El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó para el 10 y el 11 de noviembre las audiencias del caso iniciado por la Argentina contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental. Las jornadas se realizarán en Hamburgo y forman parte del trámite del pedido argentino de medidas provisionales para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La fecha fue establecida por una orden del presidente del Tribunal, Maurice Kamga, emitida este martes 20 de octubre.
La convocatoria no constituye una sentencia sobre el fondo de la disputa ni una decisión sobre la soberanía de las islas. Se trata de una instancia oral en la que el Tribunal escuchará a las partes antes de resolver si corresponde dictar medidas cautelares mientras continúa el procedimiento arbitral. La orden fija las fechas de las audiencias y reserva para una decisión posterior los pasos siguientes del proceso. Por ahora, el organismo no anunció el horario detallado de cada jornada.
La Argentina presentó su solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal el 13 de octubre, en el marco de una controversia que había llevado al procedimiento de arbitraje previsto por el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ese arbitraje fue iniciado el 28 de septiembre. El pedido ante el Tribunal del Mar busca obtener una respuesta urgente mientras se constituye y avanza el tribunal arbitral que deberá tratar la disputa entre ambos países.
Entre las medidas solicitadas, la Argentina pidió que se ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto Sea Lion. También reclamó que Londres se abstenga de usar información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que no adopte nuevas decisiones que agraven la controversia y que permita a la Argentina cumplir con las obligaciones de protección del medio marino que invoca. Se trata de pretensiones argentinas: el Tribunal aún debe evaluar los argumentos de ambas partes.
El caso está vinculado con las actividades hidrocarburíferas proyectadas en Sea Lion, un desarrollo offshore asociado a las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La presentación argentina sostiene que la autorización de esas actividades se produjo de manera unilateral en una zona alcanzada por la disputa de soberanía y que podría afectar los derechos que el país reivindica sobre su plataforma continental. El Gobierno también incorporó argumentos ambientales y planteó la necesidad de evitar daños y de impedir que la situación se agrave antes de que haya una resolución definitiva.
La discusión ante el Tribunal se concentra en el derecho del mar y en la posibilidad de adoptar medidas provisionales para preservar los derechos invocados por las partes mientras se tramita el arbitraje. La solicitud no reemplaza el procedimiento principal ni define por sí misma quién tiene soberanía sobre las islas. La Argentina apoya su presentación en la Convención del Derecho del Mar y en la necesidad de preservar sus derechos; el Reino Unido mantiene una posición opuesta respecto de la jurisdicción y la legitimidad de las actividades hidrocarburíferas autorizadas en las islas.
Londres ya expresó que participará del proceso, aunque sostiene que la notificación del caso no invalida las licencias otorgadas por las autoridades de las islas ni obliga a detener las actividades comerciales que considera legales. Esa postura anticipa que las audiencias incluirán argumentos contrapuestos sobre el alcance de la Convención, la competencia del Tribunal para intervenir y la procedencia de las medidas solicitadas por la Argentina. La resolución que se adopte en esta etapa será provisional y no equivaldrá a una sentencia definitiva sobre el arbitraje.
Las audiencias serán abiertas al público y podrán seguirse mediante una transmisión en vivo en el sitio oficial del Tribunal. La organización informó que publicará allí el cronograma detallado y que los registros audiovisuales quedarán disponibles después de cada sesión. La prensa y las personas interesadas en asistir presencialmente deberán acreditarse con anticipación ante la oficina correspondiente.
La instancia de noviembre será el primer momento en el que los representantes de ambos países expondrán oralmente sus posiciones ante el Tribunal en este pedido cautelar. Después de escuchar a las partes, el organismo deberá resolver si adopta alguna de las medidas solicitadas, si dispone una alternativa o si rechaza el planteo. Hasta que se conozca esa decisión, el proceso continuará bajo el marco jurídico de la Convención del Derecho del Mar, sin que la fijación de las audiencias implique un resultado anticipado para la Argentina o el Reino Unido.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 20 · 20/10/2026
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