Las seis líneas del subte porteño y el Premetro quedaron interrumpidos este martes 20 de octubre por un paro sorpresivo de los metrodelegados. La medida comenzó durante la mañana, después de un operativo policial en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, en Villa Urquiza. La protesta tuvo impacto en toda la red y afectó a los pasajeros que usan el transporte para trasladarse por la Ciudad de Buenos Aires. Al momento de las primeras actualizaciones, no había un horario confirmado para la reanudación del servicio.
El conflicto se originó durante una protesta en la que un trabajador abrió los molinetes para permitir el ingreso de pasajeros sin pagar. La acción, según el sindicato, se había realizado en respuesta a una sanción aplicada a un compañero y ante la falta de diálogo con la empresa concesionaria. Las autoridades porteñas señalaron que la Policía intervino para detener esa acción y cumplir una orden de la fiscalía. Las versiones sobre el episodio y sus motivos fueron presentadas de manera diferente por el gremio y por el Gobierno.
En el procedimiento fueron detenidos inicialmente los metrodelegados Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara, quienes, de acuerdo con fuentes policiales citadas en las primeras informaciones, habrían intervenido cuando los agentes intentaban avanzar sobre el trabajador que encabezaba la protesta. La fiscal Natalia Pla, de la Unidad de Flagrancia Norte, dispuso las detenciones. Más tarde, el delegado Néstor Segovia también fue arrestado cuando se presentó en la estación. La situación de cada persona quedó bajo intervención judicial y las detenciones no equivalen a una condena.
Segovia recuperó la libertad alrededor de las 13, según informó el sindicato y confirmaron las primeras actualizaciones periodísticas. La organización gremial mantuvo el reclamo por la liberación de los demás detenidos y comunicó que la interrupción del servicio continuaría hasta que se cumpliera esa demanda. El sindicato calificó los arrestos como arbitrarios y sostuvo que la medida respondió a una persecución contra los trabajadores. Esa es la posición de la AGTSyP; la fiscalía y las autoridades porteñas defendieron la intervención policial como parte de un procedimiento ordenado por la Justicia.
La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad intimó a los gremios, a Emova y a Subterráneos de Buenos Aires a restablecer una cobertura mínima del 50% en cada línea y en el Premetro. La disposición también pidió que los actores involucrados informaran qué modalidad operativa implementarían para cumplir con ese piso de servicio. El Gobierno porteño advirtió que el incumplimiento podría derivar en sanciones administrativas. La exigencia alcanzó a las organizaciones sindicales y a las empresas vinculadas con la operación de la red.
La interrupción abarcó las líneas A, B, C, D, E y H, además del Premetro. El sitio oficial de la Ciudad informó que todas se encontraban fuera de servicio por una medida de fuerza gremial. Como consecuencia, quienes tenían previsto viajar debieron considerar alternativas de transporte, especialmente en los corredores que conectan Villa Urquiza, el centro porteño y los barrios del sur de la Ciudad. La falta de una previsión de regreso complicó la organización de los viajes durante la jornada y dejó a los usuarios sujetos a nuevas comunicaciones oficiales.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó las detenciones y afirmó que las órdenes judiciales debían cumplirse. También sostuvo que el subte es un servicio esencial y cuestionó la decisión sindical de paralizar la red. Desde la AGTSyP, en cambio, señalaron que la protesta inicial había sido una medida pacífica vinculada con una sanción laboral y que la respuesta policial agravó el conflicto. Las posiciones reflejan el cruce entre el reclamo gremial, el cumplimiento de las decisiones judiciales y el impacto de una paralización total sobre los pasajeros.
La disputa se produjo en un contexto de tensión entre los trabajadores y Emova. En los días previos, el sindicato había expresado preocupación por tareas de mantenimiento que, según su denuncia, estaban siendo realizadas por personal tercerizado, y reclamó que cesara esa modalidad. La organización advirtió entonces que el conflicto podía escalar si no obtenía respuestas. Ese antecedente forma parte del marco laboral inmediato, aunque el hecho que desencadenó el paro de este martes fue el operativo policial en la estación Juan Manuel de Rosas y las detenciones posteriores.
La normalización del servicio dependía de la evolución de la situación judicial y de las decisiones de la organización gremial, además de la intimación del Gobierno porteño para garantizar la cobertura mínima. Mientras continuaran las negociaciones y las actuaciones correspondientes, los usuarios debían consultar los canales oficiales de Subterráneos de Buenos Aires y Emova antes de viajar. El episodio volvió a poner en primer plano la tensión entre las medidas de fuerza, las obligaciones de prestación del transporte y el derecho de los pasajeros a contar con información clara sobre el funcionamiento de la red.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 20 · 20/10/2026
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