La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas sumó este martes 10 de noviembre un nuevo capítulo en el escenario internacional, con un fuerte enfrentamiento diplomático y jurídico entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de los recursos petroleros del Atlántico Sur. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, comenzó las audiencias para analizar el pedido argentino de medidas provisionales destinadas a frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades británicas en el archipiélago. Durante la primera jornada, ambas delegaciones expusieron posiciones completamente opuestas sobre la legitimidad de esas actividades y el alcance de los derechos que cada país considera que le corresponden en la zona marítima disputada.
La representación argentina estuvo encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería y agente del país ante el tribunal. En su presentación, el diplomático sostuvo que la explotación unilateral de los recursos naturales en un área sometida a una controversia de soberanía constituye una violación de las obligaciones internacionales y de los principios establecidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Uno de los momentos centrales de su exposición se produjo cuando cuestionó el argumento británico sobre los derechos de los habitantes de las islas y afirmó: “Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”. Oyarzábal aclaró que la Argentina reconoce los intereses y los derechos humanos de los habitantes del archipiélago, pero sostuvo que esa circunstancia no les concede la facultad de decidir a qué Estado pertenece el territorio.

El representante argentino también explicó que el objetivo de la presentación ante el TIDM no consiste en obtener una decisión sobre la soberanía de las Islas Malvinas, sino en conseguir medidas urgentes que impidan la explotación de los recursos mientras continúa el procedimiento jurídico destinado a resolver la controversia de fondo. La estrategia del Gobierno se apoya, entre otros antecedentes, en las resoluciones 2065 de 1965 y 31/49 de 1976 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. La segunda exhortó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones en la situación mientras continúe el proceso recomendado por la organización internacional. Para Buenos Aires, las autorizaciones petroleras británicas contradicen ese marco y representan una nueva forma de avanzar sobre recursos que considera pertenecientes a la plataforma continental argentina.
El pedido presentado por el Gobierno argentino ante el tribunal incluye cuatro medidas concretas. En primer lugar, solicita que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos vinculadas al proyecto Sea Lion. También reclama que Londres se abstenga de otorgar nuevos permisos para la exploración y explotación de recursos naturales en el área marítima en disputa, que preserve la información obtenida durante las actividades exploratorias y que adopte las medidas necesarias para proteger el medio marino. La solicitud fue formalizada el 13 de octubre, mediante la aplicación del artículo 290 de la CONVEMAR, que contempla la posibilidad de dictar medidas provisionales cuando existe una situación de urgencia y todavía no se encuentra constituido el tribunal arbitral encargado de analizar el fondo de una controversia.

Otro de los principales argumentos argentinos estuvo relacionado con los riesgos ambientales que podría generar la actividad petrolera. Oyarzábal recordó un antecedente ocurrido en abril de 2015, cuando se registró una falla en un preventor de reventones durante una exploración petrolera en un pozo ubicado aproximadamente a 30 kilómetros al sur del yacimiento Sea Lion. Además, citó documentación de contingencia de una de las empresas involucradas que contemplaba una probabilidad del 30% de que el petróleo procedente de un eventual reventón en Sea Lion alcanzara aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días. El diplomático advirtió que, ante un accidente o derrame, la Argentina podría sufrir consecuencias ambientales directas. También cuestionó que los recursos económicos derivados de la explotación petrolera puedan terminar vinculados al financiamiento de los gastos de defensa británicos en las islas, una cuestión que incorporó a su exposición mediante antecedentes documentales.
La respuesta del Reino Unido estuvo encabezada por la fiscal general británica, Ellie Reeves, quien rechazó categóricamente la competencia del Tribunal del Mar para intervenir en el planteo argentino y defendió la legitimidad de las actividades petroleras autorizadas en las islas. La representante sostuvo que las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires tendrían “consecuencias devastadoras” para la población del archipiélago, porque impedirían desarrollar una actividad que, según la postura británica, forma parte de sus derechos de autodeterminación y explotación de los recursos naturales. Reeves también advirtió que una suspensión podría privar a las islas de miles de millones de libras en ingresos considerados esenciales para su desarrollo económico y sostuvo que el proyecto no podría sobrevivir a una interrupción de esas características. De esta manera, Londres buscó presentar la explotación como una actividad comercial legítima, amparada en la legislación que aplica sobre el territorio que administra.
Durante su exposición, la delegación británica también cuestionó los fundamentos ambientales y jurídicos de la presentación argentina. Reeves señaló que la Argentina autorizó y llevó adelante la perforación de más de 400 pozos en el mar argentino y sostuvo que Buenos Aires podría haber participado en las consultas vinculadas con la declaración de impacto ambiental del proyecto durante 2024. También rechazó la reivindicación argentina de soberanía sobre el archipiélago y volvió a invocar el referéndum realizado en 2013, en el que una amplia mayoría de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus británico de las islas. Sin embargo, para la posición argentina, esa consulta unilateral no modifica la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas ni reemplaza las negociaciones que deben mantener ambos gobiernos para encontrar una solución.

El proyecto Sea Lion se encuentra en el centro de esta disputa por tratarse de uno de los desarrollos petroleros más importantes previstos en la Cuenca Norte de las Malvinas. La iniciativa está liderada por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. El yacimiento se ubica aproximadamente a 107 millas náuticas al norte del archipiélago y contempla una estructura de producción offshore con diferentes etapas de perforación y extracción. Según los cronogramas presentados por las empresas, las primeras tareas de perforación están previstas para 2027, mientras que el comienzo de la producción comercial se proyecta para 2028. La Argentina considera que permitir el avance de estas operaciones mientras permanece abierta la controversia podría generar consecuencias irreversibles, debido a que los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción no puede revertirse mediante una compensación económica posterior.
La diferencia entre ambas delegaciones también quedó reflejada en la discusión sobre los plazos. Oyarzábal sostuvo que la extracción de petróleo y la utilización de información obtenida durante las exploraciones pueden producir efectos irreversibles sobre los derechos argentinos. Reeves, en cambio, argumentó que no existe una urgencia suficiente para justificar las medidas solicitadas, porque el tribunal arbitral que analizará la controversia podría constituirse antes del comienzo de las perforaciones. El abogado británico Sir Michael Wood agregó que las tareas no comenzarían antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción no se iniciaría antes de marzo de 2028. Desde la perspectiva de Londres, esos plazos permitirían que el procedimiento arbitral avance sin necesidad de suspender el proyecto. La Argentina respondió que una medida provisional permitiría preservar la situación mientras se desarrolla el proceso jurídico y evitar que la explotación avance sobre recursos cuya titularidad continúa en discusión.

La audiencia continuará este miércoles 11 de noviembre con nuevas exposiciones de las delegaciones ante los 21 integrantes del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La decisión sobre las medidas provisionales podría conocerse alrededor del viernes 13 de noviembre, aunque no se descarta que el organismo demore su resolución hasta la semana siguiente. El procedimiento tiene una particularidad importante: debido a que la Argentina y el Reino Unido eligieron distintos mecanismos para resolver controversias bajo la CONVEMAR, la discusión de fondo deberá tramitarse mediante un tribunal arbitral constituido conforme al Anexo VII de la Convención. Por ese motivo, el TIDM interviene en esta instancia para evaluar las medidas urgentes solicitadas, sin resolver directamente la cuestión de soberanía sobre el archipiélago. El resultado será determinante para el futuro inmediato del proyecto petrolero y representará un nuevo episodio de la histórica disputa diplomática entre ambos países por las Islas Malvinas y sus recursos naturales.




















































