El Gobierno del Reino Unido anunció que prepara medidas legales para proteger a empresas e individuos vinculados con actividades económicas en las Islas Malvinas frente a las acciones que pueda impulsar la Argentina. La iniciativa se instrumentaría mediante la legislación británica de Protección de Intereses Comerciales, conocida como PTI por sus siglas en inglés. Londres sostiene que las compañías que operan bajo licencias emitidas por las autoridades de las islas deben poder tomar decisiones comerciales de acuerdo con la ley británica, sin quedar obligadas a cumplir medidas argentinas que considere extraterritoriales. El anuncio se conoció el martes 13 de octubre, en una nueva escalada de la disputa por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
La comunicación oficial británica indica que el Gobierno tramitará legislación secundaria “lo antes posible” y que su objetivo es que entre en vigor antes de fin de año. Por eso, las protecciones anunciadas todavía deben ser formalizadas para comenzar a regir. Londres explicó que apuntarán a medidas argentinas que, a su entender, busquen extender su alcance sobre actividades vinculadas con las islas. También aclaró que el propósito declarado no es restringir el comercio de compañías británicas con la Argentina, sino protegerlas de eventuales exigencias relacionadas con las actividades económicas en Malvinas. La norma PTI permite al Reino Unido impedir que personas bajo su jurisdicción acaten determinadas medidas extranjeras de alcance extraterritorial.
El secretario de Estado de Empresa y Comercio británico, Jonathan Reynolds, afirmó que su Gobierno actuará si considera que la Argentina intenta obstaculizar una actividad comercial legítima. El funcionario señaló que Londres implementará medidas dentro del marco de la PTI y que continuará en contacto con las empresas afectadas. En el mismo comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, calificó de “inaceptables” los intentos argentinos de presionar a compañías e individuos que, según la posición británica, participan de actividades legítimas. Miliband reiteró además el respaldo de su país a los habitantes de las islas y a su derecho a decidir su futuro, una postura que forma parte del argumento político británico sobre el archipiélago.
El anuncio se produce en torno al proyecto Sea Lion, un desarrollo petrolero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. De acuerdo con la información publicada sobre el plan, el yacimiento está a unos 240 kilómetros al norte de las islas y en aguas de aproximadamente 500 metros de profundidad. La iniciativa está liderada por la israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration. Según las estimaciones de las compañías, el plan contempla desarrollar 23 pozos en el sector norte y utilizar dos buques de producción para procesar y transportar el crudo. Las empresas proyectan que la producción podría comenzar en 2028 y alcanzar una capacidad de hasta 180.000 barriles diarios; se trata de previsiones privadas, sujetas al avance del proyecto.
En paralelo, la Argentina presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). La Casa Rosada confirmó que el pedido busca impedir la explotación de hidrocarburos que atribuye al Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte y preservar los derechos soberanos argentinos mientras avanza el procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Según el detalle de la presentación publicado por Infobae, el país pidió que se frenen nuevas actividades extractivas, que se limite el uso de información técnica obtenida durante las exploraciones y que el Reino Unido se abstenga de otorgar nuevos permisos. El Tribunal todavía debe resolver el planteo: el pedido argentino no implica que las operaciones hayan sido suspendidas.
La presentación ante el TIDM se inscribe en una disputa de soberanía que continúa abierta. La Argentina sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales en la zona afecta sus derechos sobre la plataforma continental y recuerda que Naciones Unidas reconoció la existencia de una controversia entre ambos países e instó a buscar una solución pacífica. El Reino Unido rechaza la aplicación de la legislación argentina en las islas y defiende la capacidad de sus autoridades locales para habilitar el desarrollo de recursos naturales. Las dos posiciones se expresan ahora en frentes distintos: Buenos Aires acudió a una instancia internacional para solicitar medidas urgentes, mientras Londres prepara herramientas jurídicas para proteger a las empresas involucradas. La respuesta del Tribunal y la entrada en vigor de la normativa británica serán los próximos pasos a seguir.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 14 · 14/10/2026
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