El Senado busca convocar a una sesión para el jueves 29 de octubre, con inicio previsto a las 11, y trabaja en un temario que reúne proyectos sobre salud mental, inversiones y regulación ambiental. El oficialismo y sectores de la oposición dialoguista avanzaron en un preacuerdo, pero al cierre de las negociaciones todavía quedaban dudas por resolver. La convocatoria y los asuntos a tratar debían quedar confirmados en la reunión de Labor Parlamentaria prevista para este miércoles, con la participación de los jefes de bloque y de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Uno de los ejes centrales sería la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental. El proyecto del Poder Ejecutivo ya obtuvo dictamen en comisión y propone cambios en los criterios de atención, en la conformación de los equipos profesionales y en el procedimiento para las internaciones involuntarias. La iniciativa prioriza la intervención de médicos —con preferencia por especialistas en psiquiatría— en decisiones clínicas delicadas, incorpora la ludopatía dentro del abordaje de las adicciones y plantea reglas diferenciadas para la atención de personas adultas y de niños y adolescentes.
La propuesta también modifica el modo en que se comunicarían las internaciones involuntarias a la Justicia. Según el texto que se negocia, la decisión no dependería de una autorización judicial previa, aunque se prevé informar al juez. El debate legislativo incluye, además, qué profesionales deben intervenir en la evaluación y en el seguimiento de cada caso. En las discusiones previas, representantes de provincias y sectores profesionales plantearon reparos sobre la distribución de responsabilidades y la participación de psicólogos y psiquiatras en los equipos interdisciplinarios.
El financiamiento de la reforma es otro punto que todavía genera diferencias. Algunos senadores aliados reclamaron que el proyecto precise cómo se garantizará la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las jurisdicciones. El oficialismo se comprometió a incorporar una redacción más explícita sobre la obligación de aportar fondos, con el objetivo de acercar posiciones y facilitar el tratamiento. La discusión es relevante porque la aplicación de los cambios requeriría coordinación entre el Estado nacional y las provincias, responsables de buena parte de los servicios de atención.
El segundo proyecto que podría llegar al recinto es el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por la Unión Cívica Radical. La iniciativa está dirigida a empresas que comprometan inversiones productivas desde los USD 12 millones y contempla beneficios fiscales, entre ellos mecanismos de amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y devolución de créditos fiscales de IVA. El esquema apunta a inversiones vinculadas con bienes nuevos y obras destinadas de manera directa a actividades productivas en el país; deja afuera, entre otros conceptos, las inversiones financieras y los bienes de cambio.
El régimen aún debe completar su trámite parlamentario y, si se incorpora al temario, será el Senado el que deberá debatirlo y votar si lo convierte en ley. La propuesta busca incentivar proyectos de producción mediante herramientas tributarias, aunque su alcance dependerá del texto final, de los requisitos de acceso y de la aprobación de ambas cámaras. La cifra de USD 12 millones identifica el umbral asociado a las inversiones relevantes que promueve la iniciativa, por lo que el debate también pondrá en discusión qué empresas y proyectos podrían encuadrar en el beneficio.
La agenda preliminar contempla, además, un proyecto para regular el mercado voluntario de carbono. La iniciativa se sumaría al paquete de asuntos que el oficialismo y sus aliados procuran ordenar para la sesión. Por el momento, no se confirmó el alcance definitivo de ese tratamiento ni si el texto será votado en el recinto. La inclusión en el temario deberá ser ratificada por los bloques en Labor Parlamentaria, junto con los otros proyectos que continúan sujetos a negociaciones.
En cambio, quedó fuera de la agenda prevista la aprobación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Argentina firmó ese acuerdo internacional y el Senado ya lo había aprobado en 1998, pero la Cámara de Diputados lo trató recién en agosto y modificó el texto, por lo que volvió a la Cámara alta para una segunda revisión. La decisión de no incorporarlo a esta sesión posterga nuevamente su definición, pese a que el expediente está en condiciones de continuar su trámite legislativo.
En paralelo, se buscaría avanzar en comisiones con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que regresó de Diputados en segunda revisión. El texto reincorporó disposiciones sobre límites a la compra de tierras rurales por extranjeros y el oficialismo pretende obtener dictamen antes de llevarlo al recinto. Ese tratamiento no equivale a una sanción definitiva: el Senado todavía debe analizar las modificaciones realizadas en la Cámara baja y definir si las acepta para cerrar el trámite o introduce nuevos cambios.
La sesión del jueves sigue siendo una posibilidad, no una convocatoria confirmada. La reunión de Labor Parlamentaria será clave para definir el temario, establecer el orden de los proyectos y comprobar si el oficialismo cuenta con los votos para avanzar. La reforma de Salud Mental concentra una parte importante de las negociaciones por las diferencias sobre financiamiento y criterios de intervención; el régimen de inversiones y la regulación del mercado de carbono completarían una agenda que podría ajustarse hasta el momento de la convocatoria formal.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 27 · 27/10/2026
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