución de botones familiar para quienes ya juegan en Xbox.

    CON QUÉ DISPOSITIVOS FUNCIONA

    El Xbox Nano Controller podrá conectarse con consolas Xbox Series X|S y Xbox One mediante Xbox Wireless. También será compatible con computadoras con Windows 10 y Windows 11, dispositivos Android e iOS, tabletas y algunos televisores inteligentes compatibles, a través de Bluetooth.

    La compatibilidad con celulares y otros equipos Bluetooth puede variar según el modelo y la versión del sistema operativo. Además, el control solo funciona con juegos que admiten mandos. Por eso, antes de comprarlo para jugar desde un teléfono o un televisor, conviene verificar que el dispositivo y el juego sean compatibles.

    El accesorio también puede utilizarse para jugar en la nube desde equipos compatibles, pero el control por sí solo no habilita ese servicio. Para acceder al juego en la nube se necesita una suscripción y un dispositivo compatible; la disponibilidad de juegos y funciones depende del servicio utilizado.

    BATERÍA RECARGABLE Y BOTÓN PROGRAMABLE

    Una de las diferencias frente a varios controles tradicionales de Xbox es la batería interna recargable. La carga se realiza mediante un cable USB-C, que se vende por separado, por lo que el producto no incluye todo lo necesario para cargarlo si el comprador no cuenta ya con uno compatible.

    El control incorpora además un Botón de Acción programable. Desde la aplicación Xbox Accessories se puede asignar a tareas como tomar capturas de pantalla, grabar partidas o activar otros accesos directos. El mapeo de botones está disponible en consolas Xbox Series X|S, Xbox One y computadoras con Windows 10 u 11; en PC puede requerirse un cable USB-C compatible.

    La batería recargable permite prescindir de pilas AA, aunque el fabricante no informó una duración única para cada carga. El rendimiento puede variar según el uso, los accesorios conectados y otras condiciones.

    PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN ARGENTINA

    El precio anunciado por Microsoft es de US$49,99. Ese valor corresponde al precio informado en dólares y no confirma cuánto costará el control en Argentina: la compañía indicó que los precios y la disponibilidad pueden variar según el país y el distribuidor.

    La marca incluyó a la Argentina entre los mercados donde el Nano Controller estará disponible a partir de noviembre. Sin embargo, al momento del anuncio no había comunicado una fecha precisa de llegada a los comercios locales ni un precio final en pesos.

    Las preventas comenzarían primero en mercados seleccionados. Por esa razón, la disponibilidad de reservas en Argentina puede depender de la tienda y del distribuidor autorizado. Las promociones anunciadas junto con televisores Samsung o visores Meta fueron informadas para Estados Unidos y no deben tomarse como ofertas confirmadas para el mercado argentino.

    UNA OPCIÓN MÁS PORTÁTIL

    El Xbox Nano Controller busca cubrir un uso distinto al de un mando de tamaño tradicional: ocupa menos espacio y conserva la conexión inalámbrica con consolas, computadoras y dispositivos móviles compatibles. Su peso y dimensiones son los datos centrales de la propuesta, junto con la batería recargable y el botón configurable.

    Para quienes juegan principalmente en una consola, la compatibilidad con Xbox Series X|S y Xbox One permite usarlo dentro del ecosistema habitual de la marca. En celulares, tabletas y televisores, la conexión depende de Bluetooth y de que tanto el dispositivo como el juego admitan el control.

    La principal información pendiente para los compradores argentinos es el precio local. Los US$49,99 anunciados sirven como referencia internacional, pero no permiten calcular por sí solos el valor de venta en el país, que dependerá de impuestos, costos de importación y las condiciones de cada comercio.

    Con su llegada prevista para noviembre, el Nano Controller se sumará a la oferta de accesorios de Xbox en Argentina. Antes de elegirlo, será importante revisar la compatibilidad del equipo donde se va a usar, considerar que el cable de carga se vende aparte y esperar la publicación del precio local.

  • LA UNIÓN EUROPEA PROPONE LIMITAR EL ACCESO DE MENORES A LAS REDES SOCIALES

    LA UNIÓN EUROPEA PROPONE LIMITAR EL ACCESO DE MENORES A LAS REDES SOCIALES

    La Comisión Europea presentó una propuesta para establecer reglas comunes sobre el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales y otros servicios digitales. La iniciativa, denominada EU KIDS Act, fija límites según la edad y exige a las plataformas reforzar la protección de los usuarios menores.

    La medida todavía no está vigente. Aunque la Comisión adoptó el proyecto en septiembre, ahora debe ser analizado y negociado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. El texto final podría modificarse durante ese proceso.

    Por eso, el anuncio no implica que las redes sociales ya estén prohibidas para todos los menores en Europa. Se trata de una propuesta que busca establecer una edad mínima para tener cuentas propias y condiciones diferenciadas para los adolescentes.

    QUÉ CAMBIARÍA SEGÚN LA EDAD

    Los menores de 13 años no podrían abrir cuentas personales en redes sociales. El proyecto contempla una excepción para ciertos servicios de video diseñados para niños, a los que podrían acceder desde una cuenta administrada por un padre, una madre o un tutor.

    Para quienes tengan 13 o 14 años, se prevén cuentas limitadas bajo supervisión adulta. Esas “minicuentas” tendrían funciones restringidas y un máximo de una hora de uso diario. La administración quedaría a cargo de padres o tutores, que podrían controlar el acceso y algunas opciones de la cuenta.

    A partir de los 15 años, los adolescentes podrían abrir y administrar sus propias cuentas, de acuerdo con la propuesta actual. La edad de referencia sería común para los países de la Unión Europea, aunque el alcance concreto dependerá de la versión que se apruebe.

    El proyecto no se limita a las redes sociales. También alcanza a plataformas para compartir videos, videojuegos en línea, tiendas de aplicaciones y servicios de inteligencia artificial conversacional, incluidos los chatbots y los llamados compañeros virtuales.

    Europa endurece el acceso a redes: quieren prohibir cuentas a menores de 13 y limitar a adolescentes

    NUEVAS REGLAS PARA LAS PLATAFORMAS

    La iniciativa busca que los servicios digitales utilizados por menores tengan más protecciones activadas de forma predeterminada. Entre las medidas previstas figuran la configuración privada de los perfiles, herramientas sencillas para bloquear o silenciar usuarios y restricciones al contacto no solicitado de desconocidos.

    También propone limitar funciones que pueden incentivar sesiones prolongadas o repetidas, como el desplazamiento infinito, ciertos mecanismos de recompensas y las notificaciones durante las horas de descanso. En el caso de los chatbots y compañeros de inteligencia artificial, la propuesta plantea que estén desactivados por defecto y que no puedan generar vínculos que fomenten dependencia emocional en los menores.

    Otro cambio importante sería la responsabilidad de las empresas. La propuesta busca que las plataformas de mayor tamaño deban demostrar que sus servicios son adecuados para niños y adolescentes y que fueron diseñados teniendo en cuenta su bienestar. La carga de justificar la seguridad del producto pasaría, así, a los proveedores.

    CÓMO SE VERIFICARÍA LA EDAD

    Para aplicar los límites, las plataformas y las tiendas de aplicaciones tendrían que verificar la edad al crear una cuenta. La Comisión propone herramientas que permitan comprobar si el usuario supera la edad requerida sin compartir su identidad con el servicio ni conservar documentos o datos biométricos.

    El sistema de verificación europeo está pensado para responder si una persona cumple con una edad mínima, sin revelar más información personal de la necesaria. Sin embargo, su funcionamiento concreto y la forma en que las empresas deberán integrarlo forman parte de los aspectos que deberán definirse durante la discusión legislativa.

    La verificación abre un debate adicional sobre privacidad y eficacia. Para que la regla se cumpla, el sistema debe detectar cuentas de menores sin generar una recolección excesiva de datos ni impedir injustificadamente el acceso de usuarios que sí cumplen con la edad establecida.

    UNA PROPUESTA QUE AÚN DEBE SUPERAR EL DEBATE LEGISLATIVO

    La Comisión justificó la iniciativa en la necesidad de reducir la exposición de niños y adolescentes a servicios que pueden afectar su seguridad y bienestar. El proyecto combina límites de acceso con cambios en el diseño de las plataformas y mayores obligaciones para las empresas.

    El debate que se abre en Europa no se limita a definir una edad mínima. También incluye cómo se aplicarán las restricciones en distintos servicios, qué mecanismos de control tendrán las familias, cómo se protegerán los datos personales y qué consecuencias habrá para las plataformas que no cumplan.

    La propuesta deberá atravesar la negociación entre las instituciones europeas antes de convertirse en una norma obligatoria. Hasta entonces, las edades y condiciones anunciadas describen el proyecto presentado por la Comisión, no una prohibición ya aplicada en todos los países del bloque.

  • UNIONPAY COMIENZA A EMITIR TARJETAS DIGITALES EN ARGENTINA A TRAVÉS DE PVS

    UNIONPAY COMIENZA A EMITIR TARJETAS DIGITALES EN ARGENTINA A TRAVÉS DE PVS

    UnionPay comenzó a emitir tarjetas digitales en la Argentina mediante una alianza con Pago Virtual del Sur (PVS), la fintech local que opera PVS Wallet. La novedad permite que residentes soliciten una tarjeta con la red UnionPay desde la aplicación y suma una alternativa al mercado de pagos del país.

    El lanzamiento marca un cambio concreto: hasta ahora, la presencia de UnionPay en la Argentina estaba vinculada principalmente con pagos realizados por visitantes que tenían tarjetas emitidas en otros países y con operaciones mediante códigos QR. Ahora la red también ofrece emisión local para usuarios argentinos, con una tarjeta digital que puede utilizarse en el país y en el exterior, según las modalidades habilitadas.

    La tarjeta se solicita y administra desde PVS Wallet. La aplicación identifica el producto como una tarjeta de crédito digital UnionPay, aunque los requisitos para obtenerla, la aprobación, los límites, las tasas y los costos deben consultarse en las condiciones vigentes al iniciar el trámite. No conviene asumir que la emisión o el mantenimiento son gratuitos ni que todos los solicitantes recibirán el mismo límite.

    La tarjeta admite pagos locales y transfronterizos, compras por internet y pagos mediante tecnologías de pago móvil o código QR, de acuerdo con la información del producto. La disponibilidad concreta puede variar según el comercio, el país y el canal de pago. Antes de viajar o hacer una compra internacional, el usuario debería verificar que el establecimiento acepte UnionPay y revisar las condiciones de cambio y liquidación aplicables.

    UNA RED QUE YA TENÍA PRESENCIA EN EL PAÍS

    La emisión local no significa que UnionPay aparezca por primera vez en la Argentina. En 2023, el Banco Central habilitó el esquema de liquidación en dólares financieros para consumos realizados en el país con tarjetas UnionPay emitidas en el exterior. Ese antecedente estaba orientado a visitantes extranjeros; la nueva emisión apunta también a que personas residentes puedan solicitar una tarjeta local.

    Además, en septiembre se anunció la incorporación de la red a más de 200.000 comercios que operan con terminales de Fiserv. La aceptación comprende pagos presenciales y en línea, con opciones como el pago sin contacto y los pagos móviles. Esa cifra corresponde a la red de comercios conectada a ese adquirente y no significa que cualquier local del país acepte todas las tarjetas UnionPay.

    La empresa también informó que su solución de pagos QR funciona en la red interoperable argentina. Para el usuario, esto puede ampliar las opciones en comercios que ya aceptan pagos digitales, aunque la aceptación debe confirmarse en cada punto de venta. Una tarjeta digital y una billetera virtual no son exactamente el mismo producto: la tarjeta opera bajo una red de pagos; la billetera sirve para administrar fondos y realizar distintas operaciones desde una aplicación.

    QUÉ CAMBIA PARA QUIENES VIAJAN

    La tarjeta puede ser de interés para quienes necesitan pagar en el exterior, en particular en destinos donde UnionPay tiene una red de aceptación amplia. La compañía anticipó que el producto podrá vincularse con aplicaciones y billeteras utilizadas en China, entre ellas WeChat Pay y Alipay. Esa integración fue presentada como una posibilidad futura y no debe darse por habilitada para todos los usuarios desde el primer día.

    El uso fuera del país también depende de los términos de la tarjeta, la disponibilidad de fondos o crédito, las comisiones y el tipo de cambio aplicado. Por eso, contar con una red de alcance internacional no elimina la necesidad de revisar cuánto costará cada operación ni garantiza que cualquier comercio acepte el medio de pago.

    En la Argentina, UnionPay competirá en parte del negocio donde participan Visa y Mastercard, pero la comparación con Mercado Pago requiere una precisión. Visa, Mastercard y UnionPay son redes de tarjetas; Mercado Pago es una billetera y una plataforma de pagos con otros servicios. Pueden coincidir en algunas operaciones y disputar preferencias de los usuarios, pero no tienen exactamente el mismo funcionamiento ni ofrecen necesariamente los mismos productos.

    EL DESAFÍO: ACEPTACIÓN, COSTOS Y CONFIANZA

    Para que la nueva tarjeta se convierta en una opción habitual, no alcanza con que pueda solicitarse desde una aplicación. También será importante que los usuarios conozcan sus costos, que la aceptación sea clara en los comercios y que los pagos se procesen sin fricciones tanto en el país como en el exterior.

    La red llega con una escala internacional y suma una asociación local para la emisión. PVS, por su parte, aporta la aplicación desde la que los usuarios pueden solicitar y gestionar el producto. El resultado dependerá de las condiciones comerciales, la cantidad de clientes que la adopten y la experiencia de uso en operaciones reales.

    Quienes quieran evaluar la tarjeta pueden buscarla en PVS Wallet y leer las condiciones antes de aceptar. Los puntos centrales son confirmar si la solicitud está disponible para su perfil, qué documentación se pide, si existe un costo de emisión o mantenimiento, cómo se determina el límite y qué tipo de cambio se utiliza en compras internacionales.

    La novedad, entonces, no es que UnionPay recién haya llegado al país, sino que ahora avanza desde la aceptación de pagos hacia la emisión local de una tarjeta digital. Ese paso amplía la competencia en los medios de pago y abre una alternativa para operaciones nacionales e internacionales, aunque su alcance efectivo dependerá de las condiciones del producto y de la aceptación disponible en cada comercio.

  • MERCADO LIBRE POTENCIA FLASH PARA COMPETIR EN EL NEGOCIO DE LOS AUTOS USADOS

    MERCADO LIBRE POTENCIA FLASH PARA COMPETIR EN EL NEGOCIO DE LOS AUTOS USADOS

    Mercado Libre busca ganar espacio en el negocio de los autos usados con Flash, un servicio que ofrece inspección mecánica y distintas alternativas para vender un vehículo. La propuesta combina una posible compra inmediata, subastas entre agencias y la publicación del auto en la plataforma, con el objetivo de simplificar los pasos de una operación que suele requerir tiempo, trámites y negociación.

    Flash ya forma parte del ecosistema de Mercado Libre. La iniciativa comenzó con un punto de inspección en el shopping Alto Avellaneda y ahora la compañía busca potenciar el servicio para competir en un mercado donde también opera Kavak, especializada en la compra y venta de vehículos usados.

    La oportunidad es amplia, aunque el tamaño del mercado no debe confundirse con las ventas de Flash ni con los ingresos de Mercado Libre. Una estimación sectorial calculó que el mercado argentino de autos usados movió alrededor de US$27.500 millones en 2025, una cifra cercana a los US$28.000 millones mencionados en las proyecciones del sector.

    Las operaciones concretas muestran un escenario distinto al de una expansión lineal. Según la Cámara del Comercio Automotor, en septiembre de 2026 se comercializaron 170.768 vehículos usados. El número creció 10% frente a agosto, pero quedó 0,35% por debajo del mismo mes del año anterior. En los primeros nueve meses del año se vendieron 1.374.454 unidades, un descenso interanual de 4,33%.

    CÓMO FUNCIONA FLASH

    El proceso empieza con la carga online de los datos del vehículo para obtener una cotización inicial. Después, el propietario puede coordinar una inspección en un punto Flash. El servicio informa que la revisión mecánica es gratuita y que, tras controlar el estado y la documentación, se determina una oferta final.

    Con esa evaluación, el vendedor puede elegir entre tres caminos. El primero es aceptar una oferta inmediata. Si la propuesta final le sirve, entrega el auto y Flash informa que transfiere el pago el día hábil siguiente.

    La segunda opción es participar en una subasta digital entre agencias. Si los compradores ofrecen más que el monto de la propuesta inmediata, la diferencia corresponde al vendedor. La empresa informa que el pago de esta modalidad se realiza dentro de las 48 horas hábiles.

    La tercera alternativa es publicar el vehículo en Mercado Libre con el sello de inspección de Flash. En este caso, el dueño busca venderlo directamente a otro usuario y puede mostrar el informe técnico a quienes consulten por el auto.

    La diferencia entre las opciones está en el equilibrio entre rapidez, precio y participación del vendedor. Una oferta inmediata puede resolver la venta en menos tiempo, mientras que una subasta permite esperar las propuestas de distintas agencias. La publicación directa deja la negociación en manos del propietario y del comprador.

    UNA COMPETENCIA QUE SE JUEGA EN EL SERVICIO

    La competencia entre Flash y Kavak no se limita a quién reúne más avisos. También se define en la confianza del comprador, el alcance de las inspecciones, la facilidad para completar la documentación, el tiempo hasta recibir el dinero y la cantidad de lugares donde se puede realizar la revisión.

    Flash integra la inspección con la audiencia de Mercado Libre y sus alternativas de venta. Kavak, por su parte, opera con un sistema de compra y venta propio y publica sus criterios para aceptar vehículos: entre otras condiciones, informa que compra autos desde el año 2010, con hasta 200.000 kilómetros y sin daños estructurales. Para quien vende, comparar ambas propuestas exige mirar el precio final, los requisitos y el tiempo de pago, no solo la primera cotización.

    La cobertura territorial será otro factor decisivo. Por el momento, Flash informa la atención en Alto Avellaneda, mientras que sus páginas indican que otros puntos de CABA y Zona Norte están previstos para más adelante. La posibilidad de acercar las inspecciones a más zonas podría ampliar el acceso, pero todavía dependerá de la apertura efectiva de nuevas sedes.

    QUÉ DEBE COMPARAR QUIEN QUIERE VENDER

    Antes de entregar un auto, conviene pedir por escrito el monto final de compra, verificar qué documentación se requiere y confirmar cuándo se acredita el pago. En una subasta, también es importante entender qué ocurre si las ofertas no superan la propuesta inicial y bajo qué condiciones se conserva ese valor.

    Si se elige la publicación directa, el vendedor debe revisar qué gestiones quedan a su cargo y cuáles realiza la plataforma. Un informe de inspección puede aportar información útil, pero no reemplaza la lectura de las condiciones de venta ni garantiza que el comprador acepte el precio publicado.

    El crecimiento de servicios integrales puede reducir fricciones en la venta de usados y sumar alternativas para propietarios y compradores. Pero la promesa de un trámite más simple tendrá que sostenerse en la experiencia real: ofertas competitivas, claridad sobre el estado del vehículo, cumplimiento de los plazos y una red de inspección accesible.

    Con más de 1,37 millones de operaciones registradas entre enero y septiembre, el mercado argentino conserva una escala importante, aunque las cifras interanuales muestran una baja. Para Flash, el desafío será convertir el alcance digital de Mercado Libre en transacciones concretas y construir confianza en cada etapa. Para quienes venden, la nueva opción suma una alternativa que conviene comparar con una venta particular, una agencia y otras plataformas antes de tomar una decisión.

  • EL GOBIERNO PROPONE MÁS OPCIONES PARA FINANCIAR FACTURAS PYME

    EL GOBIERNO PROPONE MÁS OPCIONES PARA FINANCIAR FACTURAS PYME

    El Gobierno prepara cambios para que las pequeñas y medianas empresas puedan financiarse con sus facturas de crédito electrónicas a través de más canales. La propuesta apunta a reducir pasos e intermediarios y a facilitar el acceso directo a mercados autorizados. El proyecto aún no está vigente: deberá ser enviado al Congreso y debatido antes de que pueda modificar las reglas actuales.

    La factura de crédito electrónica MiPyME es un instrumento que puede ayudar a una empresa a obtener dinero antes de la fecha de cobro acordada con un cliente. Cuando una pyme proveedora factura a una empresa grande, el crédito que representa esa factura puede negociarse una vez aceptado, de acuerdo con las condiciones del régimen. La empresa puede así buscar financiamiento para sostener su capital de trabajo mientras espera el pago.

    Según la iniciativa que describió el Gobierno, uno de los cambios sería simplificar el recorrido entre las plataformas de financiamiento para pymes y los mercados autorizados. En la actualidad, según el planteo divulgado, algunas operaciones requieren la intervención de un agente de liquidación y compensación (ALyC), conocido como agente de bolsa. La reforma buscaría que las plataformas alcanzadas por la regulación puedan derivar a sus clientes directamente a mercados como el Mercado Argentino de Valores (MAV), sin ese paso obligatorio.

    El proyecto también prevé ampliar quiénes pueden participar como inversores. De acuerdo con los detalles publicados por iProUP, la propuesta eliminaría la restricción que hoy limitaría estas operaciones a entidades bancarias a través de determinadas plataformas. La iniciativa permitiría sumar otros inversores, siempre dentro de las reglas que establezcan las autoridades y los mercados habilitados.

    La intención oficial es que una mayor cantidad de participantes pueda generar más alternativas para las pymes que buscan adelantar el cobro de sus facturas. Si más bancos, fondos u otros inversores pueden evaluar una operación, una empresa podría comparar ofertas y elegir la que le resulte más conveniente. Sin embargo, que haya más oferentes no garantiza que todas las pymes consigan financiamiento ni que las tasas bajen automáticamente: las condiciones pueden depender, entre otros factores, de quién debe pagar la factura, del riesgo de la operación y de los costos de cada canal.

    QUÉ CAMBIA Y QUÉ SIGUE IGUAL

    La reforma anunciada forma parte de un proyecto más amplio para modificar el mercado de capitales. Para las facturas de crédito electrónicas, el objetivo declarado es reducir intermediaciones y facilitar la conexión con los mercados autorizados. El alcance final dependerá del texto que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso y de los cambios que se discutan durante el trámite legislativo.

    Hasta que haya una norma aprobada y reglamentada, las pymes deben guiarse por los mecanismos actuales. La información oficial indica que pueden elegir entre transferir la factura a un Agente de Depósito Colectivo (ADC), para negociarla en el mercado de capitales, o utilizar el Sistema de Circulación Abierta (SCA), que permite transmitirla y descontarla en el sistema bancario o en el mercado de capitales.

    La factura debe ser aceptada para poder negociarse. La empresa receptora puede pagarla, rechazarla por los motivos previstos en la normativa o aceptarla expresamente. Si no realiza ninguna acción dentro del plazo correspondiente, puede operar la aceptación tácita. Una vez aceptada, la factura puede negociarse para obtener el cobro anticipado, según la opción elegida y las condiciones disponibles.

    Al 17 de octubre de 2026, la guía oficial informa un plazo excepcional de 21 días corridos para que la empresa receptora actúe, vigente hasta el 31 de octubre de 2026. Ese plazo se refiere al funcionamiento actual del régimen y no a la reforma anunciada. Las empresas deberían verificar las disposiciones oficiales vigentes al momento de emitir o recibir una factura.

    UNA COMPARACIÓN, NO UNA PLATAFORMA DE MERCADO LIBRE

    La expresión “Mercado Libre de facturas” utilizada en la cobertura periodística funciona como una comparación para describir un sistema con más oferentes y alternativas. No significa que MercadoLibre, la empresa de comercio electrónico, haya lanzado un servicio para comprar o vender facturas.

    Para una pyme, el cambio podría traducirse en un proceso más simple para presentar una factura aceptada y buscar propuestas de financiamiento. También podría facilitar la comparación entre distintos canales. Pero las condiciones concretas —incluidos los costos, los plazos y la disponibilidad de compradores— dependerán de la regulación que finalmente se apruebe y de cómo la implementen las plataformas y los mercados autorizados.

    Por ahora, las empresas pueden consultar las opciones actuales del régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyME y confirmar con su banco, agente o plataforma qué alternativas tienen disponibles para cada factura. La novedad es la reforma que prepara el Gobierno; el nuevo esquema todavía no comenzó a regir.

  • CÓRDOBA CONECTÓ 1.300 ESCUELAS Y RECIBIÓ UNA DISTINCIÓN IBEROAMERICANA

    CÓRDOBA CONECTÓ 1.300 ESCUELAS Y RECIBIÓ UNA DISTINCIÓN IBEROAMERICANA

    El programa Puentes Digitales, impulsado por el Gobierno de Córdoba para ampliar la conectividad en establecimientos educativos, recibió la Distinción Iberoamericana de Innovación Pública 2026. La entrega se realizó en Cádiz, España, durante la IV Semana Iberoamericana de Innovación Pública, que tuvo lugar entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre.

    La iniciativa provincial fue reconocida por la respuesta que ofrece a las dificultades de conexión en escuelas ubicadas en parajes rurales, zonas serranas y áreas donde las distancias y el relieve complican la instalación de redes convencionales. Según los datos difundidos por la Provincia, el programa conectó a 1.300 establecimientos educativos y brinda acceso a más de 60.000 estudiantes y 8.000 docentes.

    De las escuelas alcanzadas, 873 están en zonas rurales extremas o de difícil acceso. El resto forma parte de establecimientos distribuidos en distintos puntos de la provincia, incluidas áreas urbanas donde también se buscó mejorar la conectividad. Por eso, la cifra de 1.300 comprende el alcance total del programa y no exclusivamente a escuelas rurales aisladas.

    La infraestructura permitió cubrir la totalidad del sistema educativo rural cordobés, de acuerdo con la información provincial. El despliegue comenzó en agosto de 2024 y alcanzó esa cobertura en diez meses. La propuesta combina tecnología satelital de alta velocidad, infraestructura de red administrada en la nube y herramientas geoespaciales para localizar los establecimientos y supervisar el funcionamiento del servicio.

    Conectividad en lugares de difícil acceso

    En las zonas rurales, contar con una conexión estable puede ser complejo por la baja densidad de población, las grandes distancias y las condiciones geográficas. En esos lugares, la escuela puede ser uno de los pocos espacios con acceso a internet, tanto para estudiantes y docentes como para habitantes de la comunidad.

    La iniciativa busca que la conectividad permita acceder a recursos educativos, comunicarse con otras instituciones y utilizar servicios digitales. En algunos parajes, los establecimientos también funcionan como puntos desde los cuales vecinos pueden realizar trámites o consultar información en línea.

    La conexión satelital ofrece una alternativa allí donde desplegar infraestructura tradicional resulta difícil o costoso. El sistema se apoya, además, en herramientas de monitoreo y gestión geoespacial que ayudan a la Provincia a identificar la ubicación de las escuelas y seguir el funcionamiento de la red.

    El reconocimiento internacional destacó la innovación aplicada a la gestión pública y la posibilidad de llevar soluciones digitales a comunidades con menos acceso. La experiencia de Córdoba fue una de las cinco seleccionadas en la semana iberoamericana, junto con iniciativas presentadas por Chile, Brasil, España y Colombia.

    Qué reconoce el premio y qué queda por evaluar

    La distinción reconoce el alcance y el diseño de la política pública, pero la instalación de internet es una condición para el trabajo pedagógico, no una medida directa de los resultados de aprendizaje. El impacto en las aulas también depende de cómo se incorpora la conexión a las propuestas de enseñanza, de los recursos disponibles y del acompañamiento a los docentes.

    En este sentido, Puentes Digitales se articula con otras iniciativas educativas provinciales. Entre ellas está TecnoPresente en Línea, una plataforma que reúne recursos, formación y propuestas didácticas vinculadas con Educación Tecnológica y Ciencias de la Computación.

    El desafío después de instalar la infraestructura será sostener el servicio y conocer cómo se utiliza en cada escuela. La conectividad puede facilitar el acceso a materiales, actividades en línea y comunicación con otras comunidades educativas, aunque esas posibilidades dependen de las necesidades de cada establecimiento y de las condiciones de uso.

    Los datos difundidos por el Gobierno provincial dimensionan la cobertura: 1.300 establecimientos conectados, más de 60.000 estudiantes y 8.000 docentes alcanzados, con 873 escuelas ubicadas en áreas de geografía compleja. La evaluación del uso concreto de la red en las aulas permitirá medir con mayor precisión qué cambios produce en la enseñanza y en las oportunidades de las comunidades.

    Para Córdoba, el premio también pone en circulación una experiencia que puede servir de referencia para otros territorios rurales o de montaña. Cada jurisdicción enfrenta condiciones diferentes de distancia, infraestructura y población, por lo que la implementación requiere adaptarse a las características locales. La distinción iberoamericana reconoce esa experiencia, mientras el funcionamiento cotidiano del programa y su aporte educativo seguirán siendo los aspectos centrales para evaluar su continuidad.

  • MOVISTAR INICIA EL TRASPASO DE CLIENTES A TUENTI: QUIÉNES ESTÁN ALCANZADOS

    MOVISTAR INICIA EL TRASPASO DE CLIENTES A TUENTI: QUIÉNES ESTÁN ALCANZADOS

    Movistar comenzará el lunes 19 de octubre a comunicar a los clientes que formarán parte del traspaso a Tuenti, la marca con la que Metrotel ingresará al mercado masivo de telefonía móvil. El proceso será gradual y las notificaciones individuales se extenderán hasta fines de noviembre, según la información difundida por la compañía.

    La transferencia alcanza a una cartera de alrededor de seis millones de líneas móviles y unos 200.000 clientes de internet fija. No implica que todos los usuarios de Movistar cambien de empresa: Telecom conservará parte de los clientes y activos adquiridos junto con Telefónica de Argentina.

    La operación se enmarca en la compra de Telefónica por parte de Telecom y en las condiciones impuestas por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) para preservar la competencia en el sector. Telecom aceptó la propuesta de Metrotel, valuada en USD 450 millones más IVA. Para completar la transferencia, las empresas todavía deben formalizar los contratos definitivos e instrumentar el acuerdo ante la autoridad correspondiente.

    Cómo será el cambio para los usuarios

    Movistar informó que el proceso será automático. Quienes estén incluidos en la cartera transferida no tendrán que iniciar un trámite ni cambiar la tarjeta SIM de su teléfono. La empresa también indicó que mantendrán las condiciones de sus planes o recibirán mejoras, conservarán el crédito disponible y seguirán con la modalidad de pago que tenían.

    La compañía señaló que se mantendrá la calidad del servicio durante la transición. Los detalles específicos —incluidos los plazos para cada cliente y la fecha en que se completará su paso— serán comunicados individualmente y por los canales oficiales. La transferencia se organizará en etapas, por lo que no todos los usuarios recibirán el aviso el mismo día.

    La cantidad mencionada en la operación se refiere a líneas y clientes de una cartera, no necesariamente a seis millones de personas distintas. Además de los números móviles, el acuerdo comprende cerca de 200.000 accesos de internet fija. Los servicios, los contratos asociados y ciertos activos necesarios para mantener la prestación forman parte del paquete transferido.

    Qué marca reemplazará a Movistar

    Metrotel utilizará Tuenti para atender a los clientes que reciba. La marca ya había estado vinculada al negocio local de telefonía móvil y volverá a operar bajo una estructura distinta. Para Metrotel, que hasta ahora estaba enfocada principalmente en conectividad por fibra y clientes corporativos, la operación representa un salto hacia los servicios para el público masivo.

    El acuerdo también prevé el uso de infraestructura y servicios transitorios de Telecom y Telefónica durante la puesta en marcha. Ese esquema busca sostener la atención y la conectividad mientras Metrotel incorpora los activos y organiza su operación. La licencia de la marca Tuenti y los acuerdos técnicos asociados forman parte de la transacción.

    La compra de Telefónica y la condición de competencia

    Telecom adquirió Telefónica de Argentina en una operación valuada en USD 1.245 millones. La autoridad de competencia aprobó la compra bajo condiciones, entre ellas que Telecom transfiriera a un operador independiente un conjunto de clientes y activos. La venta a Metrotel responde a ese requisito y busca limitar la concentración de líneas y servicios en manos de un solo grupo.

    La oferta aceptada por Telecom contempla la cesión de clientes móviles, accesos fijos y activos relacionados con la prestación. También prevé acuerdos para compartir infraestructura y brindar servicios transitorios durante la implementación. La concreción de la transferencia depende de completar la documentación y las presentaciones regulatorias correspondientes.

    El cambio no significa que Movistar desaparezca de inmediato ni que toda su cartera pase a Tuenti. El traspaso se limita a los clientes incluidos en el paquete acordado con Metrotel. Los demás usuarios permanecerán dentro de Telecom y continuarán bajo las marcas que defina la compañía.

    Qué deben tener en cuenta los clientes

    Quienes reciban una comunicación de Movistar sobre la transferencia podrán revisar allí si su línea está alcanzada y cuál será su cronograma. La empresa anticipó que informará las etapas de manera individual. No se anunció que los clientes deban cambiar el chip, modificar por su cuenta el plan o realizar una gestión para conservar el servicio.

    La principal diferencia visible será la marca bajo la que se prestará el servicio una vez completada la migración. Según lo informado, las líneas transferidas pasarán a Tuenti y conservarán sus condiciones actuales o recibirán mejoras. Los detalles de cada cuenta y la fecha precisa de cambio se conocerán a medida que avance el contacto con los usuarios.

    La transferencia se desarrollará durante las próximas semanas, mientras Metrotel prepara su operación móvil y Telecom completa los pasos regulatorios y contractuales. El alcance por etapas permitirá identificar qué líneas cambiarán de operador y cuáles seguirán dentro del grupo Telecom.

  • MILEI VIAJARÁ A NEUQUÉN Y PREPARA OTRA VISITA A CATAMARCA

    MILEI VIAJARÁ A NEUQUÉN Y PREPARA OTRA VISITA A CATAMARCA

    El presidente Javier Milei retomará su agenda de viajes por las provincias con dos visitas previstas para la segunda mitad de octubre. La primera será a Neuquén, donde participará el lunes 19 de la apertura de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026. La segunda está prevista para fin de mes en Catamarca, con una actividad institucional relacionada con proyectos mineros incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

    La visita a Neuquén tendrá como eje la principal exposición de la industria hidrocarburífera de la Patagonia. Según la agenda difundida, Milei llegará al Aeropuerto Internacional Presidente Perón, donde lo recibirá el gobernador Rolando Figueroa, junto con representantes de las compañías que participarán del encuentro.

    Luego, el Presidente se trasladará al Espacio DUAM para participar de la inauguración oficial. El programa contempla un discurso en el Auditorio Tromen y el corte de cinta de la exposición. La AOG Patagonia se desarrollará del 19 al 22 de octubre y reunirá a empresas vinculadas con el petróleo, el gas y los servicios para la industria energética.

    La actividad se realizará en una provincia central para la producción de hidrocarburos no convencionales y el desarrollo de Vaca Muerta. La presencia presidencial en la muestra le permitirá al Gobierno exhibir su agenda energética y mantener reuniones con empresarios del sector. También será una oportunidad para tratar el avance de proyectos de inversión y la infraestructura que necesitan para ampliar la producción y el transporte de petróleo y gas.

    Milei ya visitó Neuquén como presidente en agosto de 2024, cuando recorrió instalaciones vinculadas con Vaca Muerta y se reunió con referentes del sector. El viaje de octubre será, por lo tanto, su segunda visita a la provincia desde que asumió. En la previa, el Gobierno provincial y la Nación mantienen conversaciones políticas y legislativas, aunque la agenda anunciada para el lunes está centrada en el evento empresario.

    Catamarca, la próxima parada prevista

    La Casa Rosada también confirmó que Milei viajará a Catamarca hacia fines de octubre. La actividad institucional estará vinculada con proyectos aprobados bajo el RIGI, un régimen que ofrece beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios a grandes inversiones que cumplan con sus condiciones.

    Fuentes del Gobierno citadas en la cobertura periodística señalaron que, además de la actividad institucional, se prevé una actividad partidaria. Esa segunda instancia todavía no cuenta con detalles públicos sobre el lugar, la convocatoria o los dirigentes que participarían. La agenda oficial completa, según indicaron desde el entorno presidencial, se comunicará más adelante.

    El gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, había anticipado previamente una visita presidencial para el 29 de octubre, en el marco de la inauguración de obras vinculadas con proyectos mineros. De todos modos, la fecha y el programa definitivo dependerán de la confirmación oficial de la Casa Rosada.

    La elección de Catamarca se relaciona con el peso que tienen allí las inversiones mineras incluidas en el RIGI. Entre las iniciativas mencionadas se encuentran proyectos de litio, oro y plata, algunos de ellos compartidos geográficamente con la provincia de Salta. La agenda presidencial busca poner en primer plano esas inversiones y el esquema de incentivos que el Gobierno presenta como una herramienta para atraer capitales de largo plazo.

    Cinco proyectos mineros bajo el RIGI

    Entre los emprendimientos señalados se encuentra Diablillos, un proyecto de oro y plata ubicado en la zona limítrofe entre Salta y Catamarca. La inversión prevista fue estimada en USD 764 millones y el plan contempla la construcción de una planta de procesamiento. Las proyecciones difundidas para la iniciativa incluyen la generación de puestos de trabajo directos e indirectos, aunque esos empleos están asociados al desarrollo futuro del proyecto y no representan puestos ya creados en su totalidad.

    También figura Tres Quebradas, un proyecto de litio ubicado en Fiambalá, con una inversión informada de USD 710 millones y una capacidad de producción proyectada de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. El inicio de operaciones está previsto para los próximos años.

    Otro de los desarrollos es la expansión Fase 1B del proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto. La inversión anunciada para esa etapa asciende a USD 531 millones y apunta a ampliar la producción de carbonato de litio. En la misma zona se encuentra Sal de Oro II, con una inversión informada de USD 547 millones para construir una nueva planta.

    La lista se completa con Hombre Muerto Oeste, un proyecto de Galan Lithium que cuenta con una inversión estimada de USD 292 millones y una capacidad inicial de producción de 12.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, con una expansión adicional contemplada. Las cifras corresponden a los planes de inversión comunicados para cada iniciativa y pueden modificarse según el avance de las obras y las decisiones de las empresas.

    Una agenda con objetivos económicos y políticos

    Las dos visitas combinan actividades económicas e institucionales con una dimensión política. En Neuquén, la participación presidencial se dará en una exposición de alcance regional que concentra a compañías y proveedores de la industria energética. En Catamarca, el eje será la minería y el desarrollo de proyectos que accedieron al régimen de incentivos.

    El Gobierno también proyecta ampliar la presencia de Milei en distintas provincias durante los próximos meses. En ese marco, los viajes sirven para presentar inversiones, reunirse con gobernadores y sostener contactos con sectores empresarios. La eventual actividad partidaria en Catamarca sumaría un componente político a la visita, aunque por el momento no se conocen más precisiones.

    Por ahora, Neuquén cuenta con una fecha y un evento definidos: la apertura de la AOG Patagonia el lunes 19 de octubre. Catamarca aparece como la segunda parada del mes, con actividades previstas hacia fin de octubre y un recorrido por proyectos mineros. La confirmación del cronograma completo permitirá saber si el Presidente encabezará también un acto de La Libertad Avanza durante su estadía.

  • ARCA ENVÍA INTIMACIONES A CREADORAS DE ONLYFANS POR INGRESOS ATRIBUIDOS DE HASTA USD 300.000

    ARCA ENVÍA INTIMACIONES A CREADORAS DE ONLYFANS POR INGRESOS ATRIBUIDOS DE HASTA USD 300.000

    La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a enviar comunicaciones de control a creadoras argentinas de OnlyFans por presuntas inconsistencias en la declaración de ingresos obtenidos a través de plataformas digitales. Los casos reportados incluyen montos atribuidos de entre USD 200.000 y USD 300.000 para los períodos fiscales 2022, 2023 y 2024.

    La situación se conoció luego de que una creadora contara en redes sociales que recibió una notificación en la que figuraban cerca de USD 300.000 como ingresos que no habría declarado. Según su relato, ella no percibió ese dinero. También sostuvo que, al sumar impuestos, intereses y multas estimados, el reclamo superaría los $150 millones. Esas cifras corresponden a su testimonio: no se difundió públicamente el expediente completo ni una liquidación oficial que permita verificar el cálculo.

    Las notificaciones y los montos

    De acuerdo con la información publicada sobre los avisos, ARCA habría detectado ingresos vinculados con cuentas de plataformas digitales que estaban a nombre de las contribuyentes o bajo su administración o gestión. En algunos casos, las destinatarias sostienen que las cuentas eran manejadas por terceras personas o agencias y que no recibieron los montos que el organismo les atribuye.

    La diferencia entre una cifra registrada en una cuenta y el dinero que finalmente llega a quien crea el contenido puede depender de varios movimientos: pagos de usuarios, comisiones de la plataforma, honorarios de intermediarios y transferencias posteriores. Para saber qué ocurrió en cada caso hace falta revisar los registros y documentos correspondientes. La existencia de una agencia o de un intermediario, por sí sola, no demuestra quién recibió los fondos ni determina cómo debe calcularse una obligación tributaria.

    ARCA no publicó en la información disponible un detalle general de cuántas personas recibieron avisos ni el método usado para establecer cada monto. Por eso, los valores difundidos deben leerse como cifras atribuidas en casos puntuales, y no como una estimación aplicable a todas las creadoras de OnlyFans.

    Qué significa una acción de control electrónico

    El organismo utiliza el Sistema de Acciones de Control Electrónico (SIACE) para comunicar requerimientos o fiscalizaciones a través del Domicilio Fiscal Electrónico. Según la información oficial de ARCA, estos procedimientos pueden pedir datos o señalar inconsistencias detectadas mediante controles y cruces de información.

    Recibir una comunicación de este tipo no equivale automáticamente a una deuda firme ni significa que una infracción haya quedado definitivamente establecida. La notificación plantea una instancia de control en la que se solicita responder, aclarar o revisar la información indicada. El trámite concreto, los plazos y la documentación requerida dependen del aviso recibido por cada contribuyente.

    En este caso, el organismo habría tomado como referencia información aportada por terceros sobre ingresos vinculados con cuentas de redes sociales y plataformas digitales. La forma de interpretar esos datos puede ser central: no es lo mismo el total facturado o acreditado en una cuenta que el saldo neto transferido, y la relación entre creadoras, administradores y agencias puede variar de una situación a otra.

    La documentación, un punto clave

    La discusión pone el foco en la trazabilidad de los ingresos que se generan en plataformas internacionales. Para entender cada reclamo es necesario reconstruir quién tenía el control de la cuenta, quién recibía los pagos, qué comisiones se descontaban y cómo se distribuían los fondos. También puede ser relevante contar con los extractos de la plataforma y de los medios de pago, los contratos con agencias, las liquidaciones y los comprobantes de transferencias.

    Ese material permitiría contrastar la información que dio origen a la comunicación con los movimientos efectivamente realizados. Sin acceso a los avisos completos y a la documentación de cada caso, no es posible determinar públicamente si los montos atribuidos corresponden a ingresos brutos, pagos efectivamente recibidos u otra clase de registro.

    La situación tampoco permite concluir que todas las personas que obtienen ingresos mediante OnlyFans hayan recibido una notificación. La información difundida se refiere a controles reportados en casos concretos y a períodos fiscales anteriores. Cualquier conclusión sobre una persona o una cuenta en particular requiere analizar su propio expediente y sus comprobantes.

    Un nuevo frente de fiscalización digital

    El episodio muestra cómo la actividad económica desarrollada mediante plataformas digitales puede quedar bajo revisión fiscal, incluso cuando intervienen empresas o gestores ubicados en otros países. Para las creadoras, el tema no se limita al nivel de ingresos: también abarca la titularidad de las cuentas, los acuerdos con intermediarios y la posibilidad de demostrar qué sumas llegaron efectivamente a cada parte.

    La controversia seguirá dependiendo de la información que surja de las notificaciones y de las respuestas de las contribuyentes. Mientras tanto, los montos de hasta USD 300.000 y la estimación de más de $150 millones deben presentarse con atribución clara: fueron mencionados en testimonios y reportes periodísticos, pero no constituyen por sí mismos una deuda confirmada para todas las creadoras alcanzadas por el caso.

  • AUMENTÓ LA VTV EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: CUÁNTO CUESTA

    AUMENTÓ LA VTV EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: CUÁNTO CUESTA

    La Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentó en la provincia de Buenos Aires. Desde el jueves 15 de octubre, la tarifa básica para automóviles y camionetas de hasta 2.500 kilos pasó de $97.057,65 a $114.105,99, con IVA incluido. La diferencia es de $17.048,34 por trámite y representa una suba del 17,56%.

    La actualización se aplica en las categorías del servicio provincial y fue formalizada por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante la Resolución 361-MTRAGP-2026, publicada en el Boletín Oficial. El ajuste había sido previsto para julio, pero su entrada en vigencia se postergó durante 90 días por un acuerdo entre la Provincia y las empresas concesionarias. La suspensión venció el 14 de octubre y el nuevo cuadro comenzó a regir al día siguiente.

    El precio básico corresponde a vehículos de hasta 2.500 kilos. Para las demás categorías, los valores vigentes desde el 15 de octubre son los siguientes:

    – Vehículos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99.
    – Vehículos de más de 2.500 kilos: $205.390,78.
    – Motovehículos de más de 50 y hasta 200 centímetros cúbicos: $45.642,40.
    – Motovehículos de más de 200 y hasta 600 centímetros cúbicos: $68.463,59.
    – Motovehículos de más de 600 centímetros cúbicos: $91.284,79.
    – Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos: $68.463,59.
    – Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $102.695,39.

    Los importes incluyen IVA. El monto final depende de la categoría que corresponda según el tipo de vehículo, su peso y, en el caso de las motos, su cilindrada. Por eso, antes de concurrir a una planta, los usuarios pueden consultar el valor aplicable a su vehículo en el cuadro tarifario provincial.

    El precio que se abona es el que está vigente cuando se realiza la inspección. Esto significa que el valor no queda fijado por la fecha en que se solicitó el turno: si el turno se pidió antes del aumento, pero la verificación se hace desde el 15 de octubre, corresponde pagar la tarifa nueva.

    La tarifa básica de la VTV bonaerense está vinculada con el salario de los trabajadores del sector. El mecanismo previsto en el esquema de concesiones establece que el valor para vehículos de hasta 2.500 kilos equivale al 7% del salario básico de un operario de categoría 1, de acuerdo con el convenio entre SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA). A partir de esa referencia se calculan las demás categorías.

    Para el período de abril a junio de 2026, el salario utilizado como referencia quedó fijado en $1.630.085,67. Las concesionarias solicitaron la actualización de la tarifa básica en función de ese monto. Aunque el nuevo valor debía comenzar a aplicarse en julio, la Provincia y las empresas acordaron aplazarlo por tres meses antes de que entrara en vigencia.

    Durante la revisión, la planta controla distintos componentes relacionados con las condiciones de circulación del vehículo. Entre ellos se encuentran los frenos, las luces, la dirección, la suspensión, los neumáticos y las emisiones de gases. El resultado de la inspección determina si el rodado queda habilitado o si debe realizar reparaciones y presentarse nuevamente, según las indicaciones entregadas por el establecimiento.

    La verificación debe realizarse en plantas autorizadas por la Provincia de Buenos Aires. Los turnos y la información sobre establecimientos disponibles se consultan en el portal oficial de la VTV bonaerense. Antes de iniciar el trámite, conviene revisar que la planta seleccionada corresponda al servicio provincial y consultar los requisitos y la documentación solicitada.

    El aumento se aplica en el territorio bonaerense y corresponde al cuadro tarifario de esa jurisdicción. No debe confundirse con los valores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cuenta con su propio sistema de Verificación Técnica Vehicular y publica tarifas separadas.

    Con la actualización, los propietarios de vehículos de hasta 2.500 kilos deben contemplar un costo de $114.105,99 para completar la inspección. El impacto es mayor en las categorías de vehículos pesados, que superan los $200.000, mientras que las tarifas para motos se ubican entre $45.642,40 y $91.284,79, de acuerdo con la cilindrada.

    La próxima actualización dependerá del mecanismo tarifario vigente y de las revisiones previstas en el esquema de concesiones. Hasta que se anuncie otro cambio, los valores establecidos por la Resolución 361-MTRAGP-2026 son los que deben tenerse en cuenta para las inspecciones realizadas desde el 15 de octubre.

  • HOTESUR Y LOS SAUCES: LA DEFENSA DE CFK RECHAZÓ UNIR LOS JUICIOS

    HOTESUR Y LOS SAUCES: LA DEFENSA DE CFK RECHAZÓ UNIR LOS JUICIOS

    La defensa de Cristina Fernández de Kirchner pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que rechace el planteo de la fiscalía para reunir en un solo debate oral las causas Hotesur y Los Sauces. En una audiencia realizada el 15 de octubre, el abogado Carlos Beraldi sostuvo que la unificación podría postergar el inicio del juicio y afectar las garantías de defensa. La fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF), en cambio, cuestionan que los expedientes se juzguen por separado porque consideran que comparten pruebas y aspectos de la acusación.

    La discusión se originó después de que el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) resolviera organizar dos debates sucesivos. Según el cronograma fijado por ese tribunal, el juicio por Los Sauces debe comenzar el 23 de octubre de 2026, mientras que el tramo de Hotesur está previsto para el 19 de marzo de 2027. El Ministerio Público Fiscal y la UIF apelaron esa decisión y pidieron que los dos casos vuelvan a tramitarse en un único juicio.

    Archivo: Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el Mausoleo de Néstor Kirchner

    Beraldi afirmó ante la Sala I de Casación que aceptar el pedido fiscal en esta instancia podría impedir que el debate comience en la fecha prevista. A su criterio, el cambio generaría una irregularidad que no sería responsabilidad de las defensas y podría comprometer la validez de una futura sentencia. También cuestionó que Casación intervenga antes de que el tribunal oral trate las cuestiones preliminares del juicio.

    La defensa de Fabián De Sousa, a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías, también se opuso a la reunificación. Sostuvo que la organización del debate corresponde al tribunal oral y que Casación no debería anticiparse a las decisiones que pueden discutirse al comienzo del proceso. Además, cuestionó la forma en que la acusación ofreció la prueba y advirtió que permitir una corrección por medio del recurso podría afectar la igualdad entre las partes.

    La fiscalía sostiene una posición distinta. El fiscal general ante Casación, Mario Villar, pidió revocar la separación porque, según su planteo, ambos expedientes investigan aspectos conectados de una presunta trama de lavado de activos. Considera que dividirlos podría fragmentar la prueba, dificultar la reconstrucción de las operaciones investigadas y abrir la posibilidad de decisiones judiciales incompatibles.

    Los jueces Daniel Petrone, Alejandro Slokar y Diego Barroetaveña quedaron en condiciones de dictar resolución tras escuchar a las partes

    Villar también señaló que la acusación incluye una hipótesis de asociación ilícita que conecta hechos de los dos expedientes. En su presentación, planteó que juzgar cada tramo de manera aislada podría generar discusiones sobre una eventual doble persecución penal o sobre los efectos de una sentencia anterior. Estos argumentos forman parte de la posición de la fiscalía y deberán ser evaluados por los jueces; no constituyen una conclusión judicial sobre la responsabilidad de los acusados.

    La UIF, que interviene como querellante, también reclamó que los procesos se desarrollen de manera conjunta. Cuestionó que el TOF 5 hubiera fundamentado la separación en cuestiones de organización, cantidad de testigos y complejidad sin explicar por qué resultaría imposible hacer un juicio unificado. Como alternativa, propuso organizar un solo debate por etapas: tratar primero la prueba de Los Sauces, luego la que ambos expedientes tienen en común y finalmente la correspondiente a Hotesur.

    El TOF 5 había decidido separar los juicios el 18 de septiembre. Su cronograma establece primero el debate de Los Sauces y, meses después, el de Hotesur. La resolución fue adoptada por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. La apelación llevó la discusión a la Cámara de Casación, que debe decidir si mantiene ese esquema o si dispone que las causas se juzguen juntas.

    En la audiencia de Casación expusieron los abogados de Cristina Kirchner y De Sousa. Las defensas de Lázaro Báez y del escribano Jorge Ludueña presentaron sus argumentos por escrito. Luego de escuchar a las partes, los jueces Daniel Petrone, Alejandro Slokar y Diego Barroetaveña quedaron en condiciones de resolver. Al cierre de esta información, la Cámara todavía no había comunicado una decisión.

    Los dos expedientes investigan presuntas maniobras relacionadas con sociedades vinculadas a la familia Kirchner y sus relaciones comerciales con empresarios. En Los Sauces, la acusación analiza alquileres de inmuebles a empresas asociadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo. En Hotesur, se investigan operaciones vinculadas con la explotación de hoteles, entre ellos Alto Calafate, por empresas relacionadas con Báez.

    El fiscal Mario Villar advirtió que la división de los procesos puede fragmentar la prueba sobre una misma matriz de lavado de activos (Foto: MPF)

    La hipótesis acusatoria sostiene que esas operaciones podrían haber servido para canalizar fondos de origen ilícito. Se trata de hechos que deberán ser examinados en el juicio y sobre los que todavía no existe una sentencia en estos debates. La existencia de acusaciones no implica que los imputados hayan sido declarados culpables en estas causas.

    Entre las personas acusadas figuran Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Beraldi también mencionó la causa Vialidad para sostener su planteo sobre la hipótesis de asociación ilícita. En ese expediente, Cristina Kirchner y Báez fueron absueltos de ese delito, aunque la expresidenta recibió una condena por administración fraudulenta. La defensa argumentó que esa resolución debe ser considerada al analizar cómo se relacionan las acusaciones. Ese argumento no modifica por sí solo el estado de los expedientes Hotesur y Los Sauces.

    La decisión de Casación tendrá un efecto directo sobre el calendario. Si los jueces confirman el desdoblamiento, el debate por Los Sauces conserva como fecha de inicio el 23 de octubre y Hotesur permanece programado para marzo de 2027. Si ordenan la reunificación, el tribunal oral deberá establecer cómo organizar el proceso y qué impacto tendría el cambio sobre el cronograma previsto.

    Por ahora, la disputa judicial se limita a la forma en que se realizarán los debates. La defensa sostiene que unirlos podría retrasar el proceso y afectar garantías; la fiscalía y la UIF afirman que separarlos puede dividir la prueba y dificultar el análisis de los hechos. Casación debe resolver ese planteo antes del inicio previsto para Los Sauces.

  • QUÉ ES LA MOAB, LA BOMBA QUE EE.UU. EVALÚA USAR CONTRA IRÁN

    QUÉ ES LA MOAB, LA BOMBA QUE EE.UU. EVALÚA USAR CONTRA IRÁN

    La GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, conocida como MOAB o la “madre de todas las bombas”, habría sido incluida en planes militares estadounidenses para eventuales nuevos ataques contra Irán. La posibilidad fue informada por CNN, que citó a funcionarios estadounidenses familiarizados con las conversaciones de planificación. Según esos reportes, los escenarios contemplarían objetivos vinculados con infraestructura energética y sitios nucleares, si el presidente Donald Trump ordenara reanudar operaciones de combate.

    La información no equivale a una decisión de ataque. Reuters informó que no pudo verificar de manera independiente el reporte de CNN y señaló que, dentro de las discusiones militares citadas por ese medio, también existían dudas sobre la efectividad de la bomba para alcanzar los objetivos estratégicos planteados. La Casa Blanca no confirmó públicamente un plan específico para utilizarla. Por eso, hasta ahora, la MOAB aparece como una alternativa evaluada, no como un arma cuyo empleo haya sido anunciado.

    El complejo de Pickaxe Mountain, uno de los posibles blancos de un eventual ataque estadounidense. (REUTERS/ARCHIVO)

    La GBU-43/B es una munición convencional guiada por GPS y está considerada la bomba no nuclear de mayor tamaño del arsenal estadounidense. Pesa alrededor de 9.800 kilogramos, unas 21.600 libras, y mide cerca de nueve metros. Su carga explosiva ronda los 8.500 kilogramos. Esas dimensiones la convierten en un arma de gran potencia, pero el peso y la explosión no significan que pueda destruir cualquier tipo de objetivo.

    Su diseño está pensado para producir una explosión aérea de gran alcance. En lugar de atravesar capas profundas de roca antes de detonar, la MOAB estalla sobre la superficie o a poca distancia de ella y genera una potente onda expansiva. Puede causar daños extensos en estructuras expuestas, posiciones militares y zonas amplias. También puede afectar entradas de túneles y determinados objetivos subterráneos poco profundos, pero no fue concebida como una bomba perforante para alcanzar instalaciones protegidas a gran profundidad.

    Esa diferencia es central en el debate sobre su posible uso en Irán. Algunos de los emplazamientos nucleares que Washington e Israel consideran relevantes estarían protegidos bajo capas de roca y otras defensas. Una explosión de enorme potencia sobre la superficie no garantiza que se destruyan espacios situados en el interior de una montaña ni que se neutralicen instalaciones reforzadas. La capacidad de causar grandes daños en el exterior no es lo mismo que la capacidad de eliminar infraestructura subterránea.

    En ese sentido, la MOAB no debe confundirse con la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, otra bomba estadounidense diseñada específicamente para atacar objetivos subterráneos fortificados. Aunque ambos nombres suelen asociarse con armas de gran tamaño y posibles blancos nucleares, son municiones diferentes y cumplen funciones distintas. La GBU-43/B se destaca por el efecto de su explosión aérea sobre una superficie extensa; la GBU-57 fue desarrollada para penetrar estructuras endurecidas. La MOAB, por lo tanto, no es una solución automática para instalaciones enterradas a gran profundidad.

    La MOAB fue utilizada por primera vez en combate en abril de 2017 contra una red de túneles del Estado Islámico en Afganistán.

    La inclusión de la bomba en un escenario de planificación tampoco determina si sería elegida finalmente. Los mandos militares suelen preparar opciones para que las autoridades políticas evalúen alternativas, alcances y riesgos. Entre una opción analizada y una orden de ataque hay decisiones políticas y militares que no se conocen públicamente. Tampoco se informó que ya se haya dispuesto un operativo para cargar o lanzar una MOAB contra territorio iraní.

    El antecedente de combate de esta munición se remonta a abril de 2017, cuando Estados Unidos la lanzó contra una red de túneles y cuevas utilizada por el grupo Estado Islámico-Khorasan en la provincia afgana de Nangarhar. Fue su primer uso operativo y, según las autoridades afganas citadas entonces, el ataque provocó la muerte de combatientes del grupo y dañó instalaciones subterráneas. Ese episodio mostró su capacidad destructiva frente a objetivos expuestos y complejos de cuevas, pero no permite asegurar que tendría el mismo resultado ante instalaciones construidas a mayor profundidad o con otras características geológicas.

    El eventual uso contra Irán también abriría interrogantes sobre sus consecuencias para la población civil. La amplitud de la onda expansiva podría afectar edificios e infraestructura cercanos al objetivo, según la ubicación y las condiciones del ataque. Los reportes disponibles no detallaron cuáles serían los blancos concretos ni si se establecerían medidas específicas para reducir riesgos. Sin esa información, no es posible determinar el alcance de los daños que tendría una operación.

    El contexto de la noticia es una tensión militar en la que Washington mantiene distintas alternativas sobre la mesa. De acuerdo con las fuentes citadas por CNN, la elaboración de esos planes se vincularía con una posible reanudación de los ataques. Reuters recogió que los funcionarios consultados también plantearon dudas sobre si la bomba permitiría alcanzar los objetivos buscados. La existencia de una planificación, por sí sola, no confirma que el gobierno haya tomado una decisión ni que la operación vaya a realizarse.

    La MOAB combina dimensiones excepcionales con una limitación importante: su poder está asociado a una explosión de gran alcance, no a la penetración profunda de roca. Por eso, su posible inclusión en planes para Irán no permite concluir que pueda destruir instalaciones nucleares subterráneas. La evaluación de su utilidad dependería del tipo de objetivo, su profundidad, las defensas y la estrategia militar que eventualmente se adoptara.

    Por ahora, lo confirmado por los reportes periodísticos es que la GBU-43/B fue mencionada entre las opciones militares consideradas por Estados Unidos para eventuales ataques. No existe confirmación pública de que Trump haya ordenado utilizarla. La diferencia entre analizar un arma y decidir su empleo es clave para entender el alcance de la noticia y evitar presentar como inminente una acción que, hasta el momento, no fue anunciada oficialmente.

  • QUEBRÓ ALGODONERA AVELLANEDA: QUÉ PASARÁ CON LOS 350 EMPLEOS

    QUEBRÓ ALGODONERA AVELLANEDA: QUÉ PASARÁ CON LOS 350 EMPLEOS

    La Justicia de Santa Fe decretó la quiebra indirecta de Algodonera Avellaneda, la empresa textil y desmotadora con sede en Reconquista que atravesaba un concurso preventivo desde 2024. La decisión llegó después de que fracasaran las instancias para alcanzar un acuerdo con sus acreedores y de que no se presentaran interesados en el mecanismo de salvataje. El expediente deja ahora dos preguntas centrales: si la actividad podrá sostenerse durante la transición y qué ocurrirá con los alrededor de 350 trabajadores vinculados a la firma.

    La quiebra no equivale, por sí sola, al cierre inmediato de la planta ni confirma que esos puestos de trabajo se hayan perdido. En una aclaración sobre la resolución, el juzgado pidió a los síndicos que informen si existe una alternativa para mantener temporalmente la actividad y que analicen la posibilidad de vender la empresa en funcionamiento. La continuidad dependerá de que haya un plan viable, recursos para afrontar los gastos operativos y una definición sobre el personal necesario.

    La firma tiene su principal hilandería en Reconquista y cuenta con instalaciones para desmotar algodón en General Pinedo, Chaco, y en Bandera, Santiago del Estero. Su operación se había reducido y, según la información publicada sobre el caso, parte de la producción se realizaba a fasón: terceros contrataban trabajos a la planta. Esa modalidad permitió sostener actividad en medio de la crisis, pero no resuelve por sí misma cómo financiar los costos corrientes ni garantiza que el esquema pueda continuar.

    El principal acreedor reconocido es el Banco Nación. De acuerdo con los datos difundidos sobre el expediente, su crédito supera los US$260 millones y también incluye una deuda en pesos de más de $1.585 millones. La acreencia representa más del 80% del pasivo verificado, una proporción que resultó decisiva en la negociación con los acreedores. Una parte de las obligaciones se relaciona con garantías otorgadas en operaciones vinculadas a Vicentin, grupo empresario con el que Algodonera Avellaneda mantiene vínculos.

    La empresa también acumuló obligaciones posteriores al inicio del concurso. Infobae informó un pasivo posconcursal de aproximadamente $6.819 millones correspondiente al período 2025-2026, asociado a conceptos como energía, impuestos, costos laborales y gastos de funcionamiento. Se trata de compromisos generados durante el proceso concursal y distintos del crédito que el Banco Nación verificó en el expediente. La acumulación de esas obligaciones reflejó la dificultad para sostener la operación sin resolver la situación financiera de fondo.

    Antes de decretar la quiebra, el juzgado había rechazado un planteo de la empresa para que el Banco Nación no fuera considerado en el cómputo de las mayorías de acreedores. Sin ese respaldo, la compañía no alcanzó las mayorías de capital que exige la ley para aprobar su propuesta en el concurso. Luego se abrió un registro para que terceros intentaran participar del salvataje, pero el plazo cerró sin inscripciones. Al agotarse esas alternativas, el proceso derivó en la quiebra indirecta.

    La quiebra indirecta se produce cuando no se consigue una salida dentro del concurso preventivo y el proceso pasa a la etapa de liquidación judicial, con la intervención de los síndicos y bajo las decisiones del juzgado. En este caso, la resolución abre una etapa diferente para analizar los bienes, las deudas y las posibilidades de continuar con la actividad. Una opción que deberá evaluarse es la venta como unidad productiva, es decir, con la planta en marcha y no únicamente mediante la liquidación separada de sus bienes.

    La venta como empresa en funcionamiento podría ayudar a preservar parte de la actividad y el valor de las instalaciones, pero requiere un comprador o una propuesta que pueda sostener la operación. También hace falta definir cómo se cubrirían los gastos corrientes y qué cantidad de trabajadores sería necesaria para mantener la producción. Hasta que esos puntos se aclaren, la alternativa no puede considerarse asegurada.

    La audiencia informativa fue fijada para el 22 de octubre. Allí se espera que se expongan datos sobre la situación de la empresa y las alternativas disponibles. La convocatoria no implica que ya exista un comprador ni que la continuidad esté garantizada: el resultado dependerá de los informes, de la disponibilidad de fondos para cubrir gastos y del interés que pueda surgir por la planta o por alguna de sus unidades productivas.

    La incertidumbre laboral afecta a unos 350 trabajadores, aunque algunas publicaciones citan una cifra cercana a 360. La diferencia puede obedecer al universo de puestos contabilizados y a la fecha de cada relevamiento. Por el momento, no corresponde presentar esos empleos como definitivamente perdidos: su continuidad dependerá del esquema que finalmente se adopte y de cuántos puestos requiera una eventual reactivación o venta.

    El caso también tiene impacto regional. Algodonera Avellaneda forma parte de una cadena que conecta la producción algodonera del norte del país con el desmote, el hilado y otras actividades industriales. La situación de sus establecimientos puede repercutir sobre trabajadores, proveedores y productores que dependen de la demanda de la empresa. Sin embargo, el alcance de ese impacto todavía está sujeto a cómo avance el proceso judicial y a si se logra mantener alguna parte de la producción.

    Por eso, el próximo paso será conocer qué informan los síndicos sobre la continuidad temporal y qué alternativas concretas aparecen para la venta. La quiebra marca el fracaso del concurso preventivo y coloca los activos de la empresa bajo un proceso judicial, pero la definición sobre el funcionamiento de las plantas y el futuro de los trabajadores sigue abierta. Hasta que se conozcan los informes y las decisiones posteriores, el dato confirmado es la declaración de quiebra; el cierre definitivo y la pérdida de los empleos todavía no están establecidos.

  • EL GOBIERNO REALIZÓ EL PRIMER PAGO POR LOS 43 TRENES PARA EL AMBA: CUÁNDO LLEGARÁN

    EL GOBIERNO REALIZÓ EL PRIMER PAGO POR LOS 43 TRENES PARA EL AMBA: CUÁNDO LLEGARÁN

    Trenes Argentinos realizó el primer desembolso previsto en el contrato para la compra de 43 formaciones diésel destinadas a los servicios ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La operación contempla una inversión total de US$ 324 millones y comprende 150 coches de pasajeros. Según informó el Gobierno, las primeras unidades comenzarían a llegar a fines de 2027.

    El anuncio fue publicado el 15 de octubre por el Gobierno nacional. El comunicado precisó que el pago forma parte del contrato de adquisición y que las formaciones serán utilizadas en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur. No informó el monto exacto de este primer desembolso.

    Las unidades se denominan técnicamente Unidades Múltiples Diésel (DMU). A diferencia de una formación remolcada por una locomotora, este tipo de tren cuenta con tracción diésel integrada en sus propios coches. El contrato incluye la compra de 150 coches, además de insumos, consumibles y componentes para los primeros tres años de mantenimiento. También contempla documentación técnica y tareas de puesta en marcha.

    La composición prevista es de 36 formaciones de trocha ancha, integradas por tres coches cada una, y siete formaciones de trocha angosta, con seis coches cada una. De acuerdo con la cobertura especializada sobre la adjudicación, las unidades de trocha angosta se destinarán al Belgrano Sur, mientras que las de trocha ancha se distribuirán entre los servicios diésel de las líneas Roca, Mitre, Sarmiento y San Martín.

    El contrato se adjudicó a una unión de empresas chinas integrada por CRIIC y CRRC Tangshan. Según informó el medio especializado enelSubte, el consorcio fue el único oferente en el procedimiento. La contratación se llevó adelante mediante una compulsa abreviada, en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

    La convocatoria para adquirir las formaciones se publicó en noviembre de 2025. Sin embargo, el proceso tiene antecedentes anteriores: en 2022 se había iniciado una compra de trenes diésel para servicios regionales y en 2023 se había adjudicado una operación a CRRC. Esa iniciativa fue dada de baja en 2025 y luego reformulada para destinar el nuevo material rodante a los ramales metropolitanos. La modificación cambió la cantidad y composición de los trenes y dejó afuera unidades previstas para otros servicios regionales.

    El diseño actual contempla trenes de distintas trochas para atender las características de los ramales a los que serán asignados. La trocha es la distancia entre los rieles de una vía y determina qué formaciones pueden circular por cada corredor. Por eso, la adquisición no implica que cualquiera de las 43 unidades pueda utilizarse indistintamente en las cinco líneas: la distribución depende de la infraestructura y del ancho de vía de cada servicio.

    El Gobierno plantea que la incorporación permitirá modernizar parte de la flota diésel del AMBA y contribuir a mejorar la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia del transporte de pasajeros. También prevé que los trenes reduzcan los tiempos de viaje, mejoren las frecuencias y faciliten el ascenso y descenso. Esos resultados dependerán, entre otros factores, de la llegada de las unidades, su puesta en servicio y las condiciones de operación de cada ramal.

    Otro objetivo anunciado es reducir el consumo de combustible. El comunicado oficial sostiene que las nuevas formaciones consumirían casi la mitad que las locomotoras que hoy operan en el área metropolitana. Se trata de una estimación del Gobierno sobre el rendimiento esperado; el ahorro efectivo podrá evaluarse una vez que los trenes estén incorporados y haya datos de su funcionamiento.

    La operación también incluye asistencia inicial para mantenimiento, con repuestos y componentes previstos para los primeros tres años. Ese punto será relevante para la disponibilidad de las formaciones una vez que comiencen a circular. La compra de trenes, por sí sola, no resuelve todos los problemas del servicio: la frecuencia y la regularidad también dependen del estado de las vías, la señalización, la infraestructura, el mantenimiento y la cantidad de unidades disponibles.

    La contratación forma parte del plan de inversiones establecido durante la Emergencia Ferroviaria, declarada por el DNU 525/24. Ese programa comprende tanto la adquisición de material rodante como obras de infraestructura orientadas a la seguridad operacional. Para los pasajeros, el dato inmediato es que el primer pago ya fue realizado, pero la mejora concreta del servicio no será inmediata: el cronograma oficial ubica la llegada de las primeras formaciones hacia fines de 2027.

    Hasta entonces, la compra deberá avanzar desde la fabricación y el suministro de los coches hasta su traslado, puesta en marcha y asignación a los ramales correspondientes. El comunicado oficial no detalló en esta etapa cuántas formaciones se entregarán en cada tanda ni el monto individual abonado como anticipo. Por eso, la fecha de llegada de las primeras unidades y la inversión total permiten dimensionar el proyecto, pero no reemplazan el seguimiento de los próximos hitos del contrato.

    La renovación apunta a servicios que transportan diariamente a miles de personas en el AMBA. El Gobierno indicó en la publicación original de la compra que por la red metropolitana circulan alrededor de 1,3 millones de pasajeros por día y que desde 2015 no se adquirían trenes para esos servicios. La cantidad corresponde a la cifra oficial difundida por el organismo y no a un relevamiento independiente incluido en el anuncio del primer desembolso.

    La información difundida confirma un avance administrativo y financiero de la operación: Trenes Argentinos efectuó el primer pago de un contrato ya adjudicado. El próximo dato a seguir será el cumplimiento del cronograma de fabricación y entrega. Recién cuando las unidades lleguen y comiencen a prestar servicio podrá medirse si la incorporación mejora las frecuencias, reduce los tiempos de viaje y ofrece mayor confiabilidad a los usuarios de las cinco líneas.

  • LA OTRA MIRADA: UNA FAMILIAR RELATA EL TRASLADO A MARCOS PAZ

    LA OTRA MIRADA: UNA FAMILIAR RELATA EL TRASLADO A MARCOS PAZ

    Una lectora de Free Media Argentina se comunicó con el medio para compartir lo que vivió como familiar directa de una persona detenida trasladada desde la cárcel de Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz. Para resguardar la identidad de ambos, no se incluyen nombres ni otros datos que permitan identificarlos. A continuación, se presenta su testimonio en primera persona, organizado y editado para facilitar su lectura, sin modificar el sentido de lo que relató.

    Soy familiar directa de una persona detenida que fue trasladada desde Devoto a Marcos Paz. Quiero contar cómo vivimos esta situación desde el lugar de las familias, porque el traslado no se atraviesa únicamente dentro de un establecimiento penitenciario. También se vive desde afuera, en la espera, en la preocupación y en la necesidad de saber cómo están nuestros familiares. Cuando no tenemos información suficiente o no podemos verlos como estaba previsto, cada novedad y cada cambio generan incertidumbre.

    Antes del traslado, las visitas con mi familiar se realizaban los miércoles y los domingos. En medio de este proceso, una visita prevista para un miércoles fue cancelada. Ese día no pude verlo como estaba previsto y tampoco pude saber con claridad qué estaba pasando con él. La cancelación de la visita, sumada a la falta de información que yo tenía en ese momento, aumentó mi preocupación. Como familiar, necesitaba conocer su situación y esperar una oportunidad para volver a verlo.

    En los días previos al traslado, las personas detenidas estuvieron comiendo pan durante algunos días. Después se realizó el traslado desde Devoto hasta Marcos Paz. Junto con las personas trasladadas también viajaron sus pertenencias, pero esas cosas nunca aparecieron al llegar al nuevo establecimiento. Desde entonces, mi familiar quedó sin sus pertenencias. Para nosotros, no se trata de algo secundario: son las cosas que tenía consigo y que esperaba encontrar al llegar a su nuevo lugar de alojamiento.

    La falta de las pertenencias está relacionada con el reclamo que, según conozco, expresan las personas detenidas en Marcos Paz. La huelga de hambre se inició porque las cosas trasladadas junto con ellos nunca aparecieron. A esa situación se suma la falta de alimentos y la imposibilidad de recibir con normalidad aquello que sus familias intentan acercarles. Esa es la razón del reclamo tal como me fue transmitida y la situación que quiero que también se conozca al hablar de la medida.

    Las familias fueron hasta Marcos Paz con la intención de acercarles cosas y alimentos. Algunas viajaron desde lejos para intentar dejar lo que llevaban para sus familiares. Sin embargo, según lo que relaté, no les permitieron ingresar al depósito para entregar esas pertenencias. Después de hacer el viaje hasta el penal, se encontraron con que no podían dejar allí lo que habían llevado. Así, la posibilidad de hacer llegar esos elementos quedó interrumpida y los detenidos continuaron sin poder recibirlos de sus familias.

    Lo que más me preocupa es que a la falta de sus pertenencias se suma que tampoco pueden recibir los alimentos que acercan sus familiares. Según lo que conté al comunicarme con Free Media Argentina, llevaban ocho días sin comida y no les permitían recibir aquello que sus familias intentaban llevarles. También había ocurrido que, antes del traslado, estuvieron comiendo pan durante algunos días. La duración y las condiciones que describo corresponden a lo que conozco y relaté; por eso quiero que se entienda el motivo que, desde nuestra mirada, está detrás de la huelga de hambre.

    Para las familias, el traslado no terminó cuando las personas detenidas llegaron a Marcos Paz. Después quedaron las visitas canceladas, la incertidumbre sobre cómo estaban, la falta de sus pertenencias y la preocupación por la comida. También quedó la dificultad de acercarse hasta el penal y no poder entregar lo que se había llevado para ellos. El viaje de quienes fueron hasta allí no alcanzó para resolver esa necesidad, porque no pudieron dejar las cosas ni los alimentos en el depósito.

    Quiero que se escuche esta parte de lo ocurrido desde el lugar de las familias: estamos tratando de saber cómo se encuentran nuestros seres queridos y de hacerles llegar lo que necesitan, pero, según mi experiencia y lo que relaté, no pudimos hacerlo. La falta de novedades, la visita que no se concretó y la imposibilidad de entregar las pertenencias y los alimentos fueron parte de lo que vivimos después del traslado. No cuento esto para identificar a mi familiar, sino para que se conozca la preocupación que queda del otro lado cuando una persona cercana es trasladada y no podemos acompañarla como quisiéramos.

    Esta es la otra mirada que quería compartir: la de una familiar directa que busca saber cómo está su ser querido y acercarle sus cosas y alimentos. Mi relato se limita a lo que viví y a la información que recibí sobre esta situación. Pido que también se tenga en cuenta la experiencia de las familias, que hicieron el viaje hasta Marcos Paz con la intención de ayudar y, según lo que conté, no pudieron ingresar al depósito ni entregar lo que llevaban.

  • BYMA LANZÓ UN TABLERO GRATUITO CON DATOS DIARIOS DEL MERCADO

    BYMA LANZÓ UN TABLERO GRATUITO CON DATOS DIARIOS DEL MERCADO

    BYMA habilitó un tablero web para consultar el resumen diario del mercado argentino. La herramienta fue desarrollada dentro de BYMA Educa y reúne informes con precios de cierre, indicadores y calculadoras para distintos instrumentos. Se puede ingresar desde un navegador y buscar activos por ticker, nombre o código ISIN; el sitio oficial indica que los paneles se actualizan con el cierre de cada rueda y aclara que la información no constituye una recomendación de inversión.

    El tablero reúne secciones de renta fija, acciones, CEDEARs y opciones. La página de BYMA Educa ofrece el acceso al recurso desde su apartado de herramientas, que presenta sus contenidos como gratuitos y disponibles en línea. La nota de iProUP publicada el 13 de octubre informó además que el nuevo tablero no requiere registro para consultar sus métricas. La propuesta apunta a simplificar el acceso a información de cierre que suele encontrarse distribuida en distintos informes o plataformas.

    En renta fija, el panel incluye títulos públicos y deuda corporativa. BYMA describe datos como precios de cierre, rendimientos, paridades, duración, volumen negociado y referencias sobre vencimientos. También incorpora métricas que requieren más contexto para interpretarse, entre ellas la Tasa Interna de Retorno (TIR), la duration y la convexidad, además de cálculos vinculados con tipos de cambio implícitos y curvas de rendimiento. La lectura de esos indicadores depende de las características de cada título, su moneda, plazo y forma de liquidación; por eso, comparar cifras aisladas puede llevar a conclusiones equivocadas.

    La sección de acciones organiza precios, volúmenes y dividendos de papeles locales. El tablero agrega rankings de variaciones, volatilidad y volumen promedio diario negociado, según explica el propio sitio. Para CEDEARs, reúne certificados vinculados con acciones y fondos cotizados del exterior, con paneles de especies, sectores, rankings y volúmenes. La herramienta permite buscar instrumentos por ticker, denominación o ISIN, un código internacional que identifica títulos. En el caso de las opciones, el sitio presenta información sobre contratos CALL y PUT, filtros, volatilidad y posiciones abiertas.

    Además de los informes, el recurso incluye calculadoras para bonos y letras. La calculadora de bonos permite revisar precio, TIR, duration y flujos de fondos bajo supuestos seleccionados por el usuario. La herramienta para letras trabaja con tasas nominales y efectivas y puede utilizar datos de cierre de cada instrumento. El tablero también incorpora información de volúmenes operados, referencias metodológicas y enlaces a contenidos educativos de BYMA Educa, una combinación pensada para consultar datos y entender cómo se construyen algunos de los indicadores.

    La actualización al cierre ayuda a concentrar información de la jornada en una misma pantalla, pero no equivale a una cotización en tiempo real. El propio tablero aclara que reproduce informes diarios y utiliza precios de cierre del mercado de concurrencia, con modalidad Prioridad Precio-Tiempo y plazo de liquidación T+1. Por esa razón, los valores pueden diferir de los observados durante la rueda o de los publicados por otras fuentes que utilicen distintos horarios, mercados, monedas o criterios de cálculo. Antes de operar, el usuario debe comprobar la fecha del dato y la especie concreta que está consultando.

    El acceso abierto puede resultar útil para estudiantes, ahorristas e inversores que buscan una primera referencia del mercado local sin instalar una aplicación. Sin embargo, la disponibilidad de métricas no elimina la necesidad de comprender los riesgos de cada activo. Una tasa, un rendimiento histórico o una variación diaria no garantizan resultados futuros y tampoco determinan por sí solos si una inversión es adecuada para una persona. El tablero advierte expresamente que su contenido no constituye asesoramiento ni recomendación de inversión.

    Consultar por publicidad

    La herramienta ya se encuentra disponible en el sitio de BYMA Educa. Desde allí, los usuarios pueden recorrer los informes diarios y las calculadoras, consultar el glosario y acceder a cursos relacionados con renta fija, acciones, CEDEARs y opciones. El alcance concreto de cada panel puede variar según el instrumento y los datos disponibles al cierre; la referencia principal para conocer sus criterios de cálculo es la sección metodológica publicada junto al propio tablero.

  • JOSÉ C. PAZ, LA CIUDAD DE LAS VENTANAS ROTAS

    JOSÉ C. PAZ, LA CIUDAD DE LAS VENTANAS ROTAS

    Cada vez que camino por José C. Paz pienso lo mismo: acá nada tiene consecuencias. El que tira la basura en la esquina, el que rompe una luminaria, el que pinta una pared ajena, el que conecta la cloaca a la zanja, el que arrebata un celular en la parada del colectivo. Y también el funcionario que no hace lo que le toca. Nadie paga nada. Y cuando nadie paga nada, todo se degrada de a poco, hasta que un día miramos alrededor y no entendemos en qué momento llegamos a esto.

    En 1982, James Q. Wilson y George Kelling publicaron en la revista The Atlantic un artículo que se volvió famoso: «Broken Windows», ventanas rotas. La idea es simple. Si en un edificio hay una ventana rota y nadie la arregla, pronto van a romper las demás. Los vecinos no son peores que en otro lado; pasa que la ventana rota manda un mensaje: acá nadie cuida, nadie controla, se puede. El desorden chico invita al desorden grande.

    La teoría tiene sus críticos, y vale contarlo. En Nueva York se usó para justificar la «tolerancia cero», con detenciones masivas por cualquier cosa. Una revisión de casi sesenta estudios publicada en 2024 en la revista Criminology & Public Policy encontró resultados mixtos para esa mano dura indiscriminada, con costos altos. Lo que sí muestra resultados es atender el desorden concreto de cada lugar: limpiar, reparar, iluminar, resolver lo puntual del barrio. Arreglar la ventana, literalmente. Y eso es justo lo que en José C. Paz no pasa.

    Basura y ramas acumuladas sobre agua estancada en un terreno de José C. Paz. — Foto: archivo del autor. — Foto: archivo del autor.

    Alcanza con salir a la calle. En buena parte del distrito el camión de la basura pasa una vez por semana, a veces ni eso. Las bolsas se acumulan, los perros las rompen, la lluvia las arrastra. En ese hueco aparecen los carreros: gente sin trabajo estable que pasa con un carro, cobra unos pesos por llevarse la basura de las casas y la descarga en una avenida, en un baldío o al costado de una laguna, o de lo que solía serlo. Es fácil enojarse con ellos, pero llegaron después de que la basura empezó a quedarse en la vereda. Si el servicio funcionara, nadie tendría que pagarle a otro para que se lleve la bolsa. El microbasural no lo inventó el carrero. Lo hizo posible un municipio que no recolecta y que tampoco controla adónde va a parar lo que no recolecta.

    Con el agua pasa algo parecido. Según el Censo 2022 del INDEC, apenas el 8,2 % de los hogares de José C. Paz tiene cloacas y solo el 15 % tiene agua de red. Con esos números no sorprende que haya vecinos que conectan sus desagües directo a la zanja. Lo que sorprende es que nadie lo controle, nadie lo sancione y nadie construya la alternativa. El resultado se ve después de cada lluvia: calles llenas de barro, agua estancada, mugre que vuelve a la puerta de las casas. Sumale paredes pintadas, luminarias rotas y plazas abandonadas. Ventanas rotas por todos lados.

    "Zona liberada, coimero": una pintada en un paredón de José C. Paz. — Foto: archivo del autor. — Foto: archivo del autor.

    La inseguridad sigue la misma lógica. No hay a la vista una red de cámaras que permita seguir un hecho, ni una política de prevención que se note en la calle. La patrulla urbana, que debería ser la presencia del municipio en los barrios, en la práctica no cumple esa función. El que arrebata sabe que es difícil que lo agarren, y que si lo agarran probablemente esté afuera esa misma noche.

    Quise respaldar esta columna con números oficiales y me encontré con el problema de fondo: casi no hay. El sitio municipiosargentinos.net arma un índice de los 135 municipios bonaerenses con datos públicos de transparencia, servicios, seguridad y control. José C. Paz está último: 17,3 puntos sobre 100. En transparencia, el rubro que más pesa, saca 5 sobre 100. El municipio ni siquiera declara cuántos empleados tiene. Un distrito de casi 327.000 habitantes que no informa cuántas personas trabajan para él no le está rindiendo cuentas a nadie.

    Esa es la otra cara de la falta de consecuencias. Mario Ishii conduce José C. Paz desde 1999, con algunas interrupciones. Desde diciembre de 2025 es senador bonaerense con licencia en la intendencia, y el municipio quedó a cargo de la intendenta interina Lorena Espina. Cambian los nombres en el despacho, pero la basura sigue en la esquina y las cuentas siguen sin publicarse. Si nada de eso tiene costo para quienes gobiernan, el mensaje es el mismo que el de la ventana rota: se puede.

    Tampoco se trata de mano dura indiscriminada ni de llenar las cárceles. Lo que pido es que cada hecho, por chico que sea, tenga una respuesta proporcional y rápida.

    Hace poco me contaron el caso de un colegio de Neuquén. De acuerdo con los padres, a un alumno que faltaba el respeto todo el tiempo y dañaba el edificio le hicieron reparar lo que había roto: pintar, arreglar, devolverle a la escuela lo que le había sacado. No hubo escándalo ni expulsión. Hubo una consecuencia que cualquiera entiende. Esa lógica debería valer para todos. El que rompe, arregla, y si no tiene plata pone horas de trabajo. El que vuelca basura en la calle la levanta y además limpia la cuadra. El que conecta la cloaca a la zanja la desconecta.

    Para los delitos menores, la provincia de Buenos Aires ya tiene una herramienta: el procedimiento de flagrancia de la ley 13.811, pensado para que los casos en los que alguien es sorprendido en el momento se resuelvan rápido y sin años de expediente. El que es agarrado robando, aunque sea algo chico, tiene que pasar por una audiencia rápida, recibir una sanción concreta (trabajo comunitario, reparación del daño, unos días de arresto cuando corresponda) y quedar con un antecedente. Más que una pena dura, lo que frena al próximo es saber que la sanción llega.

    Un pozo en el asfalto, señalizado por los propios vecinos con un palo y un trapo blanco. — Foto: archivo del autor. — Foto: archivo del autor.

    Y el mismo criterio tiene que llegar a la política. Si un municipio no recolecta la basura, no publica sus cuentas o no mantiene el espacio público, tiene que pagar un costo: metas de servicio medibles y públicas, observaciones del Tribunal de Cuentas que se cumplan en lugar de archivarse, un Concejo Deliberante que pida explicaciones y vecinos que voten con esos datos en la mano.

    Publicidad KNK

    Ninguna ciudad cambia de un día para el otro. Pero tampoco se arruina de golpe: se arruina una bolsa de basura, una pared pintada y un arrebato impune por vez. Si se arruina de a poco, se puede arreglar de a poco. Empezando por la primera ventana rota.

  • SUSPENDIERON A UN TENISTA SERBIO POR 24 AÑOS TRAS SER ACUSADO DE AMAÑAR PARTIDOS

    SUSPENDIERON A UN TENISTA SERBIO POR 24 AÑOS TRAS SER ACUSADO DE AMAÑAR PARTIDOS

    La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) suspendió al serbio Stefan Milićević por 24 años y le impuso una multa de 70.000 dólares por infracciones graves a las reglas anticorrupción. La sanción comenzó a regir el 9 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 8 de octubre de 2050. Milićević tiene 29 años, por lo que tendría 53 cuando finalice el período de inhabilitación. El organismo comunicó la medida el jueves 15 de octubre y explicó que se aplicó conforme a su reglamento luego de que el jugador no respondiera a los cargos ni a los intentos de contacto realizados durante la investigación.

    La ITIA le atribuyó seis partidos presuntamente arreglados entre 2022 y 2024, cinco de ellos en los que Milićević habría participado como jugador. También lo acusó de intentar manipular otros seis encuentros durante el mismo período. A esos cargos se sumó el presunto reclutamiento o intento de reclutamiento de varios tenistas profesionales para integrarlos a una red corrupta. Según el organismo, esas maniobras derivaron en que otros jugadores amañaran partidos. La comunicación oficial presenta estos puntos como cargos imputados al tenista y no como conclusiones surgidas de una audiencia en la que él hubiera participado.

    La investigación de la agencia se desarrolló durante 2026. La ITIA informó que realizó siete intentos separados, a través de distintos canales, para obtener una respuesta de Milićević, pero no consiguió que participara o colaborara. El 24 de septiembre, una vez concluida la pesquisa, le envió una notificación de infracción grave, conocida en el reglamento como Notice of Major Offense. El jugador tampoco respondió a esa comunicación. En consecuencia, y de acuerdo con las reglas y las directrices de sanción de la entidad, se consideró aplicada una sanción por defecto de 24 años de inhabilitación y USD 70.000 de multa, con vigencia desde el 9 de octubre.

    La medida no se limita a impedir que compita como tenista. Durante el período de suspensión, Milićević tampoco puede entrenar en eventos ni asistir a torneos organizados o autorizados por World Tennis, la ATP, la WTA, los cuatro certámenes de Grand Slam o cualquier asociación nacional. La restricción alcanza, por lo tanto, distintos roles vinculados con las competencias comprendidas por esas entidades. El término de la sanción fue fijado para el 8 de octubre de 2050, siempre bajo el alcance que establecen las reglas citadas por la ITIA. La decisión pública no detalla una instancia posterior ni un cambio de calendario para ese plazo.

    https://www.itia.tennis/news/sanctions/serbian-tennis-player-stefan-milicevic-suspended-for-24-years/

    El serbio alcanzó su mejor posición en el ranking mundial de singles en agosto de 2014, cuando llegó al puesto 1.338, según los datos publicados por la ITIA. Infobae consignó que su último partido profesional fue el 10 de junio de 2024, en un torneo de la Federación Internacional de Tenis (ITF) disputado en Kuršumlijska Banja, Serbia. En el tramo 2022-2024 que comprende los cargos, jugó 11 partidos profesionales, todos en el tercer nivel del circuito, de acuerdo con registros de World Tennis citados por la agencia y por el medio. La cantidad de partidos disputados no permite por sí sola inferir cuáles fueron los encuentros objeto de los intentos de manipulación.

    Antes de su paso por el circuito profesional, Milićević desarrolló buena parte de su carrera en el tenis universitario de Estados Unidos. Integró el equipo de la Universidad de Minnesota entre 2016 y 2020, y cerró esa etapa con un registro de 81 triunfos y 39 derrotas en singles, según la ficha deportiva de la institución. En 2020 fue seleccionado para el primer equipo All-Big Ten y recibió el reconocimiento de atleta de la semana de esa conferencia después de obtener victorias ante rivales ubicados en el ranking universitario. Esos antecedentes corresponden al circuito universitario y son distintos de su clasificación dentro del tenis profesional.

    Luego de concluir su etapa como jugador universitario, se incorporó al cuerpo técnico de la Universidad DePaul como asistente graduado al comienzo de la temporada 2021-2022, según la ficha oficial del programa. Ese antecedente adquiere relevancia por el alcance de la sanción: la ITIA prohíbe también entrenar en eventos alcanzados por sus reglas, además de competir o asistir. La información institucional consultada confirma su función en DePaul en temporadas previas, pero no describe cuál era su situación laboral al momento de anunciarse la suspensión. La comunicación de la sanción tampoco menciona una declaración del jugador ni de esa universidad sobre el caso.

    La duración de 24 años ubica el caso entre las sanciones de plazo fijo más extensas informadas por la ITIA, aunque el organismo también ha aplicado inhabilitaciones de por vida en otros expedientes. El castigo reúne una suspensión prolongada y una multa económica, mientras que la fecha de finalización establecida deja al jugador fuera de las actividades cubiertas durante más de dos décadas. La ITIA relacionó la sanción con los cargos por partidos arreglados, intentos de manipulación y captación de otros tenistas; el comunicado no atribuye la extensión de la pena a la falta de cooperación. Hasta la publicación de la medida, el jugador no había contestado a la notificación de infracción grave, según la información difundida por la agencia.

    La decisión comunicada por la ITIA deja firme, dentro de su procedimiento disciplinario, una inhabilitación que alcanza competencias y actividades autorizadas por las principales organizaciones del tenis. El organismo no informó de una respuesta pública de Milićević a las acusaciones ni de una revisión posterior de la sanción. Por eso, la noticia debe leerse con la precisión procesal que refleja el comunicado: la entidad publicó los cargos y aplicó el castigo previsto por defecto tras la falta de respuesta, sin exponer una defensa del jugador en el expediente difundido. La vigencia actual de la medida comienza el 9 de octubre de 2026 y su término está previsto para el 8 de octubre de 2050.

  • DEFENSA INFORMÓ QUE PRESTI SOBREVOLÓ VACA MUERTA Y EL SISTEMA VMOS

    DEFENSA INFORMÓ QUE PRESTI SOBREVOLÓ VACA MUERTA Y EL SISTEMA VMOS

    El Ministerio de Defensa informó que el ministro Carlos Alberto Presti realizó un reconocimiento aéreo del sistema energético de Vaca Muerta, acompañado por el general de brigada Gonzalo Herrera, comandante de la 2.ª División de Ejército, y el coronel mayor Rolando Labrousse, comandante de la VI Brigada de Montaña. La actividad fue difundida por la cuenta oficial de la cartera en X mediante un mensaje y cuatro fotografías. Según esa publicación, el recorrido se llevó adelante en una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina y abarcó instalaciones y zonas vinculadas con la producción, el procesamiento y el transporte de energía. El comunicado presentó la recorrida como una visita a infraestructura que considera estratégica para la Argentina.

    El trayecto mencionado por Defensa incluyó Añelo y Loma Campana, dos referencias centrales de la actividad hidrocarburífera neuquina; Tratayén y Planicie Banderita, vinculadas con instalaciones de procesamiento, generación o transporte; y Allen, en Río Negro, donde se ubica una cabecera del sistema de evacuación de crudo. Luego, siempre de acuerdo con el posteo oficial, Presti sobrevoló Punta Colorada, en la costa rionegrina, punto donde se construye la terminal marítima del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). La cartera describió esos puntos como parte de una red de instalaciones que conecta los centros de producción con las rutas de transporte y la futura salida exportadora. La publicación no especificó cuánto duró el vuelo ni detalló un programa adicional de visitas.

    El Ministerio vinculó el recorrido con la protección de la infraestructura energética crítica. En el mensaje, sostuvo que las Fuerzas Armadas tienen la misión de defender la soberanía y los intereses vitales de la Nación, y afirmó que resguardar recursos, instalaciones y redes requiere conocerlos y vigilarlos. Esa formulación expresa el encuadre que la cartera dio a la actividad. Sin embargo, el post no anunció el inicio de un operativo permanente, la asignación de nuevas unidades ni medidas concretas de seguridad para los yacimientos o ductos. Tampoco informó sobre amenazas, incidentes o riesgos específicos en los puntos visitados.

    El foco del itinerario fue el sistema que conecta áreas productivas de la cuenca neuquina con nodos de procesamiento y transporte, y con la costa atlántica de Río Negro. Entre esos proyectos, VMOS es un oleoducto de exportación impulsado por YPF y otras compañías del sector. La información institucional de YPF describe un tramo de 437 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, con una terminal de carga, monoboyas interconectadas y una playa de tanques para almacenar petróleo. La compañía señala que el diseño apunta a aliviar las limitaciones de transporte de crudo y permitir que una parte mayor de la producción de Vaca Muerta llegue a los mercados internacionales.

    La empresa VMOS presenta el proyecto como un sistema en etapas, con una capacidad inicial prevista de 190.000 barriles diarios y ampliaciones posteriores. Su página institucional indica que el objetivo de diseño es transportar hasta 550.000 barriles por día, con posibilidad de aumentar ese volumen si crece la producción y se incorporan nuevas instalaciones. Esas cifras describen capacidades proyectadas por la compañía, no el volumen que hoy circula por el ducto. La etapa costera incluye instalaciones en Punta Colorada y componentes offshore para cargar buques; por eso el reconocimiento mencionado por Defensa abarcó tanto puntos de producción y bombeo tierra adentro como el área de salida al mar.

    El desarrollo de esa infraestructura se relaciona con el crecimiento de la producción de petróleo no convencional en Vaca Muerta y con la necesidad de trasladar el crudo desde Neuquén hacia centros de almacenamiento, terminales o refinerías. Reuters informó en febrero que la producción de petróleo de la formación había alcanzado cerca de 600.000 barriles diarios durante 2025 y señaló que las nuevas obras de transporte podían ampliar la capacidad de exportación del país. La agencia también describió VMOS como una inversión conjunta de empresas energéticas, con una terminal y tanques en Punta Colorada. La instalación no transporta gas: se trata de un oleoducto destinado al crudo, una distinción relevante porque los proyectos de Vaca Muerta incluyen redes diferentes para petróleo y gas.

    El valor estratégico que Defensa asignó a la recorrida se explica en el propio comunicado a partir del impacto que atribuye a la producción, las exportaciones y la soberanía energética. En ese sentido, el vuelo conecta un mensaje institucional sobre defensa con una infraestructura económica cuya expansión puede incidir en la capacidad de transporte y salida de hidrocarburos. Esa relación no modifica la naturaleza civil y empresarial del proyecto ni permite concluir, por sí sola, que las Fuerzas Armadas asumirán tareas de custodia directa de sus instalaciones. Para sostener una afirmación de ese alcance haría falta una decisión, una orden o un anuncio operativo que no aparece en la publicación difundida.

    La información disponible hasta el momento se limita a los datos que Defensa incluyó en su posteo: los funcionarios que participaron, los principales puntos del trayecto y la interpretación oficial sobre la importancia de proteger las redes energéticas. No se comunicaron conclusiones técnicas del reconocimiento, evaluaciones de vulnerabilidad ni acuerdos con las empresas operadoras. Tampoco se precisó si habrá nuevas recorridas o qué organismo conduciría eventuales acciones posteriores. Por ahora, la noticia consiste en la visita aérea realizada por Presti y en la señal pública que el Ministerio eligió transmitir sobre el peso de la infraestructura energética en la agenda de defensa nacional.

  • LA CÁMARA SUSPENDIÓ LAS MULTAS A SANTILLI, PERO LA CAUTELAR UNIVERSITARIA SIGUE VIGENTE

    LA CÁMARA SUSPENDIÓ LAS MULTAS A SANTILLI, PERO LA CAUTELAR UNIVERSITARIA SIGUE VIGENTE

    La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente la aplicación de las multas diarias que el juez Martín Cormick había impuesto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco del reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. El tribunal admitió una queja del Ministerio de Capital Humano y dispuso que el juzgado de primera instancia tramite con efecto suspensivo la apelación estatal contra la sanción. Mientras el recurso siga en curso, queda en pausa el cobro de las astreintes fijadas en 100.000 pesos por día. La decisión no resolvió si el Gobierno cumplió con la orden sobre salarios y becas ni puso fin a la discusión de fondo.

    La precisión es central para interpretar el alcance del fallo. La resolución de la Cámara se refiere a la sanción económica que se había establecido contra quien ocupa la Jefatura de Gabinete; no anuló la medida cautelar que ordena aplicar las disposiciones de la ley vinculadas con el personal universitario y las becas estudiantiles. Tampoco declaró inválida la Ley 27.795 ni determinó que el Estado haya cumplido con todas sus obligaciones. El expediente seguirá su trámite y la apelación deberá ser analizada por los tribunales competentes, sin que por ahora se conozca un plazo para una decisión definitiva.

    El conflicto inmediato se originó el miércoles, cuando Cormick hizo efectiva una advertencia previa y dispuso una multa de 100.000 pesos diarios para Diego Santilli. El juez había considerado que el Estado no había acreditado el cumplimiento de la cautelar y que los plazos otorgados para ejecutar la orden estaban vencidos. La sanción se adoptó luego de dos intimaciones y de un pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó que se aplicara el apercibimiento ante la falta de pagos que, según sostuvo, correspondían por la recomposición salarial y las becas. El magistrado dejó abierta la posibilidad de revisar el monto o ampliar los funcionarios alcanzados si persistía el incumplimiento que había tenido por verificado.

    El juez Martin Cormick

    El Ministerio de Capital Humano cuestionó esa medida ante la Cámara. Según la postura oficial, la cautelar ya se encontraba íntegramente cumplida y la apelación debía suspender los efectos de la multa mientras se revisaba la decisión. Cormick había rechazado que el recurso tuviera ese efecto; la Sala III, al admitir la queja, ordenó que el juzgado conceda la apelación con efecto suspensivo. Por eso el cambio conocido este jueves recae sobre las astreintes y su ejecución durante el trámite del recurso. La Cámara no emitió, según los datos difundidos sobre la resolución, un pronunciamiento definitivo acerca de si las sumas salariales y las partidas para becas fueron pagadas conforme a la ley.

    La cautelar de origen exige adecuar las remuneraciones de docentes y no docentes de las universidades públicas para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor entre enero de 2023 y julio de 2025. El cálculo judicial citado en el expediente supone un incremento del 40,25 por ciento sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025. La norma también contempla que los haberes se actualicen mensualmente según la inflación y que se recompongan los programas de becas estudiantiles. Esos puntos —la recomposición inicial, el mecanismo de actualización y las ayudas a estudiantes— forman parte de la controversia entre el Estado y las instituciones universitarias.

    El Gobierno expuso una interpretación distinta sobre el nivel de los aumentos ya otorgados. En una presentación reseñada por Infobae, sostuvo que las subas acumuladas desde diciembre de 2023 alcanzaban el 226,80 por ciento, frente al 226,40 por ciento que, según su cálculo, correspondía para el período entre diciembre de 2023 y agosto de 2025; el Ejecutivo incluyó en esa cuenta un aumento del 21,33 por ciento dispuesto en junio de 2026. Esa comparación fue presentada como argumento oficial para afirmar que la cautelar estaba cumplida. El CIN, en cambio, mantuvo su reclamo y señaló que los pagos ordenados no se habían concretado. La discusión sobre esas cifras y su correspondencia con los parámetros de la ley no quedó saldada por la decisión sobre la multa.

    La causa se tramita a partir de presentaciones del CIN y de otros actores universitarios contra el Estado Nacional por el Decreto 759/2025, que condicionó la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición de las fuentes de recursos y de las partidas presupuestarias. El 6 de octubre, el juez Cormick declaró inconstitucional esa cláusula y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar la norma. El Gobierno apeló ese fallo de fondo, mientras que la cautelar relacionada con salarios y becas había sido confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio de 2026. Son discusiones conectadas, pero distintas: una se refiere a la validez de la condición presupuestaria del decreto y otra a la ejecución provisoria de obligaciones específicas mientras continúa el proceso.

    La resolución de este jueves se conoció durante la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada en reclamo del cumplimiento de la ley y de la recomposición para las universidades públicas. La movilización coincidió con un nuevo capítulo judicial, aunque la Cámara no resolvió allí el planteo de fondo ni modificó por sí misma el alcance sustantivo de la cautelar sobre salarios y becas. Por el momento, el Gobierno consiguió que se suspenda temporalmente la sanción diaria mientras se tramita su apelación. El próximo paso será la sustanciación de ese recurso en el juzgado y su revisión judicial; hasta que haya una resolución posterior, la disputa sobre el cumplimiento y la aplicación de la Ley 27.795 permanece abierta.

  • LA OPOSICIÓN NO REUNIÓ QUÓRUM PARA TRATAR EL DNU 70 EN DIPUTADOS

    LA OPOSICIÓN NO REUNIÓ QUÓRUM PARA TRATAR EL DNU 70 EN DIPUTADOS

    La oposición no logró reunir el quórum para abrir la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados con el objetivo de rechazar el DNU 70/2023. El recinto necesitaba 129 legisladores sentados para iniciar el debate, pero los bloques que impulsaban la convocatoria quedaron por debajo de ese mínimo. Ante la falta de número, la sesión se cayó sin que la Cámara baja tratara el decreto ni los demás proyectos incluidos en el temario. La actividad parlamentaria estaba prevista para coincidir con una jornada de movilización frente al Congreso y con la quinta Marcha Federal Universitaria. El intento opositor quedó así bloqueado antes de que comenzara la discusión política de fondo.

    La convocatoria tenía como eje el rechazo integral del decreto firmado por Javier Milei en diciembre de 2023, pero también incorporaba iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar. Entre ellas se encontraba la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y propuestas para aliviar la morosidad de los hogares. La combinación de temas buscaba ampliar el número de diputados dispuestos a sentarse en el recinto, incluso entre sectores que podían tener diferencias sobre el alcance del rechazo al DNU. Sin embargo, los apoyos no alcanzaron para habilitar el tratamiento. Al caerse la sesión, ninguno de esos proyectos avanzó en esa instancia.

    El principal efecto inmediato es que Diputados no emitió una resolución sobre el DNU 70/23. El Senado ya lo había rechazado el 14 de marzo de 2024, con 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones, pero la Cámara baja todavía debía pronunciarse para completar el trámite parlamentario. El artículo 24 de la Ley 26.122 establece que el rechazo por ambas cámaras implica la derogación del decreto. Como Diputados no llegó a sesionar ni a votar, ese paso no se produjo y el DNU permanece vigente. La caída del encuentro, por lo tanto, evitó una definición legislativa sobre el conjunto de sus disposiciones.

    El DNU 70/2023 fue una de las primeras medidas de gran alcance del gobierno de Milei y dispuso cambios en numerosas áreas de la actividad económica y de la regulación estatal. Entre sus disposiciones se incluyeron modificaciones y derogaciones de normas sobre alquileres, abastecimiento, góndolas, medicina prepaga, contratos y otras actividades. Su extensión y diversidad hicieron que el debate sobre su continuidad reuniera posiciones diferentes incluso entre legisladores opositores. Algunos sectores cuestionaron el alcance general del decreto; otros señalaron que una derogación completa también alcanzaría medidas que consideran convenientes o que tienen efectos específicos en sus provincias. Esa amplitud formó parte de las dificultades para construir una mayoría y asegurar la presencia requerida.

    La disputa volvió a tomar impulso luego de que la Corte Suprema modificara el escenario judicial relacionado con la Ley de Tierras Rurales. El artículo 154 del DNU había derogado esa norma, que establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Tras decisiones judiciales sobre la aplicación del artículo, la oposición convocó a tratar el rechazo de todo el megadecreto. En paralelo, el oficialismo incorporó al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada artículos para dejar sin efecto el artículo 154 y restablecer la Ley de Tierras, una estrategia que buscó responder a los reclamos de sectores aliados sin aceptar la derogación integral del DNU. El proyecto tenía previsto continuar su recorrido legislativo en una sesión posterior.

    La asistencia de los bloques provinciales era uno de los puntos más observados antes de la convocatoria. Los conteos previos ubicaban a la oposición por debajo de los 129 presentes y dependían, en buena medida, de legisladores cuyos espacios responden a gobernadores o mantienen negociaciones con la Casa Rosada. En la previa se mencionaron definiciones pendientes en bancadas de provincias como Salta, Tucumán y Catamarca, además de divisiones dentro de interbloques dialoguistas. La información publicada por Infobae puso el foco en las ausencias de legisladores cercanos a mandatarios provinciales como un factor clave para frustrar el quórum. Esa lectura describe el peso político de las ausencias en el recuento, pero no permite atribuir por sí sola una orden directa de los gobernadores a cada diputado.

    El llamado opositor también coincidió con reclamos por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y con protestas de organizaciones sociales, sindicales y de personas con discapacidad. La movilización le dio visibilidad al debate, aunque no modificó el requisito reglamentario de asistencia para que la Cámara pudiera iniciar la sesión. La falta de quórum impidió que la Cámara iniciara el debate y trasladó la discusión a una nueva ronda de negociaciones parlamentarias. Mientras tanto, las partes buscaban determinar quiénes habían faltado y qué margen quedaba para insistir con el tema.

    El fracaso de la convocatoria no cerró el debate sobre el decreto. La Libertad Avanza había llamado a una sesión para el 21 de octubre con un temario que incluye el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y otras iniciativas vinculadas con discapacidad y endeudamiento familiar. Ese escenario abre una nueva instancia para discutir los asuntos que quedaron pendientes, aunque no equivale a una nueva convocatoria para rechazar íntegramente el DNU. La oposición deberá definir si vuelve a buscar el quórum, si negocia cambios en el temario o si concentra sus esfuerzos en artículos particulares. Hasta que exista una nueva decisión parlamentaria, el DNU 70/2023 continúa vigente y sin rechazo de la Cámara de Diputados.

  • EL SENADO DE BRASIL APROBÓ EL FIN DE LA ESCALA 6X1

    EL SENADO DE BRASIL APROBÓ EL FIN DE LA ESCALA 6X1

    El Senado de Brasil aprobó en dos votaciones la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 221/2019, que elimina la escala laboral 6×1 y establece una jornada máxima de 40 horas semanales, sin reducción salarial. El texto obtuvo 75 votos a favor y uno en contra tanto en el primer como en el segundo turno, y ahora será enviado a promulgación. La reforma prevé dos días de descanso semanal remunerado y una implementación progresiva que comenzará después de la promulgación de la enmienda.

    La modificación no implica que todos los trabajadores pasen de inmediato a una semana de 40 horas. Según el cronograma aprobado, a los 60 días de la promulgación comenzará la escala de cinco días de trabajo y dos de descanso, con una jornada máxima de 42 horas semanales. Después de otros 12 meses, el límite bajará a 40 horas. El período completo de transición será de 14 meses, por lo que la aplicación final dependerá de la fecha en que la enmienda sea promulgada.

    La propuesta también establece que el nuevo esquema no podrá implicar una reducción de salarios. El descanso semanal será remunerado y uno de los dos días deberá coincidir preferentemente con el domingo. La jornada diaria tendrá un límite de ocho horas, con posibilidad de compensar horarios y ajustar la duración mediante acuerdos o convenios colectivos, dentro de los límites previstos por la reforma. Esos puntos determinan el marco general para reorganizar los turnos y las jornadas en los distintos sectores alcanzados.

    La escala 6×1 describe una semana con seis días de trabajo y uno de descanso. Aunque no es el único régimen laboral existente en Brasil, es habitual en actividades que requieren atención durante toda la semana, como el comercio y algunos servicios. Con el nuevo esquema, la regla general pasará a contemplar cinco días de actividad y dos de descanso, mientras que el máximo semanal de horas se reducirá desde las 44 vigentes. Las jornadas especiales y las formas de compensación deberán observar los límites constitucionales y las reglas aplicables a cada actividad.

    La votación tuvo lugar el miércoles 14 de octubre en el Plenario del Senado. La propuesta ya había recibido aprobación de la Cámara de Diputados en mayo y había sido avalada por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado en septiembre. Para acelerar su tratamiento final, los líderes parlamentarios solicitaron un calendario especial que permitió votar los dos turnos durante la misma sesión; en el segundo turno se dispensaron nuevas sesiones de debate. Al no introducir cambios respecto del texto aprobado por la Cámara, la PEC no debe volver a esa casa legislativa.

    El resultado fue de 75 votos afirmativos y uno negativo en cada turno. El único voto en contra correspondió al senador Hamilton Mourão, del partido Republicanos, mientras que 77 de los 81 integrantes de la Cámara alta registraron presencia durante la sesión, según el panel de votación. La aprobación superó ampliamente el mínimo de 49 votos favorables requerido para una enmienda constitucional. El debate se extendió durante más de cinco horas y, de acuerdo con el informe del Senado, los legisladores que se pronunciaron defendieron la aprobación, aunque algunos plantearon reservas y posibles ajustes futuros.

    La reforma se presenta como el cambio más importante en la jornada laboral brasileña desde la Constitución de 1988, cuando el máximo semanal había pasado de 48 a 44 horas. El Gobierno estimó que la nueva regla podría alcanzar a más de 37 millones de trabajadores del sector formal. La cifra es una proyección oficial sobre el universo potencialmente beneficiado; la aplicación concreta dependerá de las condiciones de cada empleo y de la entrada en vigor del nuevo texto. El Senado destacó que el día adicional de descanso busca ampliar el tiempo disponible para la vida familiar, el ocio y los estudios, argumentos que estuvieron presentes durante la discusión parlamentaria.

    La votación también ocurrió en plena campaña para la segunda vuelta presidencial, prevista para el 25 de octubre. La propuesta recibió apoyo de legisladores de distintos sectores y se convirtió en uno de los temas centrales del debate político y laboral de los últimos días. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva respaldó la reducción de la jornada, mientras que la iniciativa también recibió votos favorables de integrantes de la oposición. Ese respaldo transversal no elimina las diferencias sobre los efectos económicos ni sobre la organización de turnos, aspectos que seguirán en discusión durante la transición.

    Con la decisión del Senado, el paso legislativo pendiente es la promulgación de la enmienda constitucional. Hasta entonces, se mantiene vigente el límite actual de 44 horas semanales y la escala 6×1 no queda modificada de manera inmediata. Una vez promulgado el texto, comenzará a correr el plazo de 60 días para adoptar la semana de cinco jornadas y el primer límite de 42 horas; luego, tras 12 meses adicionales, se alcanzará el máximo de 40 horas. La norma fija el marco general de la reforma, sin rebaja salarial, y deja el inicio efectivo sujeto a la promulgación y a los plazos establecidos.