Paraguay atraviesa una profunda crisis institucional tras la renuncia del presidente Santiago Peña, anunciada este jueves 5 de noviembre de 2026, y el vicepresidente Pedro Alliana se prepara para asumir la conducción del Poder Ejecutivo. El cambio de mando se produce en medio de las consecuencias políticas y financieras de la intervención de Ueno Bank, una entidad que dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos y generó cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos. La salida anticipada de Peña abrió un nuevo escenario para el oficialismo paraguayo, que deberá reorganizar la conducción del Gobierno y garantizar la continuidad institucional hasta el final del período constitucional, previsto para agosto de 2028.
Uno de los acontecimientos centrales de la jornada fue la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar el pedido de juicio político contra Pedro Alliana. La votación terminó con 48 legisladores en contra de avanzar con la acusación y 30 a favor, sobre un total de 78 diputados presentes. De esta manera, el vicepresidente evitó quedar sometido al mismo procedimiento que avanzó contra Peña y conservó su posición dentro de la línea constitucional de sucesión. La definición parlamentaria despejó uno de los principales obstáculos políticos para su llegada a la Presidencia, aunque todavía restaban cumplirse los pasos formales correspondientes a la renuncia del mandatario.
La renuncia de Santiago Peña fue comunicada mediante un mensaje grabado difundido en sus redes sociales. El mandatario sostuvo que tomó la decisión pensando en la estabilidad del país, la paz social y la necesidad de preservar las instituciones democráticas. También expresó su preocupación por los ahorristas afectados por la crisis bancaria y pidió que se garantice la devolución de los recursos comprometidos. La presentación formal de su dimisión fue trasladada al Congreso por el ministro del Interior, Enrique Riera, quien llevó la documentación a la Cámara de Senadores para que pudiera ser tratada por las autoridades legislativas. La aceptación de esa renuncia constituye un paso necesario para concretar la sucesión presidencial.
Pedro Alliana tiene 52 años y nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, departamento de Ñeembucú. Su trayectoria política incluye la gobernación de ese departamento, una banca en la Cámara de Diputados y la presidencia de la Cámara Baja durante distintos períodos. También estuvo al frente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, desde 2015 hasta 2023. Su llegada a la Vicepresidencia se produjo el 15 de agosto de 2023, cuando asumió junto a Santiago Peña después de ganar las elecciones generales de ese año. Su relación con el sector Honor Colorado y con el expresidente Horacio Cartes constituye uno de los elementos centrales de su trayectoria dentro del oficialismo paraguayo.
Si se concreta la sucesión, Alliana deberá completar el mandato presidencial iniciado en agosto de 2023 y que finaliza el 15 de agosto de 2028. La Constitución paraguaya establece que, ante la renuncia definitiva, destitución, muerte o incapacidad declarada del presidente, el vicepresidente debe ocupar su lugar para garantizar la continuidad del Gobierno. Por ese motivo, no corresponde convocar a nuevas elecciones presidenciales para cubrir el resto del período. La transición se realizará mediante los mecanismos institucionales previstos y el juramento ante el Congreso, una vez que se resuelva formalmente la situación de Peña. El procedimiento también tendrá consecuencias sobre la composición del Poder Ejecutivo, debido a que la Vicepresidencia quedará vacante cuando Alliana asuma como mandatario.
La situación de Paraguay también presenta un interrogante sobre quién ocupará la Vicepresidencia durante el resto del período constitucional. El artículo 234 de la Constitución Nacional establece mecanismos específicos para cubrir una vacancia definitiva en ese cargo. Como el mandato actual se encuentra dentro de sus últimos dos años, la designación del reemplazante corresponderá al Congreso Nacional, reunido en sesión conjunta de ambas cámaras, mediante la mayoría prevista constitucionalmente. Esto significa que los legisladores deberán alcanzar un acuerdo político para elegir a la persona que completará el período hasta agosto de 2028. La definición será particularmente relevante para el funcionamiento del oficialismo y la distribución de responsabilidades dentro del Gobierno.
La crisis que precipitó la salida de Peña está vinculada con la intervención de Ueno Bank, entidad financiera que contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes en Paraguay. El Banco Central detectó que los indicadores de solvencia de la institución habían caído por debajo de los mínimos regulatorios exigidos y dispuso medidas para avanzar con su resolución. La situación generó preocupación por los depósitos de particulares, empresas y organismos estatales, entre ellos recursos vinculados al Instituto de Previsión Social. El volumen de fondos comprometidos y las dificultades de los usuarios para acceder a sus cuentas transformaron un problema financiero en una crisis de alcance nacional. Las autoridades deberán establecer mecanismos que permitan proteger los depósitos y esclarecer las responsabilidades relacionadas con el funcionamiento de la entidad.
El caso también tuvo consecuencias dentro de la estructura política y administrativa paraguaya. Además de la renuncia presidencial, la crisis provocó la salida del titular del Banco Central y abrió investigaciones judiciales sobre directivos y operaciones financieras de Ueno Bank. Las acusaciones políticas contra Peña incluyeron cuestionamientos por sus antiguos vínculos empresariales con el grupo relacionado con la entidad financiera y por la administración de recursos públicos. El exmandatario rechazó las acusaciones de irregularidades y sostuvo que las responsabilidades deben establecerse mediante los procedimientos correspondientes. Aunque su renuncia modifica el escenario institucional, las investigaciones financieras y judiciales continuarán por vías independientes de la transición presidencial.
La llegada de Alliana al Poder Ejecutivo también representa un cambio en el equilibrio interno del Partido Colorado, que deberá reorganizar su conducción política frente a un escenario de fuerte presión pública. El nuevo mandatario tendrá que afrontar las consecuencias económicas de la crisis bancaria, atender los reclamos de los depositantes, sostener el funcionamiento de los organismos estatales y recuperar la confianza en el sistema financiero. Al mismo tiempo, deberá administrar las tensiones dentro del oficialismo y mantener el respaldo legislativo necesario para garantizar la gobernabilidad. La forma en que se desarrollen las primeras decisiones de su eventual gestión será determinante para la relación entre el Gobierno, el Congreso y los distintos sectores económicos del país.
La transición presidencial abre así una nueva etapa para Paraguay, con un cambio de liderazgo que se produce antes de completar el período constitucional y bajo circunstancias extraordinarias. Mientras el Congreso avanza con el tratamiento de la renuncia de Santiago Peña y prepara los procedimientos necesarios para la asunción de Pedro Alliana, el país permanece atento a las decisiones que se adopten sobre los fondos afectados por la crisis de Ueno Bank. La prioridad institucional será garantizar la continuidad democrática y administrativa, mientras que el desafío económico estará centrado en proteger a los ahorristas, esclarecer las irregularidades denunciadas y establecer condiciones para recuperar la confianza en el sistema financiero paraguayo.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 35 · 05/11/2026
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