La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una movilización para este miércoles 21 de octubre, a las 17, frente a la Quinta Presidencial de Olivos. La protesta fue convocada en rechazo al régimen de retiros voluntarios para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, que el Gobierno oficializó esta semana. El sindicato anticipó que la actividad se realizará bajo la consigna “No se aguanta más” y sumará reclamos por salarios, despidos, contratos no renovados y reducción de puestos estatales.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el programa y sostuvo que el Gobierno tomó deuda en dólares para pagar las desvinculaciones. En la nota difundida por el gremio, la organización afirmó que se aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta USD 300 millones y relacionó ese financiamiento con el plan de retiros. Aguiar calificó la decisión como “un disparate” y planteó que el endeudamiento debería destinarse, a su criterio, a obras y servicios públicos. Esas expresiones corresponden a la posición del sindicato.
El decreto 1177/2026 aprobó el modelo de un préstamo del BID por hasta USD 300 millones para el programa “Transformación del Estado Nacional I”, dentro de una línea de crédito condicional de hasta USD 800 millones. El texto oficial no identifica ese monto como un financiamiento exclusivo para pagar las gratificaciones del régimen de retiro voluntario. Por su parte, el decreto que creó el régimen establece que los gastos se cubrirán con los créditos presupuestarios vigentes de cada jurisdicción. La conexión entre el préstamo y los pagos del plan es, por lo tanto, una interpretación planteada por ATE y no una asignación específica que surja del decreto de retiros.
El régimen fue aprobado mediante el Decreto 1203/2026 y alcanza al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo, dentro de la Administración Pública Nacional centralizada. El decreto dispone que los cargos de quienes accedan al retiro sean eliminados una vez que se concrete el cese laboral. La medida no obliga a cada empleado a adherir: contempla una solicitud voluntaria, cuya aceptación queda sujeta a la evaluación de las autoridades de cada organismo. La administración puede considerar la continuidad y el funcionamiento de los servicios.
Las solicitudes podrán presentarse entre el 1 y el 30 de noviembre, con la posibilidad de una prórroga única de hasta 30 días corridos. El esquema contempla distintos tipos de compensación según la edad, la antigüedad y la situación previsional de cada trabajador. La edad que se tomará como referencia es la que cada persona tenga al 31 de octubre de 2026. La norma también establece que quienes accedan al beneficio no podrán volver a incorporarse ni prestar servicios en el Sector Público Nacional durante ocho años, con las excepciones previstas en el régimen.
El programa organiza a los posibles beneficiarios en tres grupos. Para quienes están próximos a la edad jubilatoria pero no reúnen los aportes necesarios, se prevén alternativas que incluyen una gratificación mensual equivalente al 60% de la remuneración durante un período limitado o un pago único, sujeto a topes. Para quienes están cerca de jubilarse y cuentan con los aportes requeridos, se establece una gratificación por antigüedad con límites definidos. El tercer grupo comprende a trabajadores de menor edad y contempla un pago por año trabajado, también con topes y adicionales según la antigüedad.
La presentación de una solicitud no garantiza su aprobación. Según los detalles publicados sobre el régimen, cada organismo podrá aceptar o rechazar la adhesión de acuerdo con las necesidades de funcionamiento y continuidad de sus tareas. También se fijan exclusiones para determinados sectores y situaciones administrativas, previsionales o judiciales. Antes de decidir, los empleados alcanzados deberán verificar su elegibilidad y el cálculo individual de la compensación con el área de Recursos Humanos de su jurisdicción.
ATE cuestiona que la iniciativa pueda profundizar la reducción de personal y afectar la experiencia acumulada en los organismos públicos. Aguiar la calificó como un “despido extorsivo”, una definición sindical que el Gobierno no comparte en los términos del régimen, presentado oficialmente como voluntario y asociado a una reorganización estatal. La protesta de Olivos buscará expresar esa oposición y sumar reclamos salariales y laborales que el gremio viene planteando.
En sus comunicados, ATE estimó que el universo alcanzado ronda los 21.187 trabajadores. Informes periodísticos, en cambio, recogieron estimaciones oficiales cercanas a 20.000 personas en condiciones de postularse. Las cifras describen universos potenciales y no la cantidad de adhesiones efectivas: el resultado dependerá de las solicitudes presentadas, de su evaluación por cada organismo y de las condiciones particulares de cada trabajador. La movilización convocada para este miércoles se realizará antes de que comience el período de inscripción.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 20 · 20/10/2026
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