El Juzgado de Garantías N° 6 de La Plata concedió la prisión domiciliaria a Albertina Mangini, exfuncionaria del Patronato de Liberados provincial e imputada en una causa por el presunto uso de datos biométricos e identidades ajenas para abrir cuentas y canalizar dinero. La decisión fue tomada por el juez Catriel Taubenschlag a partir de un pedido de la defensa basado en el estado de salud de la detenida. Sin embargo, la medida todavía no implica su salida de la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato. Para que se concrete, la resolución debe quedar firme y las autoridades tienen que confirmar que el domicilio propuesto en La Plata permite instalar el sistema de control electrónico.
El arresto domiciliario estará sujeto a monitoreo con tobillera electrónica y GPS, además de controles periódicos del Patronato de Liberados bonaerense. Mangini deberá permanecer en el departamento autorizado y no podrá comunicarse, de forma directa ni indirecta, con la denunciante, los testigos identificados ni los otros imputados. La restricción alcanza llamadas, mensajes, redes sociales y contactos por medio de terceros. El juez advirtió que el incumplimiento de esas condiciones podría llevar a revocar el beneficio y disponer una modalidad de detención más estricta.
La defensa había pedido una morigeración de la prisión preventiva y argumentó que Mangini no recibía la medicación que necesitaba mientras estaba detenida. También planteó antecedentes de ansiedad e ideación suicida. La fiscal Betina Lacki se opuso al cambio de modalidad: sostuvo que todavía existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, debido a la posible participación de personas que aún no fueron identificadas y a que quedaban pruebas digitales por analizar. La fiscalía también afirmó que Mangini tenía atención médica, psiquiátrica, farmacológica y nutricional en la alcaidía.
Al evaluar el pedido, Taubenschlag consideró que los riesgos señalados por la fiscal podían ser controlados con medidas menos restrictivas que la prisión preventiva en una unidad de detención. Entre los elementos que valoró mencionó que Mangini no tiene condenas previas, cuenta con arraigo en La Plata y dispone de acompañamiento familiar. También tuvo en cuenta que fue desafectada de su función y ya no tendría los accesos institucionales que poseía antes de ser detenida. El juzgado sostuvo, además, que la investigación lleva más de dos años y alcanzó un grado de avance que permite aplicar controles alternativos.
La resolución se apoyó también en informes médicos y psicológicos realizados durante el encierro. Esos documentos describieron una pérdida de peso significativa, disminución de masa muscular, angustia y ansiedad. La evaluación psicológica oficial señaló un cuadro depresivo y ansioso, junto con antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, y recomendó que retomara la medicación indicada de manera urgente y controlada. Mientras la prisión domiciliaria no pueda ejecutarse, el juez ordenó que la alcaidía garantice la atención psiquiátrica y la provisión de los medicamentos necesarios.
La causa se inició con la denuncia de una empleada de limpieza que trabajaba en el Patronato de Liberados. Según su relato, recibió 80.000 pesos a cambio de facilitar su documento y permitir que le tomaran imágenes del rostro, bajo la promesa de que le realizarían un escaneo de iris. Más adelante, cuando intentó iniciar una moratoria previsional, habría encontrado movimientos de dinero asociados a su identidad que aseguró no haber realizado. Esa presentación dio origen a la investigación sobre la presunta captación de personas en situación de vulnerabilidad económica para registrar cuentas bancarias y billeteras virtuales.
La pesquisa también alcanzó al financista Ignacio Leonel Marchioni y al empresario Mauro Perrotta, quienes fueron detenidos junto con Mangini. La acusación sostiene que las identidades obtenidas habrían sido utilizadas para manejar cuentas y canalizar fondos posiblemente vinculados con el juego clandestino y otras actividades bajo investigación. En el expediente se mencionan movimientos por al menos 27.000 millones de pesos, a partir de una pericia sobre operaciones atribuidas a Marchioni. Esa suma no debe presentarse como dinero que Mangini habría movido personalmente: el juez señaló que, al dictar la prisión preventiva, no encontró elementos suficientes para imputarle maniobras autónomas de lavado de activos.
A Mangini le habían dictado prisión preventiva el 16 de septiembre por asociación ilícita y defraudación mediante el uso indebido de datos. La concesión del arresto domiciliario modifica el lugar y las condiciones de detención, pero no resuelve la acusación ni constituye una declaración de culpabilidad. La investigación continúa y todavía deben analizarse elementos digitales y el eventual papel de otras personas. La medida, además, permanece supeditada a que quede firme y a que el sistema de monitoreo valide las condiciones técnicas del domicilio.
Hasta que se cumplan esos requisitos, Mangini seguirá alojada en la alcaidía, donde el juzgado dispuso que reciba la atención médica indicada. Si el arresto domiciliario comienza a regir, deberá cumplir las restricciones de permanencia, monitoreo y comunicación fijadas por el magistrado. La decisión busca mantenerla a disposición de la Justicia mientras avanza la causa y atender los argumentos de salud presentados por su defensa. El expediente deberá determinar qué participación tuvo cada imputado y si las sospechas planteadas por la acusación pueden acreditarse con las pruebas reunidas.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 14 · 14/10/2026
COMENTÁ LA NOTICIA
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.